Desde Roma

Cuando el martes terminó la batahola en la Cámara de Diputados y Silvio Berlusconi se decidió por fin a anunciarle al presidente de la República que renunciaría una vez que se aprobara la ley de reajustes económicos pedida por la Unión Europea (UE), muchos italianos, de izquierda, de centro y de derecha, suspiraron. Por fin parecía que se estaba emprendiendo el camino de la credibilidad. Sin embargo, la ilusión duró poco. Cuando las Bolsas europeas abrieron en la mañana de ayer, la Bolsa de Milán, que comenzó bien, en torno al mediodía cayó a pique (-4,5%) y luego se estabilizó en el 3,78 por ciento. Y lo que es peor, según los expertos que siguen paso a paso su comportamiento y prácticamente lo consideran como una espada de Damocles sobre la cabeza de la economía italiana, el llamado spread (riesgo país), es decir la brecha entre el rendimiento de los títulos italianos a 10 años (BTP) y los Bund (bonos) alemanes, llegó a 551 puntos, un nivel jamás alcanzado hasta ahora. Esto significa, en otras palabras, que los bonos italianos deben pagar 5,51 por ciento más de interés que los alemanes, lo que hace llegar el interés a pagar por los italianos al 7,25 por ciento. ¿Pero la economía de Italia está en condiciones de afrontar semejante deuda? ¿O se está cada vez más cerca del temido default? Un dato: tanto Grecia como Portugal e Irlanda recibieron paquetes de ayuda de la UE cuando su riesgo país superó los 500 puntos.

La ilusión de que la promesa de Berlusconi podía cambiar la marcha de los mercados, es decir la credibilidad de que los mercados asignan al actual gobierno italiano, quedó en la nada después de esta mañana. Y los temores aumentaron pese a que algunos exponentes del Pueblo de la Libertad, el partido de Berlusconi, quisieron, como se dice vulgarmente, “dar vuelta la tortilla”. “El spread no creció por culpa de Berlusconi sino por la obstinación de la oposición en sostener que el premier es la causa principal de todo lo que ocurre”, dijo Antonio Leone, diputado del PDL y vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Preocupado, el presidente de la República, Giorgio Napolitano, se sintió obligado a salir a tranquilizar a los mercados con un comunicado en el que subrayó que “no existe ninguna duda sobre la elección del presidente del consejo de ministros Silvio Berlusconi de renunciar una vez que se haya aprobado la ley de estabilidad” (las medidas económicas solicitadas por la UE). Pero estas palabras tienen un mensaje casi subliminal: señores de la Bolsa, señores de los mercados internacionales, pueden no creerle a Berlusconi pero si lo digo yo, así va a ser. En definitiva, Napolitano, viejo militante comunista, hoy es el personaje más respetado de Italia, por todos los partidos políticos y por los gobiernos europeos, es la garantía de que Berlusconi cumplirá su palabra y de que la ley será aprobada tan pronto como el fin de semana.

El presidente dio en la tecla porque lo que algunos dudaban, como el ex juez Antonio Di Pietro y líder de Italia de los Valores –y los mercados por lo visto–, era que Il Cavaliere cumpliera su promesa. “Si no lo veo no lo creo”, comentó Di Pietro, manifestando sus sospechas de que el primer ministro podría prolongar los tiempos de aprobación de la ley de estabilidad para tratar de juntar o comprar votos en el Parlamento a su favor. La inquietud se manifestó no sólo en el mundo político, sino también en el empresarial. Para la presidenta de la Confindustria, la máxima organización de industriales de este país, Emma Marcegaglia, “estamos al borde del abismo. Es evidente que cuanto se ha hecho hasta ahora no es creíble ni suficiente. No podemos permanecer ni siquiera muchas horas en estas condiciones porque arriesgamos que Italia no tenga más posibilidades de financiarse y esto puede tener consecuencias dramáticas”.

Entre otras cosas, la nueva ley prevé el aumento de la edad de la jubilación de 65 a 67 años y la venta de propiedades del Estado para reunir fondos, así como la desgravación fiscal para las empresas que inviertan en infraestructuras. Una cosa que había pedido la Unión Europea no fue incluida: los despidos fáciles. Pero tampoco el impuesto a los grandes patrimonios, que podría haber aportado a las finanzas del Estado buenos recursos. Hasta ahora, ningún texto escrito de la norma ha llegado a manos de la prensa y, al parecer, recién hoy debería llegar a manos de los parlamentarios.