La Corte Penal Internacional (CPI), creada en 1998 y que opera efectivamente desde mediados de 2003, se ha planteado objetivos nobles. Según el preámbulo de su documento constitutivo, el denominado Estatuto de Roma se ocupa nada menos que de perseguir eficazmente y sancionar a los autores principales de “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto” y que “constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad”.

La dificultad de cumplir con esta misión es fácil de observar: en más de ocho años la Corte no concluyó ningún proceso. En el primer proceso contra el comandante paramilitar congolés, Thomas Lubanga Dyilo, la fecha del pronunciamiento de la sentencia de primera instancia fue reiteradamente aplazada y aún se está a la espera. Por supuesto, una corte de este tipo no hace solamente sentencias. También tiene que ocuparse de una serie de cuestiones preliminares, por ejemplo, emitir órdenes de detención, examinar acusaciones o –un asunto que requiere mucho tiempo– decidir sobre las solicitudes de las víctimas de participar en el proceso. Asimismo, la CPI está llevando a cabo numerosos procesos contra presuntos autores de crímenes de guerra y lesa humanidad de Africa como, por ejemplo, contra el presidente sudanés Al Bashir y contra Saif al Khadafi, un hijo del fallecido ex dictador libio. Por último, el ex presidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo fue trasladado a La Haya por el gobierno que lo sucedió.

Sin embargo, los casos contra políticos importantes muestran de hecho la debilidad de la Corte: no tiene instrumentos propios para hacer efectivas sus decisiones y, por ello, depende totalmente de la comunidad internacional. Las detenciones se llevan a cabo por los mismos Estados (como, por ejemplo, en el caso de Gbagbo) o no se efectúan (así especialmente en el caso de Al Bashir). En resumen, no se es injusto con la Corte si se señala que, hasta ahora, el balance de su actividad fue mediocre.

El órgano de la Corte más visible, y actualmente también el más importante, es la fiscalía, dirigida desde junio de 2003 por el argentino Luis Moreno Ocampo. En junio de 2012, él será sucedido por la jurista gambiana Fatou Bensouda, hasta ahora fiscal adjunta. Ella fue elegida ayer por unanimidad por los actualmente ciento veinte Estados parte. Bensouda, una jurista prudente y sensible, es considerada por la mayoría de los observadores como una buena elección, esperando que, como fiscal adjunta de Moreno Ocampo, haya aprendido de los errores y, no, en cambio, que haya aprendido sus errores.

El mandato de Moreno Ocampo es visto por la mayoría de los expertos de manera bastante crítica. Así, por ejemplo, el internacionalista estadounidense David Kaye presentó recientemente un balance ampliamente negativo en la prestigiosa revista Foreign Affairs. En su artículo de aproximadamente diez páginas y que lleva el significativo título “Who’s afraid of the International Criminal Court?” (¿Quién le teme a la Corte Penal Internacional?), Kaye resume de manera convincente, y con mucho conocimiento interno, la crítica usual contra el estilo de dirección de Moreno Ocampo, su personalidad y falta de conocimiento jurídico profundo: “gestión y estilo de toma de decisiones que lo ha distanciado tanto de sus subordinados como de funcionarios judiciales”, “batallas sin importancia sobre territorio y recursos”, “toma de decisiones erradas”, “comportamiento temerario”, “acusaciones de politización”. Por tal razón, alega Kaye, el mandato de Moreno Ocampo no puede valorarse como un “éxito”; más bien, sus “repetidos reveses judiciales” tendrían que “eclipsar los modestos logros de su oficina”.

Kaye expresa lo que muchos piensan y lo que ya se venía expresando de manera mucho más drástica, a través de pedidos de renuncia, sobre todo en medios de Internet anglófonos. Lamentablemente es cierto: Moreno Ocampo es el fiscal jefe que prefiere una conferencia de prensa antes que el estudio de expedientes; que prefiere vanagloriarse de su papel histórico como “el fiscal más poderoso del mundo” antes que ocuparse de intrincadas cuestiones jurídicas. El es el acusador que hizo pequeños regalos a algunos jueces y que se deja fotografiar gustosamente con los más poderosos y famosos del mundo, como con el presidente ugandés Yoweri Museveni –contra cuyas tropas debería iniciar investigaciones– o con grandes del cine como hace poco en un evento en Hollywood. De hecho, el mismo Moreno Ocampo es un “grande del cine” en el rodaje The Prosecutor, donde él –cima de la vergüenza– en una fangosa plaza de pueblo en Bogoro, al nordeste de la República Democrática del Congo, baja de un helicóptero, en elegante traje blanco, para traer paz y justicia a las pobres personas de este pueblo olvidado por Dios.

