El gobierno de Evo Morales se encuentra entre la espada y la pared. Acorralado por los reclamos del movimiento indígena y de la Central Obrera Boliviana, el mandatario boliviano renovó su pedido de disculpas por la violenta represión del domingo, cuando un grupo de indígenas se manifestaba contra la construcción de un camino que cruzará por el corazón de la mayor reserva de Bolivia. “Nuevamente quiero decirles a las familias víctimas (de la represión) que nos perdonen. Quiero que sepan: no ha habido ninguna instrucción ni jamás habíamos pensado que podría ocurrir de esa manera, duele bastante, como víctimas que hemos sido en muchas oportunidades de la represión por la fuerza pública”, se lamentó Morales, según informó ayer el diario boliviano La Razón en su sitio web. Sin embargo, ni las disculpas ensayadas ni la renuncia de su ministro de Gobierno sosegaron el ánimo de los manifestantes. La COB, hasta hace poco aliado estratégico del gobierno, exige ahora la renuncia de los ministros de Relaciones Exteriores, Presidencia y Transportes y definirá hoy si convoca o no a nuevas medidas de presión. Además, la central obrera se montó sobre las masivas marchas y el paro convocado contra la intervención policial para exigirle al gobierno que cumpla con su compromiso de subir en dos puntos porcentuales el aumento salarial de abril. “Si hasta el viernes (por hoy) no hay una respuesta, seguiremos con las medidas de presión. El pueblo está caliente”, advirtió anteayer Pedro Montes, secretario ejecutivo de la matriz sindical que encabezó la manifestación.

Aunque Morales ganó las últimas elecciones en ese departamento con más del 60 por ciento, el dirigente cívico de Potosí Celestino Condori señaló que no descarta llamar a un nuevo paro, pues “nada de lo que nos prometieron se cumplió”. Y como si todo esto fuera poco, al convulsionado escenario se suma el malestar de las esposas de los policías que reprimieron la marcha indígena. Las mujeres anunciaron ayer que habrá un motín policial en caso de que sus maridos sean sancionados. Guadalupe Cárdenas, representante de la Asociación de Suboficiales, Sargentos y Clases de la policía, señaló ante la red PAT que habrá protestas si las autoridades pretenden lavarse las manos con los policías.

Un informe de la fundación UNIR difundido ayer señala que entre enero y junio de este año hubo 689 conflictos en Bolivia, 413 más que en el mismo período de 2010 y 182 más que en el segundo semestre del mismo año. La situación económica, con el 24,8 por ciento, es el motivo principal de los conflictos.

Por su parte, Pablo Solón, ex representante de Bolivia ante Naciones Unidas, criticó la represión a los indígenas. También le pidió a Morales que suspenda definitivamente la construcción del camino trazado y sancione a los responsables del operativo policial. El vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, denunció que hubo “una conspiración mediática” para promover protestas sociales; pidió responsabilidad y seriedad a los medios de prensa y calificó como “una página negra” los informes falsos sobre víctimas. García Linera afirmó que el tema central de la marcha ha quedado resuelto pues el proyecto fue suspendido hasta que se decida su futuro en un debate nacional.