Mano dura y pena de muerte son los latiguillos de los dos principales candidatos que mañana se disputarán la presidencia de Guatemala. Un militar retirado sospechado por diversos crímenes de lesa humanidad y un empresario populista de derecha protagonizarán las séptimas elecciones libres en el país desde el retorno de la democracia en 1986.

Otto Pérez Molina, promoción ’69 de la Escuela de las Américas, prometió en su cierre de campaña luchar con firmeza contra la inseguridad que deja un promedio de 18 homicidios por día en un país donde el cartel mexicano de Los Zetas se mueve a sus anchas a lo largo del territorio. Favorito indiscutido de todas las encuestas, el fundador del Partido Patriota vio en el último mes descender su caudal de 30 puntos de ventaja sobre sus competidores a 16, lo que lo obligaría a competir en un ballottage previsto para noviembre.

“Estamos cerrando esta campaña”, dijo el jueves entre pirotecnia y aplausos. “Tenemos la posibilidad de definirla en la primera vuelta, pero estamos preparados para una segunda vuelta y a ganar con mucha fuerza para el cambio que queremos”, reconoció en su discurso antes de los comicios.

A su izquierda aparece Manuel Baldizón, con su principal propuesta de reactivación de la pena de muerte, suspendida en Guatemala desde hace más de diez años. La prensa local define al fundador de Libertad Democrática Renovada (Lider) como populista de derecha, a diferencia de Pérez Molina, quien se autoproclama liberal. Su figura creció gracias a la impugnación de la Corte de Constitucionalidad a la oficialista Sandra Torres, por ser ex esposa del saliente Alvaro Colom. La Carta Magna guatemalteca no permite a familiares de presidentes en ejercicio presentar candidaturas. El panorama se completa en el tercer lugar con el neoliberal Eduardo Suger, y entre los que tienen nulas posibilidades aparece la única candidata de izquierda, Rigoberta Menchú, con 2 por ciento de intención.

El ex canciller durante la gestión de Alfonso Portillo en 2002, Edgar Girón, atribuye este escenario de derecha dominante a que, a diferencia del resto de Latinoamérica, en Guatemala la historia la escribieron los malos, tras 30 años de guerra sucia. “Los vencedores fueron los militares. Para la gente rural ellos liberaron a sus pueblos e impusieron su autoridad con abusos y tratos crueles. La tragedia todavía se interpreta como que la guerrilla tuvo la culpa. Quizás la próxima generación se libere de ese estigma. El otro hecho es que en las zonas urbanas no se vivió la guerra ni las matanzas y tampoco hay memoria. El 60 por ciento de los electores tiene menos de 30 años”, explica a Página/12 Girón. Eso quizás ayude a comprender cómo un militar retirado acusado por la Corte Interamericana de DD.HH. de la muerte de un combatiente en 1992 y de perpetrar masacres en una región indígena en 1983 lidere cómodamente las encuestas presidenciales.

Pérez Molina fue investigado por el escritor norteamericano Francisco Goldman como presunto instigador de la muerte del obispo Juan José Gerardi, quien elaboró el informe del Nunca Más de Guatemala. Girón ayudó a redactarlo. “Desde el fin de la guerra civil los niños en la escuela no hablan de paz, sino de inseguridad, asaltos en las calles, secuestros, extorsiones, lo que a diario oyen en sus casas y ven en las noticias. Lo he visto cuando voy a hablar del informe Gerardi, que coordiné”, dice.

El punto final para Guatemala tras 30 años de guerra sucia fueron los Acuerdos de Paz firmados con la insurgencia en diciembre de 1996. Dos años después, el obispo Gerardi publicó el Nunca Más, en donde se daba un pormenorizado informe de las víctimas y se responsabilizaba al ejército por las 200.000 muertes y desapariciones. Dos días después el obispo apareció muerto a golpes en el garaje de una parroquia. Los crímenes de lesa humanidad cometidos en Guatemala siguen impunes en su mayoría. “Desde la firma de los Acuerdos de Paz, el país sufrió una inflación de criminalidad que significa 15 homicidios al día, como un país en guerra. Como los acuerdos arrinconaron a los militares a sus cuarteles. la gente asocia la criminalidad a la incapacidad de los civiles de gestionar la seguridad pública”, explica el ex canciller.

Uno de los desafíos que enfrentan los candidatos a presidente, además de la tasa de criminalidad, es combatir al cartel de Los Zetas. “Son una franquicia mexicana y se estima que hay alrededor de 500 operando en Guatemala. Se trata de narcos emergentes peleando a sangre y fuego el control de rutas de frontera a frontera. Es el presidente Colom quien presume éxitos sobre Los Zetas después de operaciones poco trascendentes, aunque muy mediáticas. Lo cierto es que mientras más se habla de golpes a Los Zetas, éstos son más fuertes y controlan más rutas”, afirma Girón.

Informe: Juan Nicenboim.