Desde Madrid

El Congreso español rechazó ayer una propuesta del Bloque Nacionalista Gallego que pretendía modificar la ley de amnistía de 1977 para posibilitar la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista. La iniciativa se presentó un día después de la conmemoración del 75 aniversario del comienzo de la guerra civil, un conflicto que se saldó con más de un millón de muertos y cuyas heridas aún siguen abiertas. El presidente del Congreso, el socialista José Bono, se negó ayer a condenar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 dado por el general Francisco Franco con el que comenzó la contienda.

El diputado Francisco Jorquera, del Bloque, una formación de izquierda independentista de Galicia, defendió la presentación del proyecto alegando que no se trataba de reabrir heridas “sino de cerrarlas”, algo que “no se puede hacer desde el olvido y la impunidad”, sino reparando la memoria de las víctimas y “corrigiendo esos hechos vergonzosos”. La ley de amnistía fue votada en su momento por la casi totalidad del arco parlamentario en plena transición y fue defendida ayer tanto por socialistas como por conservadores, ya que la consideran un pilar fundamental de la democracia. Otro de los grupos que se opuso a la propuesta del nacionalismo gallego fue Convergencia I Unió. El partido de los conservadores catalanes cree que ya se ha hecho bastante por la memoria de las víctimas durante el último período y no cree justificable la modificación de la ley.

Para Jorquera, sin embargo, es vital que se cambie una ley que contradice los acuerdos internacionales firmados por España que establecen que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes. El diputado ha recordado que España ha sido varias veces amonestada por esta ley y señaló que es una hipocresía mantenerla en vigor mientras la propia Justicia local impulsa procesos para condenar a responsables de este tipo de crímenes en otros lugares del mundo, tal y como ha sucedido con represores chilenos, guatemaltecos y argentinos. El legislador nacionalista señaló también como un escándalo que en vez de hacer justicia con el pasado se persiga a quien ha intentado esclarecerlo, en alusión al juez Baltasar Garzón, procesado por haber intentado juzgar los crímenes franquistas.

Pero los partidos políticos mayoritarios en España no están de acuerdo y ayer rechazaron en bloque la enmienda, que fue en cambio apoyada por Izquierda Unida y Ezquerra Republicana de Cataluña. Tocar uno de los pilares de la transición en un momento político tan enrarecido como el actual, con el país sacudido por las protestas de los indignados ante los estragos de la crisis, es como abrir la caja de Pandora, creen socialistas y conservadores. La discusión en torno de la guerra civil, un conflicto que se extendió desde 1936 hasta 1939, y la posterior dictadura brutal que la siguió, y que se prolongó hasta la muerte del general Franco en 1975, es un tema arduo en España. José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que afrontar serias críticas de la derecha cuando puso en pie la tibia Ley de la Memoria Histórica, que permitió reabrir fosas comunes de víctimas del franquismo y esclarecer el paradero final de miles de represaliados y a pesar de que la medida no contentó a las asociaciones de familiares de las víctimas, aún levanta escozor en filas del Partido Popular o en boca de comentaristas de la ultraderecha, como el periodista Federico Jiménez de Losantos.

Para completar aun más la imagen de un país en dificultades a la hora de afrontar su pasado, ayer el presidente del Congreso, el socialista José Bono, se negó a condenar el golpe de Estado protagonizado por el general Francisco Franco con el que comenzó la guerra. Bono, que de socialista apenas si tiene el nombre, ya que es un hombre de “agua bendita”, como lo catalogó ayer en su Twitter el ex coordinador de Izquierda Unida, el diputado Gaspar Llamazares, se escudó en un discurso del ex presidente de la República Manuel Azaña para elaborar un discurso conciliador y desideologizado, que fue aplaudido por la bancada del PSOE y soportado a regañadientes por el PP, para quien la figura de Azaña es poco menos que un demonio rojo. Las asociaciones de víctimas del franquismo no tardaron en condenar la tibieza del dirigente socialista. “Bono es el clásico heredero ideológico del fraquismo que se ha situado en un partido autoproclamado como de izquierda”, expresó José María Pedreño, presidente de la asociación Foros por la Memoria. Por su parte, Ludivina García Arias, presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio español, consideró que el discurso del presidente del Congreso fue una “ocasión perdida” para condenar un régimen dictatorial “surgido con el apoyo del fascismo europeo”.