Desde Santiago

Tras el cierre del liceo, una protesta estudiantil en Providencia fue reprimida y hubo varios detenidos.

El lado más oscuro de la derecha chilena paradójicamente floreció con la llegada de la primavera en el campo del conflicto por la educación entre el movimiento estudiantil y el gobierno de Sebastián Piñera. El desalojo violento de los alumnos en algunas de las escuelas en toma fue uno de los puntos denunciados en la masiva marcha del jueves convocada por los estudiantes, profesores y padres. Esto luego de que la policía chilena sacara por la fuerza a los alumnos del emblemático e histórico liceo público José Victorino Lastarria, una de las escuelas que llevan más de 90 días de toma, ubicada en la acomodada comuna de Providencia, una de las más pudientes de esta capital. Pues bien, ayer los alumnos del establecimiento que debían retornar a clases no toleraron que efectivos de Carabineros se instalaran dentro de las salas de clases y volvieron a tomar el recinto. La militarización de la enseñanza, que ni siquiera el dictador Augusto Pinochet se atrevió a realizar, fue repudiada transversalmente.

Un ambiente de tensión también se vivió en la otra escuela pública de la comuna: el liceo de mujeres Carmela Carvajal de Prat, donde esta semana se produjo otro violento desalojo.

El responsable de la medida represiva es el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, un ex coronel del ejército, ex vocero de Pinochet, acusado de aplicar torturas a detractores de la dictadura (sin comprobar) y que ahora dirige una zona donde la derecha tiene una alta aprobación que lo instaló como máxima autoridad. Labbé es el representante de la política del garrote y la zanahoria que históricamente ha practicado la derecha en Chile. Mientras Piñera, que desde la sede de la ONU en Nueva York clamaba que la lucha de los estudiantes “es una causa justa y hermosa”, Labbé autoriza la desocupación por la fuerza de las escuelas públicas en toma.

De hecho, ayer Piñera, tras visitar las universidades de Boston y Harvard, reafirmó el llamado del gobierno para que los estudiantes retomen las clases. En esta última casa de estudios, el mandatario realizó a mediados de 1970 un doctorado en Economía. Sin embargo, Piñera no tuvo un día fácil. Unos veinte estudiantes latinoamericanos protagonizaron una protesta en las afueras de la Universidad de Boston, en respaldo a la movilización estudiantil en Chile.

De vuelta en Chile, Labbé reiteró que los estudiantes que no se acojan al plan del gobierno Salvemos el Año Escolar, destinado a los jóvenes que no quieren perder el año académico y que no se han sumado a las movilizaciones, no serán aceptados en las escuelas de su comuna, en un acto a todas luces discriminatorio, pues a ese colegio llegan chicos de diversos lugares y estratos sociales. Estas declaraciones encendieron con fuego la pradera, pues es considerada como una estrategia sucia para dividir el movimiento.

“Providencia declara cerrados los colegios, no volveremos a intentar retomar los recintos. Tampoco serán desalojados nuevamente, no se luchará más por recuperar físicamente los colegios. Sólo seguirán en clases aquellos alumnos que se inscribieron en el plan Salvemos el Año Escolar. Los que no, perderán el año sin contemplación”, sostuvo el ex militar.

Consultado por la posibilidad de que esta decisión llegue a tribunales, respondió muy suelto de cuerpo, como en los mejores tiempos de la dictadura: “Lo que dice la Ley General de Educación es que tenemos que dar la educación de calidad y no existe otra comuna (Providencia) que dé mejor educación que aquí. Ellos eligieron el camino de violentar la ley”, espetó.

Si bien el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, dijo que la medida de Labbé es ilegal y abiertamente discriminatoria y el edil de Lo Prado, Gonzalo Navarrete, afirmaba que “los alcaldes no podemos cerrar años escolares”, en La Moneda optaron por esquivar el bulto. El ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, declaró que la decisión del alcalde Labbé es autónoma. “Es responsabilidad del alcalde de Providencia. Los alcaldes son sostenedores de sus escuelas, y al gobierno no le corresponde opinar o referirse a ello”, afirmó Chadwick.

La medida de Labbé y el silencio casi cómplice del gobierno se suman a la situación que afecta a dos estudiantes del liceo Darío Salas y una alumna del liceo Experimental Artístico, que fueron hospitalizadas la noche del jueves debido a una descompensación de salud, en el marco de la huelga de hambre que realizaban para solicitar cambios en la educación.

Pero todo esto no pasa inadvertido, pues varias organizaciones observadoras de los derechos humanos han sido duras en sus informes que dan cuenta de la excesiva violencia con que actúan las fuerzas policiales contra los manifestantes.

“Hemos sido testigos de golpizas a niños de 13 años, escuchado insultos como ‘córranse, putitas’ e incluso tenemos registrado cuando un superior le dice a un carabinero que ‘les levanten las faldas a las mujeres’ durante las protestas”, comentó Marta Cisternas, fonoaudióloga de profesión e integrante del Consejo Consultivo de la Casa Memoria José Domingo Cañas.

En tanto, los diputados por Providencia y Ñuñoa, Jorge Burgos y Marcela Sabat, anunciaron que iniciarán acciones para impedir que se concrete la decisión de Labbé de cerrar los colegios.

“En un acto de brutalidad, sobrepasó todos los límites. Escucharlo hablar es lo mismo que escuchar a un vocero de la Junta Militar, es inaceptable”, dijo Burgos.