Desde Medellín

A Juancho le abrieron la cabeza a los golpes. Cinco policías se le fueron encima al verlo protestar desarmado, apenas con su voz y sus libros al hombro, por la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en el campus de la Universidad de Antioquia. Las gotas de su sangre quedaron en los pasillos de la Universidad y en los enormes escudos de la Policía. Daniel Araque, otro estudiante, fue arrastrado por el piso ocho metros; Johana, insultada por los del Esmad y pateada en la cadera; Francisco, apaleado y cortado en una ceja. Centenares de ellos cuentan la misma historia.

El jueves pasado los estudiantes sufrieron una de las represiones más violentas de agentes armados que se recuerde en el estado en Medellín. Pero no fue la única. En Nariño, el mismo día y en circunstancias similares murió un estudiante de Sociología.

En la Universidad de Antioquia el gobierno nacional y la policía acusaron de terroristas a quienes protestaron. Enardecidos, los estudiantes rompieron vidrios, dañaron autos y quemaron sillas. Los daños, según autoridades universitarias, fueron por un valor de 35 mil dólares. Los muchachos se defienden. Comentan en imágenes publicadas en redes sociales como las de Juancho, que la fuerza pública es “lo más cínico de este mundo (...) Ahí en las fotos se ve claramente quién es quién”. Hoy se reabre el claustro universitario en Medellín y en todo el país comienza una semana decisiva para la seguridad en la universidades, que tiene de fondo la inconformidad por la reforma a la educación superior que propone el presidente Juan Manuel Santos.

Representantes de organizaciones estudiantiles le dijeron a Página/12 que lo más grave está por venir. Hace tres semanas al correo electrónico de su asamblea llegó un mensaje de supuestos paramilitares donde amenazan de muerte a los “terroristas” con “ideas tontas de cambiar el país”. Santiago Salinas, estudiante de Derecho, le contó a este diario que el ambiente universitario es bastante tenso no sólo para los líderes sino para el estudiantado en general. “Miedo, mucho miedo”, dice el agredido Daniel Araque en su Twitter cuando se dispone a regresar a casa la noche del jueves aporreado y “humillado”.

El día que llegaron las amenazas los de la brigada antidisturbios habían ingresado al campus para intentar dispersar una pequeña manifestación. Horas después, la Asamblea recibió la amenaza. “Es incómodo estar aquí”, “creemos que no hay garantías para dialogar sobre la reforma”, expresó Salinas días antes de los fuertes enfrentamientos el 31 de marzo. Ese día, Salinas y centenares de estudiantes debatían en el teatro una postura frente a la reforma nacional, y una más que la administración universitaria planea para que quienes se matriculen se gradúen más rápidamente.

“Quieren acabar con agentes de pensamiento crítico y actores políticos importantes de las universidades”, le dijo a este diario otro estudiante que pidió reservar su identidad. Para algunos, quienes permanecen más de seis años en las universidades públicas se dedican al trabajo político y militar de grupos ilegales como guerrillas. De ahí, y por los encapuchados que usan de manera ilegal explosivos en las universidades, las autoridades aseguran que las protestas son promovidas por rebeldes ilegales. “Notamos por las imágenes, por nuestra capacidad de inteligencia y de control, que había una estructura jerarquizada, de mando y control, que tiene todos los ingredientes para calificarla de terrorista”, aseguró al diario El Tiempo el general de la policía, Oscar Naranjo.

Sin embargo, otros sectores alertan sobre la presencia de paramilitares. “Las universidades no están exentas de presencia ilegal, eso está claro; sin embargo, es preocupante cómo el proyecto paramilitar las viene infiltrando desde hacía tiempo y al respecto nadie se pronuncia”, le dijo a Página/12 la abogada Adriana Arboleda de la Corporación Jurídica Libertad. En universidades como la UIS de Bucaramanga, recuerda Arboleda, se comprobó la infiltración y las escuchas ilegales realizadas por la agencia de inteligencia estatal DAS a profesores y estudiantes. El DAS es hoy una de las más cuestionadas instituciones del gobierno por perseguir ilegalmente a defensores de derechos humanos, periodistas y magistrados.

Algunos creen que en la revuelta del 31 de marzo había, además de ilegales, paras y guerrillas, infiltrados de agencias estatales. “Nos tomaban fotos; los mismo policías sin recato nos grabaron los rostros; un compañero detenido fue llevado a la Dijín (inteligencia de la policía) y fotografiado”, asegura un estudiante de la Universidad de Antioquia que participó, con piedras en mano, de la lucha. Unos tres mil estudiantes se defendían con piedras de los disparos de gases, balines y chorros de agua que el Escuadrón desató a las tres de la tarde, instantes después de que hombres encapuchados explotaron bombas molotov en la plazoleta del campus universitario.