Miles de manifestantes marcharon ayer exigiendo la renuncia del primer ministro Vladimir Putin y la liberación de presos políticos como el ex magnate petrolero Mijail Jodorkovsky, en la más grande protesta opositora de los últimos años. Según los organizadores, al menos 50.000 personas se reunieron en Moscú para protestar contra el presunto fraude en las últimas elecciones rusas del domingo pasado, donde sin embargo el eventual vencedor, Putin, aparecía como amplio favorito. Para las fuentes policiales fueron 25.000 personas. Los organizadores estiman que se desplegaron 52.000 agentes de seguridad para controlar la protesta.

El primer ministro denunció a Estados Unidos por brindar apoyo a este tipo de protestas, algo que Washington se encargó de negar. El jueves Putin acusó a la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, de apoyar a los activistas que mantienen protestas en Moscú y en otras ciudades contra los resultados de las elecciones legislativas, en las que el partido oficialista Rusia Unida se alzó con la victoria. “La secretaria Clinton dio luz verde a ciertos activistas en el interior del país. Ellos recibieron la señal y con el apoyo del Departamento de Estado comenzaron a trabajar activamente”, denunció Putin ante la prensa. Por su parte, Clinton dijo el martes que las elecciones rusas “no fueron libres ni justas” y que los ciudadanos “merecen una investigación completa del fraude electoral y la manipulación”.

Ayer, entre la multitud hubo jóvenes y ancianos, gente de izquierda y de derecha, banderas rojas y banderas blancas, negras y amarillas de los nacionalistas. “Agradecemos a Rusia Unida por habernos unido a todos”, ironizó el jefe nacionalista, Konstantin Krilov. También se vieron banderas naranjas de Solidarnost (movimiento político ruso de ideología liberal), opuesto al gobierno. Hoy se espera una nueva movilización en la capital rusa donde los nacionalistas se manifestarán, en el marco del primer aniversario del enfrentamiento con la policía, tras la muerte de un hincha del Spartak Moscú en una pelea con un joven procedente del Cáucaso. Líderes opositores, como el bloguero Alexei Navalni y el político Ilya Yashin, no pudieron asistir a la marcha porque fueron condenados a 15 días de arresto por presunta resistencia ante la policía durante una manifestación no autorizada.

La organización acusó a la policía de intentar boicotear la concentración, pues a un lado de la plaza sólo había dos ingresos autorizados, por los que debían entrar todos los manifestantes. Con una cortina de nieve cayendo sobre la plaza Bolotnaia, en Moscú, los organizadores de la protesta aseguraron que se manifestarán el próximo 24 de diciembre en caso de que sus reclamos no sean escuchados. La manifestación demostró, a juicio de Sergei Mitrokhin, número dos del partido reformista Iabloko, que “Rusia tiene un pueblo”, en referencia también a otras jornadas de protesta que se efectuaron en las localidades de San Petersburgo, Kaliningrad y Vladivostok.

Los manifestantes rusos agradecieron públicamente a la policía, que en general impide manifestaciones o arresta a los participantes. Por eso, en la plaza Bolotnaia muchos de los presentes felicitaron a los agentes policiales por haberse comportado como “policías de un Estado democrático”. “La policía está con el pueblo”, “la policía está con nosotros”, fueron algunas de las consignas que esgrimieron los manifestantes, mientras una joven regalaba claveles blancos a un policía, que la observaba sorprendido. Por otro lado, alrededor de 10 mil personas marcharon ayer en San Petersburgo –la ciudad natal de Vladimir Putin y Dmitri Medvedevayer– para pedir elecciones libres. Algunos manifestantes llevaron máscaras, para expresar que les habían robado el voto, y cantaron consignas como “Putin ladrón”, “Rusia libre” o “Año Nuevo sin Putin”.

Miles de manifestantes aprobaron una resolución en la que exigen al gobierno la convocatoria de nuevas elecciones. En el texto, publicado en la web que lidera el ex campeón de ajedrez Garry Kasparov, los organizadores establecieron un plazo de dos semanas para que el gobierno dé una respuesta a sus peticiones.