Desde Montevideo

Ciudadanos uruguayos sostienen fotos de desaparecidos para exigir verdad y justicia.
Imagen: EFE.

Uruguay amaneció conmocionado por la magnitud de la marcha que el viernes pidió verdad y justicia. En el Frente Amplio (FA) captaron el mensaje de las cien mil personas que recorrieron las calles de Montevideo y desde mañana empezarán a trabajar para buscar alternativas para terminar con la Ley de Caducidad, como en 2008 se lo propuso la coalición centroizquierdista. El lunes también será un día de definiciones para el presidente José “Pepe” Mujica. El mandatario tendrá que volver desde Colonia, donde festejó su cumpleaños, para decidir si revoca los decretos de presidentes anteriores que cerraban la puerta a la Justicia para que investigara 88 casos de secuestros, torturas y desapariciones ocurridos durante la dictadura (1973-1985).

Uno de los hombres que guiará estos debates será el ingeniero Jorge Brovetto, presidente del FA. El dirigente de la coalición gobernante evitó hacer declaraciones que puedan acelerar más la crisis que se vive en el FA después de que el diputado oficialista Víctor Semproni votara en contra del proyecto con el que su propia bancada pretendía poner fin a los efectos de la norma que desde 1986 impide que los represores paguen sus deudas con la Justicia oriental. Mientras algunos integrantes de la fuerza política le pasan factura a Mujica por no acompañar tampoco la propuesta, Brovetto dijo a Página/12 que el FA cumplirá con su promesa de eliminar la Ley de Caducidad.

–¿Cómo evalúa el resultado de la votación del jueves?

–Era previsible, porque la mayoría que tiene el FA en la Cámara de Diputados es por un voto. Al perderse ese voto de mayoría, se produjo lo que se sabe.

–¿Pero no hay temor a que se repitan actos de indisciplina partidaria como el de Semproni o el del senador Jorge Saravia (que votó el 12 de abril último en contra del proyecto en la Cámara alta) que lleven a una crisis dentro del FA?

–En la historia del FA se han dado estas situaciones. De manera que esto es parte de la vida política y el FA ha sabido llevar adelante estos casos, corregir el hecho en sí hasta tomar la decisión drástica. Por lo tanto, miedo o temor no tenemos. Lo normal es que no suceda lo que sucedió el jueves, porque durante sus 40 años de vida el FA estuvo y está basado en el diálogo y en el entendimiento.

–Usted habla de tomar medidas drásticas, ¿eso es lo que va a pasar con Semproni?

–Hasta no tener el resultado del Tribunal de Conducta Política, no corresponde hacer ninguna previsión. Es como cuando en cualquier otra instancia pública se pasa a un sumario.

–¿Qué evaluación tiene de cómo manejó la cuestión del proyecto interpretativo el presidente Mujica y el canciller Luis Almagro?

–No sería prudente que la haga yo en este momento. La fuerza política va a expedirse en el correr de la semana que comienza. Yo estoy trabajando justamente en ese análisis.

–El lunes tendría que empezar a funcionar la comisión que el plenario del sábado 14 creó. ¿Qué se va a discutir ahora, dado que no se ha decidido la eliminación de la Ley de Caducidad?

–Yo creo que la comisión va a tener que analizar qué otros caminos hay para lograr el objetivo de anular la Ley de Caducidad.

–¿Puede ser que se discuta avanzar con la derogación, una propuesta que el mismo Semproni impulsa?

–La derogación tiene que ir unida a otras decisiones que resuelvan el tema no de hoy hacia delante, sino los que han quedado pendientes, derivados de la propia aplicación de la Ley de Caducidad, que son varias decenas de casos.

–¿O sea que van a discutir sobre las determinaciones que debería tomar Mujica en esta materia porque es él quien puede revocar decretos de sus antecesores que impedían la investigación judicial?

–Sí, el tema es resolver todo lo que ha dejado la ley en sí. Además, hay otro problema que es el de la vigencia y de los plazos. Hay un plazo que hace caducar los casos factibles de ser juzgados en octubre de este año y eso debería ser prorrogado.

–La oposición dice que el tema de la Ley de Caducidad es un debate cerrado, ¿usted lo comparte?

–No, de ninguna manera. No-sotros no lo vamos a dejar cerrar hasta que no podamos –por los mecanismos formales, legales, constitucionales, éticos y políticos– eliminar del sistema jurídico uruguayo una ley que es una mancha ética y política.

–En las últimas horas, el presidente del Centro Militar salió a plantear una posible colaboración de los militares para avanzar en materia de verdad. ¿Cree que esa propuesta es potable?

–Los militares tienen la obligación ética de decir lo que saben respecto de la situación de tantos uruguayos y uruguayas desaparecidos. El mecanismo que usen debe ser el que ellos crean más conveniente para que se obtenga la información de manera creíble y, por otro lado, que ella no determine que no se cumpla en el Uruguay con lo que nos hemos planteado a través de la ley interpretativa, es decir, que no se deje de penar a quien corresponda.