Un documento elaborado por la Comisión de Verdad sobre Prisión Política y Tortura en Chile, que incluye 32 mil denuncias por violaciones a los derechos humanos, será entregado al presidente Sebastián Piñera el próximo miércoles. El informe Valech incluye testimonios de víctimas de la dictadura que no habían sido difundidos en la presentación de junio de 2005, enviada al entonces presidente Ricardo Lagos. Ese documento incluyó 29 mil casos, 87 de ellos relacionados con niños y niñas víctimas de la represión entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Esta investigación cierra el proceso iniciado con el informe Rettig de la Comisión de Verdad y Reconciliación, que había establecido un total de 2279 detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En diálogo con Página/12, Claudio Herrera, secretario general de la Comisión Valech, señaló que el objetivo de esta versión definitiva será entregar la reparación del Estado a aquellas personas que no fueron ingresadas en el período anterior y reconsiderar aquellos casos que no fueron tenidos en cuenta. El informe que el presidente Piñera recibirá de manos de la comisión determina cuáles de las exposiciones recibidas, entre febrero y agosto del año pasado, se ajustan a las categorías de víctimas de prisión política y tortura, por un lado, y detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. La comisión tuvo un año para investigar y analizar los antecedentes remitidos por los demandantes. Si bien durante el proceso de resolución se registraron 32 mil denuncias, Herrera señala que el total de casos considerados en esas dos categorías es menor. “Por ley estamos impedidos de adelantar antecedentes o información provisoria porque el receptor final del informe es el presidente de la República, que lo dará a conocer oportunamente a las víctimas”, señaló el secretario general.

Con la tarea de evaluación y clasificación finalizada, las conclusiones se conocerán el miércoles. Ese mismo día vence el mandato de la Comisión Valech. El 10 de diciembre de 2009, la ley 20.405 creó la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En su reglamento, esa normativa determina un plazo de seis meses para que la comisión reciba los testimonios de las víctimas del terrorismo de Estado. Una vez entregado el informe, esa misma normativa establece la disolución de la Comisión de Derechos Humanos.

Se estima que la inversión estatal destinada a los beneficiarios en salud, previsión y educación podría llegar a los 1500 millones de dólares, entre familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados, exonerados políticos y víctimas de tortura. Se estima que cada víctima recibirá 121 mil pesos por haber sido afectado por la acción de la dictadura militar. Para homenajear al obispo Sergio Valech –fallecido en noviembre de 2010 y que sólo alcanzó a encabezar un par de reuniones organizadas en su casa–, se decidió que el cargo de presidente de la comisión quedara vacante.