Y no sólo a ellos: Moreno Ocampo abrió procesos en muchas otras situaciones del continente africano, lo que ha generado la recriminación a la CPI de ser una “Corte Penal Internacional para Africa”. Lo cierto es que también hubo otras situaciones que habrían justificado la apertura de un proceso, por ejemplo, respecto de Colombia; sin embargo, allí anunció en diversas entrevistas, no pocas veces en presencia de representantes del gobierno, que los esfuerzos colombianos de justicia y paz son un modelo para el mundo. Quizás pueda ser así, pero como fiscal internacional no debería decirlo en presencia de los representantes de un Estado, quienes podrían ser objeto de investigaciones.

Lamentablemente, Moreno Ocampo también pasará a la historia como el fiscal que tras ocho años en el cargo no llevó a su fin ni un solo proceso. En el ya mencionado proceso contra Lubanga, fuimos testigos del momento poco usual en que Moreno Ocampo representó personalmente la acusación. Sin embargo, estuvo entretenido, aparentemente desinteresado, con su BlackBerry y abandonó la audiencia con mucha frecuencia, probablemente, así se dijo, para participar en sesiones del Foro Económico Mundial en Davos. Por lo demás, puso en riesgo el proceso, ya que se negó a revelar a la defensa documentos importantes. Desde entonces, Moreno Ocampo aparece en el mejor de los casos para la lectura de la acusación, y, por lo demás, deja el campo a Bensouda y, la mayoría de las veces, a fiscales muy jóvenes.

Además, a Moreno Ocampo se le atribuye un mal estilo de gestión y un trato arbitrario con su personal. Lo cierto es que numerosos fiscales e investigadores experimentados, incluyendo algunos que participaron en la creación de la Corte, abandonaron el organismo bastante frustrados. Una situación que motivó a la renombrada organización de derechos humanos Human Rights Watch a hablar de un preocupante burn out (agotamiento) del organismo acusador. La salida más famosa fue la del belga Serge Brammertz, hoy fiscal jefe del Tribunal para la ex Yugoslavia, quien prefirió la jaula dorada del Tribunal para el Líbano, con sede en Beirut, que continuar trabajando con Moreno Ocampo. Brammertz, un fiscal profesional con bajo perfil, que prefiere el trabajo jurídico minucioso a la lluvia de flashes de las cámaras, es exactamente lo contrario de Moreno Ocampo.

Por último, también le falta visión estratégica. No puede hacerle entender realmente al mundo por qué en algunas situaciones y casos abre un proceso formal y solicita órdenes de detención, pero en otros no. ¿Es sólo el efecto público del proceso lo que determina la decisión de Moreno Ocampo? ¿Es el tipo de la remisión a la Corte (a través del Consejo de Seguridad de la ONU, de un Estado o debido a denuncias de particulares)? ¿O es solamente –¡Dios no lo quiera!– la mera intuición del “fiscal”?

Moreno Ocampo, el político que desde hace poco dice que solamente decide acorde a criterios jurídicos, desde que fuera criticado por su postura política, por ejemplo, en el proceso de Darfur. Moreno Ocampo, el diplomático que parece dominar esta materia mejor que quienes, incluso los alemanes, primero lo pusieron en el cargo –aun cuando no era la primera opción– y luego lo querían sacar cuanto antes. En resumen, Moreno Ocampo, el primer fiscal jefe de la CPI, quien probablemente entrará en los anales de la historia más bien como hombre de grandes palabras con ambiciones actorales que como un fiscal profesional y exitoso. Esperemos que Fatou Bensouda lo haga mejor. Le deseamos mucha suerte.

* Catedrático de Derecho Penal y Derecho Penal Internacional en la Universidad de Göttingen (Alemania) y juez del Tribunal Estatal de Göttingen. Actualmente, se encuentra como “Senior Fellow” en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad Hebrea de Jerusalén.