José Mujica eligió una fecha simbólica para dar un paso en materia de derechos humanos: el 27 de junio de hace 38 años comenzó el capítulo más oprobioso en la historia de Uruguay. Ayer, 27 de junio, el mandatario anunció que firmará un decreto que habilitará la investigación de 88 casos de violaciones a los derechos humanos. Es una medida concreta entre otras que le reclaman agrupaciones como Hijos, que ayer le entregó un petitorio al presidente. Esta decisión llega un mes después de que la coalición gobernante Frente Amplio fracasara en el intento de anular la Ley de Caducidad, una norma que permite la impunidad de militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad.

El decreto anulará los actos administrativos dictados por otros gobiernos, que impedían investigar 88 casos de violaciones a los derechos humanos bajo el amparo de la Ley de Caducidad. La norma, aprobada en 1986 y ratificada en dos referéndum, en 1989 y 2009, concede al Ejecutivo de turno la potestad de decidir si un caso se archiva o no. Mujica y su antecesor inmediato, Tabaré Vázquez, reabrieron varios procesos.

Ayer al mediodía, representantes de Hijos le hicieron llegar al presidente un petitorio. Valentín Enseñat, de esa agrupación, sostuvo en diálogo con Página/12 que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman es “el argumento perfecto” para que el Estado uruguayo derogue esos actos administrativos. “Lo planteamos como un paso jurídico, una medida que el presidente puede aplicar, pero no es una solución. A partir de la condena de la CIDH en el caso Gelman, el Ejecutivo había manifestado su voluntad de revocar los actos administrativos. La sentencia es ilustrativa, es un argumento perfecto para que el Estado no delegue su responsabilidad”, dijo Enseñat, cuyo padre, el activista Miguel Angel Ríos Casa, está desaparecido desde 1977.

El 24 de marzo pasado, el tribunal que depende de la Organización de Estados Americanos estableció que Uruguay debe investigar y juzgar a los responsables del crimen de María Claudia García Iruretagoyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman. En aquel dictamen, la CIDH responsabilizó a Uruguay de la supresión de identidad de la hija de María Claudia, Macarena Gelman, e instó al Estado a “tomar las medidas necesarias” para que la Ley de Caducidad “deje de representar un obstáculo para la investigación” de las causas.

La decisión del Ejecutivo se sustenta en la condena del organismo internacional. Así lo explicó el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia. “Hemos estado trabajando en un análisis exhaustivo de la sentencia de la Corte Interamericana a los efectos de ir cumpliendo con lo que ésta dispone y en ese sentido estamos previendo tomar algunas decisiones que van en el sentido con respecto a incrementar las competencias de la Comisión de Seguimiento”, señaló Breccia. El funcionario también destacó que se trabaja en el resarcimiento económico a la familia Gelman, tal como determina la sentencia.

La revocatoria de los actos administrativos en 88 causas permitirá la continuidad de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Pero será el Poder Judicial el que determine cómo seguirán las acciones para cada caso o si corresponde o no desarchivar los expedientes, explicó Breccia. El funcionario precisó que el decreto será emitido recién el jueves o el viernes “debido a que pueden existir situaciones particulares en las que los denunciantes prefieran no excluir sus casos”.

El pedido de Hijos no se limita a lo administrativo. Enseñat afirmó que reclaman el acceso a los archivos de los servicios secretos del Ministerio de Defensa. “Suponemos que hay una información valiosa sobre la verdad.” El joven subrayó que de ningún modo se eliminan los efectos de la Caducidad con el decreto. “Esta medida actúa sobre 88 causas que no son todas las que deberían ser. Hablamos de 200 casos de desaparecidos, sin entrar a especificar la tortura, la prisión prolongada, los homicidios. La mayoría de los familiares nunca presentaron una denuncia penal porque la Caducidad ha actuado como desestímulo.”

Enseñat señaló sus próximos pasos: “Tenemos pensado presentar a la Corte Suprema un petitorio para que declare que la norma es inconstitucional en forma general”. El máximo tribunal falló de inconstitucional la ley en octubre de 2009 para el caso de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. Una semana después, una mayoría de uruguayos votaba por la continuidad de la amnistía. Una mayoría votaba por un nuevo gobierno del Frente Amplio.

La alianza gobernante intentó en mayo pasado anular los efectos de la Caducidad mediante una “ley interpretativa” que pudo ser aprobada en el Senado, pero fracasó en Diputados. Generó una crisis en la coalición oficialista que aún persiste.

[email protected]