Desde Lima

Golpeado por las acusaciones de corrupción contra su vicepresidente, moviéndose en un difícil equilibrio entre las demandas sociales y las presiones de los empresarios y los mercados, y enfrentado a una amplia protesta campesina contra las empresas mineras que ha dejado los primeros heridos durante su gobierno, el presidente Ollanta Humala cumplió sus primeros cien días en el poder. Lo hizo con una aprobación que bordea el 60 por ciento. La promulgación de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas para el desarrollo de proyectos productivos en sus tierras, la que sin embargo todavía no ha entrado en vigencia por falta de reglamentación, el aumento del impuesto a las empresas mineras que tienen grandes ganancias, aunque su monto ha sido menor del esperado, el alza del sueldo mínimo, el incremento del presupuesto para educación, salud y políticas sociales, la decisión de no proteger a los funcionarios gubernamentales acusados de corrupción se destacan entre los principales activos del gobierno; del otro lado, entre los pasivos, están el escándalo de corrupción del vicepresidente Omar Chehade, la debilidad política de un gobierno que no tiene el apoyo de un partido sólido, el alejamiento de promesas electorales de cambio para conciliar con los intereses empresariales, mensajes contradictorios frente al conflicto entre el campesinado y las empresas mineras y la propuesta de impunidad para los violadores de los derechos humanos hecha por los ministros de Defensa y de Trabajo, ambos desautorizados luego por el presidente Humala.

Esta semana, al cumplir sus primeros cien días, el gobierno ha comenzado a sentir con fuerza las primeras protestas sociales. En distintas zonas del país se han dado tres paros regionales impulsados por los campesinos que se oponen a la explotación minera en sus tierras porque les quita el agua y deja importantes pasivos ecológicos. Los huelguistas le exigen al gobierno que se comprometa a no permitir actividades mineras en esas zonas. La mayor violencia se ha dado en la empobrecida región andina de Andahuaylas, que ha sido paralizada por la protesta. Los enfrentamientos entre la policía y los pobladores han dejado 40 heridos.

“Estos conflictos sociales son la continuidad de una conflictividad que viene de gobiernos anteriores y que van a seguir en la medida en que el actual gobierno está continuando con el modelo que apuesta por la inversión minera como motor principal del crecimiento económico y del desarrollo. El gobierno está entre las demandas sociales y las consideraciones ambientales, por un lado, y los intereses empresariales y su propio interés por recaudar más rentas de la minería, por otro lado”, le señaló a Página/12 Carlos Monge, antropólogo, historiador e investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco). En opinión de Monge, si el gobierno decide darle luz verde a la minería en las zonas donde hay un rechazo de la población “se acabará la luna de miel del gobierno con los sectores populares rurales, que votaron masivamente por Humala, y se abrirá un escenario de extrema conflictividad”.

En el plano político, el problema más grave para Humala en estos primeros cien días de gobierno ha sido el escándalo de tráfico de influencias a favor de un poderoso grupo económico que involucra a su vicepresidente, Omar Chehade. Ante estas acusaciones, hace unos días Humala le pidió públicamente a su vicepresidente que abandone el cargo. Pero Chehade se ha negado a renunciar. Aislado, el vicepresidente optó por pedir una licencia temporal mientras duren las investigaciones que la Fiscalía y el Congreso le han abierto. Una decisión que no ayuda a Humala, que esperaba un alejamiento más claro de su vicepresidente para que el escándalo en el que está involucrado no siga debilitando al gobierno. La actitud del gobierno de no proteger a los miembros del oficialismo acusados de corrupción marca una importante diferencia con regímenes anteriores, en los cuales el encubrimiento de los altos funcionarios acusados de corrupción era la norma.

En el terreno económico, el presidente Humala, que ganó las elecciones con el apoyo de la izquierda y con una oferta electoral de cambio del modelo neoliberal, le entregó el manejo económico a la tecnocracia liberal, lo que le ha ganado los aplausos del empresariado y la derecha. La marca de su gobierno es darle mayor atención a la inversión social, pero sin modificar la esencia del modelo.

“La principal característica del gobierno en estos cien días es la continuidad del modelo económico y los gestos a los inversionistas diciéndoles que habrá algunos cambios, pero que no serán cambios de fondo, por lo que no deben preocuparse. El gobierno es una coalición de intereses contradictorios, en el que hay socialistas, ecologistas y liberales. En la práctica hay una hegemonía del núcleo liberal, que maneja la economía”, dice Carlos Monge.

Han sido cien días de algunos avances y también decepciones para las bases populares del presidente Humala. Para la derecha han sido cien días en los que se han alejado sus miedos a un cambio de fondo del modelo económico.