Desde Santiago

La certeza con que hablaba la senadora socialista Isabel Allende acerca de las causas de la muerte de su padre, el ex presidente de Chile, Salvador Allende, casi no daban espacio a la duda. Casi, porque, más allá de lo que pensara la familia y los más cercanos –basándose en declaraciones de quienes estuvieron en La Moneda el 11 de septiembre de 1973–, siempre hubo sectores que negaron la tesis del suicidio, atribuyéndoles la responsabilidad a terceros, incluso a un colaborador que le habría dado un tiro de gracia, luego de que el propio presidente fallara en un primer intento por acabar con su vida.

Eso hasta ayer. Luego de dos meses de pericias, los equipos multidisciplinarios conformados por expertos del Servicio Médico Legal (SML) y de científicos extranjeros que trabajan en el caso confirmaron que Salvador Allende se suicidó en el interior del palacio de gobierno chileno. Las dudas al fin se disiparon y permiten saber la “verdad jurídica” tal como lo esperaba la familia Allende, que accedió a reabrir viejas heridas para terminar para siempre con las especulaciones.

En ese sentido, la hija de Allende criticó a la Televisión Nacional de Chile (TVN) por emitir hace unos meses un programa que cuestionaba la versión oficial sobre la muerte del mandatario y exigió que ahora se publique la versión completa de los hechos.

Lo cierto es que el ex presidente se quitó la vida de un disparo en el mentón, tal como lo señaló el médico español Fernando Etcheverría, quien encabezó los exámenes tanatológicos tras la exhumación de los restos de Allende realizada en mayo pasado.

“Estamos en condiciones de poder asegurar que se trata de una muerte violenta de explicación médico-legal suicida y para ello no tenemos absolutamente ninguna duda. No encontramos ninguna evidencia de esa versión (asesinato) y por lo tanto no la compartimos. Había sólo una herida”, sostuvo el profesional.

Isabel Allende, junto al facultativo, entregó al ministro que lleva adelante el caso, Mario Carroza, un informe oficial con todos los peritajes que se le realizaron a los restos del mandatario socialista.

Como se señaló, este informe de más de 500 páginas fue elaborado por un equipo multidisciplinario internacional que estuvo encabezado por el doctor Patricio Bustos, director del SML, y que tuvo a la Cruz Roja Internacional como testigo de las pericias.

Bustos precisó que la investigación estableció la identidad de Allende mediante peritajes odontológicos y genéricos y que la causa de la muerte fue por herida de proyectil. Si bien el cráneo de Allende tiene una sola herida, bien pudieron ser dos balas, debido a que el arma que usó (el famoso fusil AK-47 que le regaló Fidel Castro) estaba en modo de disparo automático, lo que puede originar hasta 10 proyectiles por segundo.

Desde su muerte, el cuerpo de Allende fue sometido a varias diligencias, pero ninguna tan acuciosa como esta. En septiembre de 1973 se le efectuó una necropsia y luego sus restos fueron trasladados a Viña del Mar, donde fue enterrado casi en el anonimato total. En 1990, cuando regresó la democracia, el cadáver fue exhumado y trasladado de nuevo a Santiago, al mausoleo que la familia tiene en el Cementerio General. En esa ocasión se le realizó una segunda autopsia.

La verdad histórica llega justo cuando otro caso busca identificar los nombres de los pilotos que bombardearon La Moneda y que la Fuerza Aérea de Chile (FACH) no ha revelado.

El juez Mario Carroza ha intentado llegar a los autores por medios oficiales; sin embargo, tanto la FACH como el gobierno aseguran que esa información no existe.

El abogado querellante Roberto Avila ha dicho a la prensa que los pilotos serían Mario López Tobar, Fernando Rojas Vender, Enrique Montealegre Julliá, Gustavo Leigh Yates y Eitel von Müllenbrock, todos ellos oficiales de la FACH.

De hecho, Leigh Yates era hijo del general Gustavo Leigh, miembro de la Junta Militar que encabezó Augusto Pinochet una vez derrocado Allende.

Rojas Vender, en tanto, llegó años después a la jefatura máxima de la aviación militar.

El caso volvió a tomar color luego de que un reportaje de la revista chilena Qué Pasa revelara que el general retirado Fernando Matthei, que sucedió a Leigh en la jefatura de FACH, insinuó que en la institución hubo una especie de “pacto de silencio” para mantener los nombres en secreto.

En ese escenario, el ministro de Defensa, Andrés Allamand, ha asegurado que los antecedentes que solicita el tribunal sobre el bombardeo de La Moneda no están disponibles en la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

“Como todo el mundo entiende, estos son hechos que ocurrieron exactamente hace 38 años y la Fuerza Aérea ha sido particularmente clara en colaborar con la investigación y hacer ver al tribunal que los antecedentes que solicita no están disponibles en la Fuerza Aérea”, sostuvo el secretario de Estado, hace unas semanas, a Radio Cooperativa.

“Y más aún, ha puesto a disposición sus instalaciones, la documentación”, sentenció el ministro.