Desde Lima

Una protesta contra las operaciones mineras y petroleras en la sureña región altiplánica de Puno, en la frontera con Bolivia, dejó ayer cuatro muertos y más de treinta heridos. Las muertes se produjeron cuando más de un centenar de pobladores intentó tomar el aeropuerto Inca Manco Cápac, de la ciudad de Juliaca, y se produjo un duro enfrentamiento con la policía, que los reprimió con gases lacrimógenos y balazos. Las cuatro muertes fueron causadas por las balas disparadas por la policía. Los más de treinta heridos también recibieron impactos de bala. Las principales vías de la zona han sido bloqueadas por los huelguistas.

Con estas cuatro muertes se eleva a ocho el número de fallecidos en la última semana como consecuencia de una serie de protestas sociales en varias zonas del país. A inicios de la semana, cuatro personas murieron en la región andina de Huancavelica, al sudoeste de Lima, durante las protestas de estudiantes universitarios por el recorte del presupuesto de la universidad estatal de esa región. Como en Puno, las muertes se produjeron a causa de los disparos de la policía. Luego de las cuatro muertes, el gobierno retrocedió y anuló el recorte presupuestal para la universidad de Huancavelica.

El descontento social contra el gobierno de Alan García, que vive sus últimos días, se extendió esta semana a otra región andina, Huancayo, en el centro del país, donde una protesta universitaria también fue violentamente reprimida por la policía, aunque en este caso no hubo muertos.

Las protestas en Puno, que ayer dejaron cuatro muertos, se iniciaron hace 47 días, cuando más de 25 mil campesinos aymaras se levantaron contra las empresas mineras y petroleras que operan en sus territorios contaminando el agua y las tierras de las que viven. El detonante del levantamiento campesino fue el rechazo a la pretensión de la minera Santa Ana, de capitales canadienses, de explotar plata en esa zona, lo que afectaría gravemente la actividad agrícola.

Con el pasar de los días se sumaron otros sectores de la población de Puno a la protesta campesina, que se ha extendido a toda esa región, que es la más pobre del país, con un índice de pobreza que bordea el 80 por ciento. La huelga fue levantada por unos días para las elecciones del 5 de junio, en las que resultó electo Ollanta Humala como próximo presidente, y se reanudó días después del proceso electoral. Al rechazo a la actividad minera y petrolera se ha agregado la exigencia para que se anule un proyecto para construir una hidroeléctrica que obligaría al desplazamiento de varios poblados. La hidroeléctrica forma parte de un convenio energético firmado por el presidente García con Brasil y el 80 por ciento de la energía iría a ese país, lo que ha exaltado más los ánimos contra el proyecto.

El gobierno ha aceptado anular el proyecto minero Santa Ana, pero no anular todas las concesiones mineras y petroleras en Puno como exigen los huelguistas. “Exigimos el retiro de la minería y la explotación petrolera de nuestros territorio. Eso no es negociable”, ha dicho el dirigente aymara Walter Aduviri. Horas después estalló la violencia que dejó cuatro muertos.

La sucesión de protestas sociales, respondidas con una dura represión policial, se da cuando falta un mes para que Alan García deje el gobierno y asuma la presidencia, el 28 de julio, el progresista Ollanta Humala. Esta es una pesada herencia que recibirá Humala del actual presidente. Según la Defensoría del Pueblo, en el país hay 227 conflictos sociales abiertos, 55 por ciento de los cuales han derivado en violencia. Poco más de la mitad de estos conflictos se origina en el rechazo de las comunidades campesinas e indígenas a la explotación minera y petrolera en sus territorios, que contaminan sus tierras y les dejan muy pocos beneficios económicos de las millonarias utilidades que obtienen.

Las comunidades demandan que se cumpla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige que las comunidades indígenas sean consultadas antes de que se autorice la operación de algún proyecto extractivo en sus tierras, algo a lo que el gobierno de García se ha negado. En los cinco años del régimen de Alan García las protestas sociales han dejado más de 90 muertos.

El presidente electo Ollanta Humala ha señalado que cumplirá el Convenio 169 de la OIT para que los pueblos indígenas sean consultados antes de que se dé luz verde a la explotación de recursos naturales en sus territorios y ha anunciado que buscará solucionar los conflictos sociales a través del diálogo. Las protestas de Puno, donde obtuvo más del 77 por ciento de los votos, serán el primer gran reto de Humala.