El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, dispuso por decreto la creación de una Comisión de Verdad, que se dedicará a la investigación, búsqueda e identificación de personas detenidas, desaparecidas y ejecutadas durante la dictadura (1954-1989). El gobierno considera “prioritario este compromiso con la ciudadanía como una de las medidas de reparación fundamentales frente a las violaciones de los derechos humanos” cometidas durante 35 años de stroesnismo. El Informe Final elaborado por la primera Comisión Verdad y Justicia determinó, en 2008, que el régimen de Alfredo Stroessner afectó de manera directa a un millón de paraguayos y de forma indirecta a toda la población, sometida al miedo y la autocensura.