El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, y el del Interior, Eduardo Bonomi, tuvieron que someterse ayer a una interpelación en el Senado. Los legisladores de la oposición querían saber cuánto habían avanzado las investigaciones por el video que apareció en marzo y en el que unos encapuchados amenazaban con realizar acciones armadas para liberar a los represores que están en la cárcel. Sin dar demasiadas explicaciones, Rosadilla y Bonomi lograron sortear con éxito la interpelación gracias a la mayoría oficialista en la Cámara.

Pocos vieron el video. El único que reconoció haber visto imágenes en la computadora fue el presidente José Mujica. Pero desde que el semanario Búsqueda, habitual tribuna castrense, publicara la desgrabación de la cinta, se encendió la alarma dentro de la dirigencia oriental. Allí, tres encapuchados de un supuesto Ejército Nacional Libertador prometían actuar en favor de los que llaman “presos políticos”, o sea, la docena de militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura (1973-1985) y que están presos en el penal VIP de Domingo Arena. “Uno de los grandes aspectos que tiene este asunto, además de lo de fondo (si estuvo o está en peligro nuestra democracia), es si existe un comando operativo que pueda comenzar acciones militares que amenacen las instituciones”, alertó el senador colorado Tabaré Viera, que dirigió la interpelación junto con el legislador blanco Sergio Abreu.

Rosadilla y Bonomi no dieron mayores precisiones. Recordaron que la investigación policial la estaba llevando adelante la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, y la judicial estaba en manos del juez Jorge Díaz y la fiscal Mónica Ferrero. “No existe una organización terrorista de las características que se han planteado”, respondió Bonomi, quien dijo que los investigadores habían manejado tres hipótesis: que los encapuchados fueran militares o pertenecieran a grupos neonazis y hasta se llegó a pensar que podrían ser militantes de la izquierda radicalizada.

El FA apoyó con la totalidad de sus parlamentarios a los ministros. Aunque hubo discrepancias. El senador Jorge Saravia, que se opuso al proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, se encolumnó esta vez con su bancada, pero marcó diferencias. “Fuimos críticos desde el principio. Los ministros nunca se pusieron en contacto con sus legisladores. Les faltó humildad. De todas formas, no creo que actuaran de mala fe. Carecieron de capacidad de análisis acerca del funcionamiento de los servicios de inteligencia”, disparó Saravia. “Pero le dimos el voto en apoyo al presidente de la República”, confió el senador díscolo a Página/12.

Eduardo Lorier, senador del Partido Comunista Uruguayo en el FA, festejó la resolución de ayer en el Senado. “Vemos esta interpelación como una tormenta en el verano. La oposición utilizó el video para ponerlo como elemento central de su preocupación. Se quiere instalar un clima de nerviosismo, justo cuando Uruguay tiene que discutir los grandes temas que le preocupan a la gente: la distribución de la riqueza y la justicia”, comentó a este diario. “La ley de impunidad es una espina que el fascismo dejó clavada en el país”, completó Lorier. El FA decidió ayer aplazar hasta el 20 de mayo la votación en Diputados para dejar sin efecto la norma que desde 1986 impide que sean juzgados los represores. La decisión tiene un carácter simbólico: ese día Uruguay marcha en silencio para pedir justicia y verdad.

Informe: Luciana Bertoia.