Los italianos marcharon por las calles romanas para protestar contra el paquete de ajuste que empuja Silvio Berlusconi. Tras la convocatoria de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), se realizó un paro de ocho horas que afectó el transporte público e incidió en aeropuertos y ferrocarriles. Los sindicatos de izquierda fustigaron al resto de las organizaciones gremiales, a las que acusaron de tibieza ante la política oficialista. Asimismo, el gobierno de Il Cavaliere introdujo sobre la hora una suba del IVA que trepará del 20 al 21 por ciento. Con ese incremento, el magnate de los medios busca sanear las cuentas públicas y así poder alcanzar el tan ansiado equilibrio presupuestario para el año próximo. A esta modificación, que llegó ayer al Senado para su tratamiento, se suma, además, la introducción de un gravamen del 3 por ciento sobre las rentas que superen los 300.000 euros anuales. Se incluirá, a su vez, una enmienda para retrasar a partir de 2014 la edad de jubilación de las mujeres, que trabajan en el sector privado, de 60 a 65 años. “El plan de austeridad del gobierno es injusto y totalmente irresponsable”, dijo Susanna Camusso, secretaria general de la CGIL, durante el tramo final de la manifestación, frente al Coliseo de Roma.

La CGIL, principal central sindical del país de tradición comunista, organizó una jornada de huelga y manifestaciones de protesta contra el plan de ajuste del gobierno de Silvio Berlusconi. “Quieren acallarnos, pero no nos resignaremos nunca y, aunque el plan de ajuste termine siendo aprobado, estaremos en la calle un día tras otro, junto con aquellos que tienen el coraje de decir que no”, exhortó Camusso a sus militantes. El foco de las protestas que se llevaron a cabo en las principales ciudades italianas estuvo apuntado a la medida que permitirá derogar el Estatuto de los Trabajadores, autorizando de ese modo los despidos fuera de las condiciones fijadas por la ley, siempre y cuando exista un acuerdo con el gremio.

“No se está modificando una norma, se intenta destruir por completo el Estatuto de los Trabajadores, porque, si toda norma es derogable, entonces quiere decir que no existen más reglas”, advirtió la secretaria de la CGIL. Sin sutilezas, Camusso acusó al ministro del Trabajo, Maurizio Sacconi, de volverse el peor ministro de la historia de la República. Tampoco faltaron los reproches hacia Raffaele Bonanni, secretario de la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CISL), con orígenes vinculados con la democracia cristiana. “Parece que el secretario general de la CISL está al borde de una crisis de nervios”, dijo la dirigente sindical, y agregó que quien se mueve siempre de manera autónoma termina siendo el que siempre le da la razón al gobierno y nunca a los trabajadores.

Camusso dedicó un capítulo de su discurso para responderle a Bonanni, quien había señalado que la convocatoria a una huelga nacional, en medio de la crisis que atraviesa Italia, significaba un hecho “irresponsable”. “La huelga no es nunca un hecho irresponsable, sino un instrumento de defensa y de mejoría de las condiciones de los trabajadores.” Bonanni rechazó las acusaciones lanzadas por Camusso y volvió a repetir que la huelga es una señal negativa para los mercados. La CGIL destacó que la huelga fue un éxito, con picos de acatamiento del 60 por ciento en algunos sectores. Sacconi, por su parte, minimizó la asistencia y señaló que tuvo una participación bajísima. Su colega de la administración pública, Renato Brunetta, dijo que en su sector la adhesión promedio a la huelga fue del 3,6 por ciento.

Aunque muchas de las medidas criticadas por los sindicatos fueron eliminadas del texto sometido a votación en el Senado, esas restricciones no lograron calmar a una opinión pública que considera que el peso del ajuste se carga sobre las espaldas de los ciudadanos. La privatización de entidades estatales, por un valor de 45.000 millones de euros, forma el paquete de nuevas medidas contenidas en el proyecto elevado al Senado con el propósito de lograr un equilibrio económico en 2013.

Entre otras reformas, el gobierno de Berlusconi también propuso congelar salarios de los empleados públicos, recortar los fondos de las entidades estatales e imponer el pago de una tasa sobre los depósitos bancarios de hasta 1100 euros para las cuentas superiores a 500.000 euros. De ser aprobado por el Parlamento, el nuevo plan de ajuste se sumará a otro paquete de medidas, aceptado en julio, por un valor de 80.000 millones de euros.

Los partidos opositores critican a Berlusconi por la poca claridad de su gabinete respecto de la estrategia para recuperar las finanzas públicas, en medio del hundimiento de la confianza de las tasas crediticias. La cada vez más abultada deuda de la tercera economía de la Eurozona, que ronda el 120 por ciento del Producto Bruto Interno, mantuvo expectantes a los mercados ante un posible rescate externo, tal como sucedió con Grecia, Irlanda y Portugal.