Las FARC no quieren dar tregua: la oleada de atentados con explosivos que golpeó a Colombia durante el fin de semana se extendió ayer con el ataque a la sede de un batallón de militares al sur de Colombia, que causó 10 muertos y 45 heridos. Después, los altos mandos del ejército colombiano se reunieron con vistas a reformular las medidas de seguridad internas al campo militar y a repensar la llamada “Operación Democracia” cuyo objetivo es restablecer el orden público. Además, la policía desactivó un explosivo en el departamento de Tolima. La oleada se produce en momentos en que Estados Unidos ha manifestado su intención de participar activamente en la lucha contrainsurgente en Colombia –especialmente en la protección de los oleoductos del país– y cuando están previstas para esta semana reuniones entre dirigentes de la guerrilla, del gobierno y uno de los candidatos presidenciales para los comicios del 10 de mayo.
La cifra de 32 muertos y al menos 45 heridos en las últimas 72 horas señalan un proceso de paz agonizante entre el gobierno de Andrés Pastrana y la principal guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El grupo rebelde ayer protagonizó otro más de sus ataques dinamiteros, en este caso a un batallón en el sur. La operación se realizó con un cilindro de gas cargado con metralla lanzado contra las instalaciones del batallón Magdalena, en el departamento de Huila, según indicó Gilberto Rocha, comandante del ejército en la región. Además la policía del departamento de Tolima informó ayer que desactivó una carga explosiva camuflada en un casco de moto. La guerrilla está expandiendo sus actividades en las ciudades, como lo probó en días recientes el descubrimiento en Bogotá de un automóvil cargado con 370 kilogramos de explosivos. En este contexto, los altos mandos militares se reunieron para analizar la seguridad en las unidades castrenses y reestablecer un mínimo de calma.
La ola de violencia se presenta a pocos días de las reuniones que mantendrán en la zona desmilitarizada de 42.000 km2 al sur del país jefes de las FARC con líderes de los partidos políticos (mañana) y con los candidatos presidenciales (el jueves). Dos de los principales candidatos han boicoteado el encuentro. El primero en las encuestas, el liberal disidente Alvaro Uribe, dijo desde el día mismo que se conoció el acuerdo para seguir negociando que no asistiría al encuentro con la guerrilla por no estar de acuerdo con la zona de despeje. La tercera en la intención de votos, la aspirante independiente Noemí Sanín, anunció igualmente su negativa; la excepción fue el segundo en el ranking, el liberal Horacio Serpa, quien anunció que asistirá. Las reuniones fueron pactadas el pasado 20 de enero, en un documento firmado por las FARC y el gobierno colombiano, mediante el cual evitaron la ruptura del proceso de paz -iniciado en 1999– y se comprometieron a seguir un cronograma que debería llevar a la firma de los primeros acuerdos de cese al fuego y de hostilidades el 7 de abril.
A partir de esos acuerdos, las FARC iniciaron una escalada de acciones en todos los puntos del país, y la guerra subió otro escalón cuando Estados Unidos anunció sus planes de pasar de la lucha antinarcotráfico a la ayuda militar directa contra las guerrillas para proteger la infraestructura petrolera colombiana:el presidente George Bush hizo pública su solicitud al Congreso para destinar 98 millones de dólares a ese fin, y la embajadora de Washington en Bogotá, Anne Patterson, reveló el fin de semana que su país tiene identificados más de 300 puntos estratégicos para sus intereses en Colombia –en particular el oleoducto Caño Limón-Coveñas, el principal del país–, en cuya seguridad proyecta invertir ese dinero.