Desde Lima

El presidente Ollanta Humala dejó sin piso a su vicepresidente, Omar Chehade, investigado por tráfico de influencias a favor de un poderoso grupo económico. Le pidió públicamente que abandonara su cargo. Lo hizo durante una entrevista televisada al cumplir los primeros cien días de su gobierno. “Lo mejor sería que dé un paso al costado en su cargo de vicepresidente”, dijo Humala cuando le preguntaron sobre el futuro de su cuestionado vicepresidente, que es investigado por el Congreso y la Fiscalía. Aunque Humala dijo que él no exigía la renuncia de Chehade porque no tenía la facultad para hacerlo, sino solamente se la pedía y que la decisión final era de éste, su mensaje no dejó dudas: Chehade ya no tiene lugar en el gobierno. Omar Chehade, abogado de 40 años que saltó a la fama por dirigir el proceso de extradición desde Chile del ex dictador Alberto Fujimori, no tiene un respaldo político propio y había llegado al gobierno invitado por Humala. Ahora que el presidente le quitó su apoyo, se ha quedado solo. Retirarse de la vicepresidencia parece su única alternativa.

Al momento del envío de esta nota, Chehade no se había pronunciado sobre su renuncia, pero su salida del gobierno se daba por descontada. En el oficialismo ya nadie lo respalda. El silencio del vicepresidente parecía solamente alargar su agonía política. Una persona allegada a Chehade le confió a este diario que el vicepresidente fue sorprendido por las declaraciones del presidente –que sonaron a una sentencia de muerte política– transmitidas en directo el domingo en la noche. Horas antes, Chehade había declarado a un canal de televisión que no pensaba dejar la vicepresidencia, Ayer todavía no parecía recuperado del golpe y pasó el día encerrado en su casa, mientras la prensa, y todo el país, esperaba un pronunciamiento suyo confirmando su salida del gobierno.

Chehade cayó en desgracia cuando fue acusado de organizar una reunión con tres generales de la policía para interceder a favor del poderoso grupo económico Wong, que intenta tomar el control de la azucarera Andahuasi, desalojando a sus trabajadores, que ahora administran la empresa. En medio hay una disputa legal por la propiedad de la azucarera, entre el grupo Wong y los trabajadores. Guillermo Arteta, uno de los tres generales que se reunieron a cenar con el vicepresidente en un exclusivo restaurante de la capital peruana y al que por el cargo que tenía en ese momento le correspondía dirigir cualquier operativo de desalojo en Andahuasi, ha denunciado que en esa cita se le pidió que organice un desalojo policial de los trabajadores de la azucarera, para entregarle la empresa al grupo Wong, y que se negó por no existir una orden judicial. Días después, acusa el general, el hermano del vicepresidente y un amigo de éste, que también estuvieron en la cena con los policías, le llevaron a su oficina una orden judicial de desalojo sin fecha y sin firma. Arteta asegura que se volvió a negar al desalojo. A los pocos días fue pasado al retiro. Entonces habló y estalló el escándalo.

Omar Chehade niega la acusación del general Arteta, pero durante su defensa ha caído en varias contradicciones y vacíos que han complicado su situación. Ha dicho que convocó a la cena para hablar de seguridad ciudadana, pero ha sonado poco convincente. Primero dijo que en esa cena nunca se habló de la azucarera Andahuasi, pero luego admitió que el tema sí se tocó, aunque asegura que no pidió el desalojo de los trabajadores. Niega que su hermano le haya llevado al general Arteta una orden de desalojo falsa, pero hay seis testigos que dicen haberlo visto en esos días en la oficina del general.

Se especula que Chehade optaría por pedir licencia al cargo de vicepresidente para evitar una renuncia que lo alejaría definitivamente del puesto, con la esperanza de recuperarlo cuando culmine el proceso de investigación que se le ha abierto. Esa sería su última carta. Pero su situación es cada día más complicada y parece difícil que salga bien parado de esta investigación. Ayer, mientras seguía atrincherado en su casa, Chehade, que también es congresista, recibió otro duro golpe: el Congreso aprobó por unanimidad abrirle un proceso de acusación constitucional que podría terminar con su destitución.

Humala escogió a Chehade como su segundo vicepresidente por el papel que éste tuvo en la extradición de Fujimori y como un símbolo de su compromiso de luchar contra la corrupción, pero, paradójicamente, en pocas semanas su vice pasó a convertirse en protagonista central del mayor escándalo de corrupción en lo que va del gobierno. La acusación contra su vicepresidente ha sido el golpe más duro que ha recibido Humala en estos primeros cien días de gestión. Con el pedido público a su vicepresidente para que se retire del puesto, el presidente busca desmarcarse del costo político de este escándalo, que golpea al gobierno en un flanco especialmente sensible: su credibilidad en la lucha contra la corrupción, que junto con la inclusión social fue la principal bandera de campaña de Humala.