España abrió paso a una reforma de un artículo de la Constitución pactada en tiempo record por el Partido Socialista (PSOE) de José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy para limitar el déficit público y enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados. La iniciativa recibió 318 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones. De ese modo, el Congreso de los Diputados inició el trámite de discusión de un texto que rechazan la izquierda y los nacionalistas en el Parlamento, los sindicatos y el movimiento de “indignados”. Se espera que la reforma sea respaldada por la Cámara baja el viernes y la próxima semana reciba la aprobación definitiva del Senado.

El PSOE y el PP rechazaron la convocatoria de un referéndum para consultar a los españoles sobre la medida. “La modificación constitucional es la mejor forma de despejar incertidumbres en la actual situación económica internacional”, defendió el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, desde la tribuna de oradores. “El objetivo es restituir la confianza en la economía española y garantizar el bienestar social”, agregó su homóloga del PP, Soraya Sáenz de Santamaría. La reforma express que Zapatero propuso el martes de la semana pasada y el viernes obtuvo el acuerdo de socialistas y conservadores incluirá en la Constitución española el cumplimiento de un déficit estructural máximo.

La cifra del 0,4 por ciento no será recogida por la Carta Magna sino que se establecerá en una ley orgánica que deberá ser aprobada antes del 30 de junio de 2012 para que se cumpla a partir de 2020. Los diputados del PSOE, PP y de Unión del Pueblo Navarro (UPN) votaron a favor de tramitar la reforma. El diputado socialista y ex sindicalista, Antonio Gutiérrez, rompió la disciplina del partido y rechazó el proyecto. La izquierda minoritaria está en contra de la modificación constitucional porque considera que incluirá en la Carta Magna un principio neoliberal que condiciona las políticas sociales de los próximos gobiernos. Por eso pide un plebiscito para que los españoles se pronuncien al respecto.

“El (poder) constituyente tras esta reforma son los mercados y la especulación”, dijo el diputado de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares.

Los partidos nacionalistas critican también que el PSOE y el PP hayan evitado negociar con el resto de los partidos. “Se trata de una ruptura del proceso constituyente”, se quejó el portavoz de Convergencia i Unió (CiU), Josep Antoni Durán Lleida. Bajo la vigilancia de un fuerte dispositivo policial, un centenar de personas convocadas por el movimiento de indignados se manifestó en las inmediaciones del Congreso de los Diputados para protestar con un cacerolazo contra el límite constitucional impuesto por el déficit público y exigió la celebración de un referéndum.