Desde Santiago de Chile

Estudiantes chilenos cargan contra un camión hidrante en una calle de Santiago, en la protesta del jueves pasado.
Imagen: EFE.

La educación en Chile no es gratis. Hay que pagar por ella. Eso siempre lo tuvo claro la familia de Rodrigo Alvarado cuando decidió que el chico se iría desde su natal Curicó a estudiar leyes a Santiago. Su rendimiento en la secundaria había sido destacado, pero su puntaje en la prueba de admisión a las universidades tradicionales no le alcanzó para ingresar, dado los pobres conocimientos que recibió en un colegio municipal. Su padre, hombre campesino que nunca fue muy amigo de los libros, insistió en que su primogénito sería el primero de la familia en tener un título y lo matriculó en una privada.

“Yo iba bien en la facultad, pero a mitad de la carrera el viejo perdió el laburo y no pudo pagar más. Postulé al Crédito con Aval del Estado y seguí. Ya egresé, pero le tendré que pagar al banco 300 dólares mensuales por casi 10 años.”

Ese es uno de los principales problemas del criticado sistema educacional chileno: el que tiene más dinero tendrá una mejor preparación que el de menos recursos y el que no, deberá endeudarse para estudiar.

La lucha estudiantil apunta a cambiar eso, para lo cual el Estado debe garantizar constitucionalmente la calidad de la enseñanza y que sea igual para todos en términos de conocimiento e igualdad de acceso.

“Que el chico pobre no corra con desventaja contra el que tiene plata”, dice Freddy Fuentes, uno de los voceros de los pingüinos que justamente hoy cumplen dos meses movilizados.

Las respuestas del gobierno a los estudiantes plasmadas en dos documentos que incluyen cuatro mil millones de dólares adicionales, mejora en el ingreso a becas y reducción de las tasas de intereses de los créditos estudiantiles administrados por la banca, entre otros puntos, no han sido suficientes para los dirigentes, que apuntan a cambios estructurales.

“Rechazamos profundamente las dos propuestas del ministerio. No estamos pidiendo unos pesos más ni unos pesos menos, sino una reforma mucho más sistémica y profunda”, ha dicho una y otra vez Camila Vallejo, la líder de la Confederación de Estudiantes de Chile, que aglutina a las universidades tradicionales. Su voz se escucha, tanto que cada marcha que ha convocado ha sido un éxito, incluida la no autorizada del jueves y que terminó con cientos de detenidos y muchos heridos a lo largo del país y un histórico “cacerolazo” en contra del gobierno de derecha chileno.

¿Pero por qué sucede esto en un país visto como el mejor alumno del vecindario? El cientista político Patricio Navia lo explica así: “La calidad de educación que reciben los niños depende de la cantidad de dinero que tienen sus padres. La etapa actual del movimiento se explica en dos variables: la poca popularidad del presidente Piñera, que ha hecho que la mayoría de los movimientos sociales que estaban latentes se vean materializados y salgan a las calles, y porque en 2010 se siguieron rechazando reformas al sistema educacional chileno acordadas durante la marcha de los pingüinos” durante el anterior gobierno de Michele Bachelet.

En 2006, un movimiento protagonizado sólo por los secundarios puso en jaque a la presidenta de la Concertación, tanto que cayó el ministro de Educación de la época y se prometieron reformas.

El mismo cuadro ha soportado Piñera amplificado por el boomerang en que se convirtió su arenga de campaña, en la que aseguraba que se haría la reforma en educación más grande en la historia de Chile. “Pues nada de eso pasó”, dice Alvarado, el egresado y cesante abogado.

La experta Daniela Trucco explica que una ley promulgada por Pinochet descentralizó y privatizó el sistema. Esto permitió que las instituciones privadas persiguieran fines de lucro. Bachelet intentó mejorar eso, pero las leyes aprobadas en su mandato no cambiaron mucho el panorama.

“La Concertación, en 20 años, no hizo nada para que esto se arregle. Ellos también son culpables”, señala el profesor Luis Avalos.

“Las críticas apuntan a terminar con el permiso para lucrar y que la educación la maneje directamente el Ministerio de Educación”, complementa el sociólogo de una ONG educativa, Rodrigo Cerda.

En ese sentido, la OCDE señala que Chile tiene los sextos aranceles más caros del mundo (hasta 350 dólares). En el país, el 15 por ciento de los recursos para educación los pone el Estado y cerca de un 85 por ciento las familias. Este monto equivale al 0,3 por ciento del PBI, uno de los más bajos del mundo.

Con este panorama planeando sobre los actores, la Intendencia Metropolitana autorizó una nueva marcha para hoy. La idea es evitar el choque del jueves entre estudiantes y carabineros y además servirá como barómetro para saber si el movimiento se ha desgastado, si la conversación de los rectores universitarios con el gobierno ayudó en algo o si empieza una nueva semana de movilizaciones.