El comandante en jefe del Ejército uruguayo, Jorge Rosales, admitió ayer que hay militares retirados nerviosos por la intención del Parlamento de anular la Ley de Caducidad. Según explicó el militar, los ex uniformados están furiosos porque entienden que les cambiaron las reglas del juego, ya que a partir de la anulación de esa norma se reactivarían por completo las causas contra quienes cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura uruguaya (1973-1985).

En una entrevista a la emisora Radio Carve, el general Rosales confirmó que los ex militares le hicieron llegar una serie de preocupaciones por los cambios que podría implicar el fin de la Ley de Caducidad. “Hay un nerviosismo muy grande”, explicó el jefe del Ejército. Aunque no dio más explicaciones, Rosales afirmó: “Yo tengo la plena convicción de que hoy en día la Ley de Caducidad es un tema estrictamente político, pero indudablemente las consecuencias o alguna consecuencia sobre lo que eventualmente pase, sin duda, va a afectar el factor militar”.

El jefe militar se refirió así a la posibilidad de que el Parlamento uruguayo vote, de una vez por todas, el proyecto interpretativo que dejaría sin efecto la Ley de Caducidad. El proyecto obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados, en octubre del año pasado. Desde entonces, estuvo trabado en el Senado porque había tres legisladores oficialistas que se negaban a acompañar la iniciativa del Frente Amplio (FA). Después de varias negociaciones, la coalición oficialista logró llegar a un acuerdo y se prevé que para la semana que viene se esté votando la propuesta en la Cámara alta. Después, tendrá que volver a Diputados, porque el proyecto que había aprobado esa Cámara sufrió modificaciones. Desde el FA esperan que la norma deje de estar vigente antes del 20 de mayo, cuando Uruguay realiza su mayor movilización por verdad y justicia.

Es lógico que los ex uniformados estén preocupados porque el gobierno está interesado en terminar con esa ley sancionada en 1986 porque su vigencia le valió, días atrás, una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del caso Gelman.

Por otra parte, Rosales se refirió al video difundido por el semanario Búsqueda, en el que se veía a tres encapuchados que prometían acciones armadas para liberar a sus compañeros de armas presos por haber cometido crímenes aberrantes durante la dictadura. “Es un tema repudiable y que me preocupa mucho”, dijo el militar. “Lo vivimos no sólo con sorpresa, sino con muchísimo dolor”, agregó.

En los últimos meses proliferaron en Uruguay las agrupaciones de ex personal castrense con una retórica golpista. Por ejemplo, el Foro Libertad y Concordia que pide que se termine con lo que denuncian como una “persecución”. Ayer, Mujica se reunió con varios representantes de centros de militares retirados, que volvieron a quejarse por la posible anulación de la Ley de Caducidad. Según Guillermo Cedrés, presidente del Centro Militar, Mujica se mostró inquieto por la aprobación del proyecto interpretativo. Por su parte, Carlos Magliocca, presidente del Club Naval, amenazó con presentar un recurso de inconstitucionalidad o recurrir a los organismos internacionales.