Lunes, 18 de julio de 2011 | Hoy
EL MUNDO › TENíA 83 AñOS Y CUMPLíA PRISIóN DOMICILIARIA POR CRíMENES DE LESA HUMANIDAD EN URUGUAY
Artífice del golpe del ’73, Juan María Bordaberry pudo ser condenado en vida por los delitos que cometió. El presidente Tabaré Vázquez excluyó su caso de la amnistía que rige en Uruguay. Fue despedido sin honores de Estado.
Juan María Bordaberry falleció de un paro cardiorrespiratorio a los 83 años. El ex dictador murió en Montevideo, donde cumplía prisión domiciliaria. En marzo de 2010 había sido condenado a 30 años de prisión por haber atentado contra la Constitución. En su fallo, la jueza Mariana Motta lo encontró culpable de nueve asesinatos con desaparición forzada de persona y dos crímenes políticos. Mientras unas 300 personas pasaban por el montevideano cementerio de Parque Martinelli para despedirlo, un grupo de militantes de organizaciones de derechos humanos cantaban consignas en su contra, en el ingreso al cementerio, donde pidieron juicio y castigo por los crímenes de la dictadura. Sin la presencia de políticos de fuste, y sin ningún tipo de honores, al ex dictador lo acompañó su hijo, Pedro Bordaberry, senador y líder del Partido Colorado.
Nacido en el seno de una familia acomodada y estanciera, el fallecido dictador de ascendencia francesa –que llegó a ser senador y presidente de Uruguay por el mismo voto popular que iba a desestimar tiempo después– fue punta de lanza del golpe de Estado que condenó al exilio a miles de uruguayos entre 1973 y 1985. Educado en colegios católicos, supo volcarse, durante su juventud, hacia las actividades agropecuarias. Su ingreso a la política llegó de la mano del Partido Nacional y fue elegido senador entre 1963 y 1965. Cuatro años más tarde se integraría al Partido Colorado. También se desempeñó como ministro de Ganadería. Desde este partido se lanzó a las elecciones que lo ubicaron al frente del Ejecutivo uruguayo. En marzo de 1972 asumió como presidente. Uruguay atravesaba una profunda crisis económica y política.
Bordaberry negoció con los militares y encabezó el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. En una de sus primeras medidas, decidió disolver el Congreso, que fue sustituido por un Consejo de Estado designado por el Poder Ejecutivo. Todas las libertades civiles fueron prohibidas. En 1975 propuso a los militares que se eliminaran los partidos políticos, que, por aquel entonces, eran considerados ilegales. Con todo, esa propuesta fue rechazada por la Junta de Oficiales de las Fuerzas Armadas.
Las muertes del ex senador Zelmar Michellini y el ex presidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz, secuestrados en Buenos Aires y asesinados junto a los tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, simbolizaron su gestión. El 12 de junio, Bordaberry fue sustituido por Alberto Demicheli, presidente del Consejo de Estado. El 1º de septiembre de 1976 asumió Aparicio Méndez como presidente, y se mantuvo en el cargo hasta 1981. Lo sustituyó el teniente general Gregorio “Goyo” Alvarez hasta 1985.
Bordaberry quedó en la mira de la Justicia cuando se realizaron ciertas excepciones de la Ley de Caducidad. En 2007, el presidente del Frente Amplio Tabaré Vázquez excluyó algunos casos de los alcances de dicha ley sancionada en 1986, que impedía juzgar a los responsables de violaciones de derechos humanos. Eso habilitó el procesamiento de Bordaberry.
Tiempo antes, en noviembre de 2002, unas 2 mil personas habían presentado una denuncia contra Bordaberry ante la Suprema Corte de Justicia, por la comisión de múltiples delitos en la ejecución del golpe de Estado del ’73, “comprendiendo la violación de los derechos humanos y todas las garantías constitucionales, tanto en el Uruguay como en los países del Cono Sur”. En agosto del año siguiente, los supremos resolvieron que Bordaberry debía someterse a juicio. Dieciséis meses después, la jueza Fanny Canessa determinó que esos delitos se trataban de cosa juzgada y ordenó archivar el expediente.
El 1º de febrero de 2005, Ana Tellechea, fiscal del caso, apeló la resolución de Canessa. Finalmente, el 13 de marzo de 2006, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal revocó el fallo de Canessa y ordenó continuar con la indagatoria de Bordaberry.
El 20 de diciembre de ese año, por expreso pedido de la fiscal Tellechea, la jueza Graciela Gatti procesó a Bordaberry por coautoría en diez homicidios. Aunque su abogado defensor apeló el fallo, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal confirmó su procesamiento el 10 de diciembre de 2007. Por diversos problemas de salud, la Justicia aceptó que el ex dictador cumpliera la pena en su domicilio.
En marzo de 2010 fue condenado a 30 años de prisión por la desaparición forzada de nueve personas durante la dictadura, dos asesinatos políticos y por haber atentado contra la Constitución.
“Cuando fallece alguien involucrado con delitos cometidos durante la dictadura, me pregunto sobre cuánta verdad secuestrada se fue con esta persona, ése es el primer sentimiento que me surge y casi el único”, confiesa Valentín Enseñat. El miembro de la Agrupación Hijos de Uruguay aseguró a Página/12 que el fallecimiento de Bordaberry se encuentra lejos del sentido de justicia que se persigue desde esa organización. Enseñat destacó, asimismo, que es fundamental que la sociedad uruguaya sepa quién era Bordaberry. “Cuando fallece un dictador como Bordaberry lo que uno se pregunta es cuántas respuestas se fueron con él”, insistió. Enseñat nació en Buenos Aires, en junio de 1977. Su padre fue Miguel Angel Ríos, un estudiante de derecho que militaba en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y que fue secuestrado en diciembre de ese año en Argentina. Aún continúa desaparecido.
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