Estuvo preso en 1974 cuando tenía 18 años y era dirigente de la juventud comunista. Hoy tiene 54 y forma parte del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de Uruguay. La mayoría de los desaparecidos de su país militaban en el PC. “Cuando quise acordarme, los compañeros estaban presos”, afirma en entrevista con Página/12 Daniel Coira Cabrera, secretario de Relaciones Internacionales de esa formación política. El Partido Comunista es una de las agrupaciones que integran la coalición Frente Amplio que más ha defendido el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, una norma que impide que se juzgue a los militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985).

Cuando parecía que el oficialismo iba a darle sanción al proyecto que termina con la amnistía, las declaraciones del presidente José Mujica abrieron grietas en el Frente Amplio. El mandatario dijo no estar de acuerdo con “pasarles por encima a dos referéndum”, en alusión a los plebiscitos de 1989 y 2009 que fueron favorables a la continuidad de la norma. Coira Cabrera estuvo por estas horas en Buenos Aires mientras en Montevideo se llevaba a cabo un plenario en el que la coalición gobernante ratificó dejar sin efecto la Caducidad en la votación del jueves en la Cámara baja.

–¿Por qué se complicó la aprobación de la ley interpretativa?

–La discusión sobre la construcción de la memoria es un tema que ha sido complejo para todos los pueblos del mundo. Entendemos que puede ser curioso que un compañero presidente (Mujica), en un gobierno de izquierda tenga que exponer de esa manera sus ideas y que el vicepresidente (Astori) lo acompañe para rediscutir el tema de la Caducidad. Pero este debate no es nuevo. Desde 1989 que discutimos qué hacer, si derogar, si anular, si interpretar, como se discute ahora. Desde nuestra perspectiva entendemos que el problema de la memoria, la verdad y la justicia no es un sólo un tema jurídico. El problema de fondo es político. Nadie en la izquierda en Uruguay está de acuerdo con la impunidad. Acá se discute la forma más eficaz para terminar con ella. Nadie está dispuesto a hacer concesiones en materia de impunidad.

–Mujica estuvo 13 años preso en condiciones infrahumanas. ¿Cómo se explica su posición contraria a que se deje sin efecto la Ley de Caducidad? ¿Pudo deberse a un pacto con los militares?

–De ninguna manera. El asunto es otro. Mujica tiene su estilo personal. Le dijimos al Pepe que si quería reabrir el debate había otros mecanismos. Estamos tranquilos de haber seguido todas las etapas, hay resoluciones que nos respaldan. Para nosotros el Plenario de ayer (del sábado) era innecesario. La enorme mayoría de las bases señalan que el camino correcto era seguir con la votación en Diputados. Mujica recibió advertencias de sectores de la derecha de que iban a recurrir a la Justicia para plantear que la ley interpretativa era inconstitucional. El presidente tenía miedo de que la ley fuera fácilmente atacada por la derecha. Nosotros volvimos a estudiar el tema y vimos que no habían ningún problema jurídico.

–¿Podría tener algo que ver con el Pacto del Club Naval en el que participaron los partidos políticos y los militares?

–El llamado Pacto del Club Naval se realizó en 1984 antes del final de la dictadura, en tiempos en que existían unos 5000 presos políticos en Uruguay. Y en ese sentido se pactaron las formas institucionales para instalar un Parlamento y un gobierno democrático dentro de las limitaciones del caso. Todos los partidos tuvieron conversaciones con las Fuerzas Armadas. La izquierda dialogó con los distintos sectores.

–¿Ustedes dan fe de que los tupamaros hicieran concesiones?

–Esas son versiones de fascistas. Pensamos que los tenientes de Artigas están sumergidos en los sueños fascistas del pasado y no logran generar opinión en las fuerzas armadas. Si los compañeros del MLN-Tupamaros dialogaron, no quiere decir que hayan hecho concesiones. Los compañeros creen que es necesaria una amplia alianza con todos los sectores sociales y han sabido desarrollar un diálogo con los grupos conservadores. Es lógico que puedan pensar que si avanzamos en alguna cuestión se puedan ver perjudicados esos contactos.

–Hay quienes piensan que los derechos humanos no se plebiscitan...

–Los derechos humanos son una cuestión de principios y no debieran ponerse en discusión. Pero nosotros tenemos generaciones enteras que se educaron en la dictadura, donde la verticalidad del mando forma parte de su lógica. Estamos en un mundo nuevo, en construcción. Tenemos que elevar la conciencia política.

–¿Hubo presiones desde los sectores militares sobre el gobierno?

–Los militares no tienen cómo presionar, porque hay un desgajamiento claro. Los sectores fascistas del pasado ya no tienen peso en las Fuerzas Armadas. Han inventado algún procedimiento de inteligencia como hacer circular ciertos videos o ciertas cartas; pero el grueso de las fuerzas armas está comprometido con el proceso democrático. Eso no quiere decir que sean de izquierda. Yo trabajo con ellos en el Ministerio de Defensa y la mayoría de los militares quieren estar junto al pueblo.

–¿Qué va a pasar en la votación?

–Creemos que va a haber un acatamiento de los parlamentarios. La izquierda no supo hacer que la sociedad se diera cuenta de la importancia de la anulación de la ley. Por eso, sería un paso en un camino más largo, ahora hay que ir a explicar con profundidad por qué un país no tiene futuro sin memoria. De allí se piensa que podríamos convocar a un nuevo plebiscito. Aunque a nosotros no nos parezca necesario.

–El Frente Amplio tiene 50 diputados, los partidos tradicionales 49 (de un total de 99). Con que un diputado del FA vote en contra, que hasta ahora parece ser el caso de Víctor Semproni, no les dan los números...

–Apostamos a los compañeros. Si alguno comete el error, será un error de todos. El costo va a ser alto.

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