Desde Lima

Omar Chehade, el vice de Ollanta Humala, causó revuelo entre los fujimoristas cuando anunció que el ex dictador Alberto Fujimori sería trasladado, en el futuro gobierno, a una cárcel común para que cumpla su condena a 25 años por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Fujimori cumple su pena en un cuartel policial, donde es el único preso y goza de privilegios impensables para cualquier otro detenido. Tiene una amplia habitación, sala de reuniones en la que recibe a los dirigentes de su partido, área de deportes, un taller para manualidades y un jardín para cultivar flores.

Chehade, quien como procurador estuvo encargado de gestionar la extradición de Fujimori desde Chile, señaló que no debe haber privilegios para el ex dictador. “Es una persona que está condenada por graves delitos y respetándole sus derechos humanos y su salud debe ser trasladado a un penal común. Evidentemente, lo más probable es que el ex presidente mude de centro de reclusión. Se van a respetar sus derechos humanos, pero también el principio de igualdad”, anunció. El vice de Humala puso como ejemplo el caso del ex dictador Rafael Videla. “En Argentina, Videla, que es varios años mayor que Fujimori, está condenado a cadena perpetua y cumple su condena en un penal común y nadie en Argentina dice nada por eso.”

El anuncio gatilló la airada reacción de los fujimoristas. Rafael Rey, candidato a vicepresidente con Keiko y defensor de la impunidad para los violadores de los derechos humanos, acusó a Chehade de actuar “por venganza”, lo que éste rechazó. Rey defendió la permanencia de Fujimori en la cárcel VIP que le ha dado el gobierno de Alan García, que en estos años ha tenido una alianza con el fujimorismo, argumentando que por ser un ex presidente le corresponde ese derecho. “Un ex presidente no se puede mezclar con presos comunes y terroristas”, reaccionó Rey, que calificó el anuncio de Chehade como “una bajeza”. En tono amenazante dijo que si se concretaba el traslado de Fujimori a una cárcel común, se “ofendería a millones de peruanos” y sería “un muy mal comienzo” para el gobierno de Humala. Alejandro Aguinaga, el ministro de Salud de Fujimori, acusado por la esterilización forzada de más de 300 mil mujeres indígenas, se declaró sorprendido por la pretensión de terminar con los privilegios de Fujimori y anunció que esa decisión afectaría la concertación que ha anunciado Humala.