Desde Londres

El escándalo que sacude al grupo Murdoch, segundo imperio mediático a nivel mundial, tuvo otro giro sorpresivo y brutal con la muerte del periodista del News of the World que denunció las escuchas telefónicas, Sean Hoare, y el virtual descabezamiento de la Scotland Yard, luego de la renuncia del número dos de la Policía Metropolitana, John Yates, por su decisión de no reabrir la investigación sobre el caso, el año pasado. El domingo por la noche, su jefe, sir Paul Stephenson, había dimitido con un ataque al primer ministro David Cameron, cada vez más cuestionado por su cercanía al grupo Murdoch. La comparecencia hoy ante el comité de interior de la Cámara de los Comunes de Rupert Murdoch y de su hijo James subirá unos grados más la temperatura de un escándalo que tiene en vilo al Reino Unido.

Dicho escándalo estalló hace 15 días, cuando The Guardian reveló que el News of the World interfirió el celular de una niña desaparecida en 2002 y se convirtió en un tsunami que amenaza al grupo Murdoch, a políticos, periodistas y policías y replantea la relación de los medios con la sociedad. Ayer, el líder del laborismo, Ed Miliband, que le ha sacado varias cabezas de ventaja al resto con su denuncia del grupo, exigió el desmantelamiento de la News Corporation, subsidiaria británica de Murdoch, que domina el 40 por ciento de la prensa escrita, con casi 15 millones de lectores. “Desde siempre la concentración de poder ha llevado al abuso de poder y al olvido de las responsabilidades. No es saludable para nuestra democracia”, señaló Miliband.

Esta declaración pública de un político era impensable antes de la oleada de revelaciones sobre interferencias telefónicas de familiares de caídos en Irak y Afganistán, víctimas de atentados terroristas y abusos de pedófilos. Pero el vértigo de los acontecimientos se ha convertido en una espiral incontenible y ha puesto en jaque la posición de Rupert Murdoch en News Corp, la compañía madre con sede en Estados Unidos. La muerte del periodista Sean Hoare del News of the World –el primero en revelar que Andy Coulson, ex editor del diario y hasta enero de este año jefe de prensa de David Cameron, estaba al tanto de las interferencias telefónicas– añadió un factor siniestro (ver aparte). La policía declaró que por el momento no trata al hecho como “sospechoso”, pero la desaparición o muerte de un testigo clave suele ser casi un tópico inevitable de cualquier novela policial y arroja más sombras sobre un escándalo que tiene todos los ingredientes de un thriller.

La renuncia el domingo de sir Paul Stephenson, y ayer de su número dos, John Yates, no sólo descabezó a la famosa Scotland Yard, sino que dejó al descubierto las tensiones entre la policía y el poder político. Sir Paul Stephenson presentó su dimisión ante la presión del primer ministro, David Cameron; la ministra del Interior, Theresa May, y el alcalde de Londres, Boris Johnson, todos conservadores, quienes lo criticaron públicamente por haber contratado como asesor de relaciones públicas a Neil Wallis, ex subeditor del News of the World, en momentos en que la policía todavía estaba investigando las escuchas telefónicas. En su dimisión, Stephenson comparó su contratación de Wallis –que nunca estuvo bajo investigación por el caso– con la de Andy Coulson por parte de David Cameron, quien había renunciado a su puesto, salpicado por la primera onda expansiva del escándalo en 2007. La portavoz de temas del interior del laborismo, Yvette Cooper, aprovechó la oportunidad para hundir más la daga. “La gente se va a preguntar por qué existen diferentes tipos de reglas para el primer ministro y la Policía Metropolitana”, señaló Cooper. Cameron, que cortó de cuatro días a dos su gira por Sudáfrica a raíz del escándalo, procuró desmarcarse de las críticas y señaló que eran casos distintos, pero no resultó convincente.

En clave de thriller será también la comparecencia hoy de Rupert Murdoch y de su hijo y presunto heredero dinástico, James Murdoch. El escándalo de las escuchas comenzó en septiembre de 2002, hace casi una década, con la denuncia del matutino The Guardian de que News of the World y otros periódicos adquirían información confidencial de una red de policías corruptos, encabezados por un detective privado, Jonathan Ress. Desde entonces las revelaciones sobre interferencias telefónicas y otras oscuras artes investigativas se han multiplicado y, sin embargo, la política oficial de News Corp y su subsidiaria británica, News International, fue negar todo desaguisado, para lo cual contó con la colaboración de la policía y el poder político. La pregunta obvia para Murdoch padre e hijo es cómo pudieron ignorar tanto durante tanto tiempo. En otras palabras, los diputados querrán averiguar si hubo complicidad pasiva, negligencia, incompetencia o un intento activo de estimular todo tipo de prácticas a cualquier costo con el único objetivo de aumentar las ventas.

Será un día agitado en la Cámara. Rebekah Brooks –editora de News of the World entre 2000 y 2003 y directora ejecutiva de News International hasta su renuncia el viernes– comparecerá ante el mismo comité. Su arresto y libertad bajo fianza el domingo puede beneficiarla y complicar la vida de los parlamentarios, porque le facilita una excusa para callarse con el argumento de que no puede interferir con la investigación policial en curso. Brooks tendrá que explicar si sabía que más de la mitad de sus reporteros estaban pagándole a un investigador privado para que les consiguiera historias con actos penados por la ley. Como si fuera poco, también comparecerá en la Cámara el hoy ex jefe de la Scotland Yard, sir Paul Stephenson, que deberá explicar por qué en 2009 la fuerza decidió que no había suficientes datos como para reabrir la investigación de las escuchas telefónicas de News of the World.