Desde Santiago

La relaciones entre el Poder Judicial y el gobierno de Sebastián Piñera no pasan por un buen momento. Por ello, la votación que determinaría al nuevo presidente de la Corte Suprema chilena acaparó las miradas. Cuando se supo que Rubén Ballesteros corría con ventaja para dirigir al máximo tribunal, las asociaciones de derechos humanos se opusieron, debido a un currículum que traía a la memoria algunos capítulos nefastos en la historia reciente del país.

Sin embargo, pasado el mediodía, los ministros de la Corte eligieron a este abogado de la Universidad de Chile con casi 40 años de trayectoria como su nuevo timonel. Sorpresa para algunos, rabia para otros. Entre estos últimos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que llegó a Tribunales a manifestarse.

La carrera de Ballesteros comenzó a teñirse de gris cuando se mostró a favor de la prescripción en los casos de derechos humanos, su participación en los Consejos de Guerra de Valdivia (integrante letrado de los primeros consejos de la dictadura militar) o su votación en contra del desafuero de Pinochet. Ya en 2005, cuando fue designado ministro de la Corte Suprema, el entonces presidente Ricardo Lagos recibió críticas, sobre todo del Partido Socialista, por el apoyo que el nuevo miembro del máximo tribunal había dado a la aplicación de la Ley de Amnistía en casos de derechos humanos. Cuatro años antes, Ballesteros se mostró a favor de dejar en libertad a Luis Osvaldo García, único civil encausado en el proceso Caravana de la Muerte, operativo militar que asesinó a diversos dirigentes cercanos al presidente Salvador Allende en 1973 en distintas ciudades del país.

Uno de los últimos conflictos lo vivió en 2007, cuando una comisión integrada por Ballesteros recalificó el delito de secuestro de tres detenidos desaparecidos por el de homicidio calificado. Como este último ilícito no se encontraba sujeto a la teoría de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, los ministros decretaron la prescripción y absolvieron de responsabilidad penal al capitán (R) Claudio Lecaros Carrasco, recordó ayer la prensa chilena.

En su primera intervención como presidente de la Suprema, el abogado salió al cruce de las manifestaciones en su contra. “El hombre es víctima de sus circunstancias y en la época que ustedes señalan los jueces vivían en otro sistema, no vivían como ahora, en un sistema democrático. En todas las naciones que han tenido situaciones como las que vivió el país, la judicatura tuvo los mismos problemas.”

La prensa fue más allá y lo consultó respecto del accionar en las numerosas causas por violaciones a los derechos humanos que aún siguen abiertas. “Supongo que no debiera afectarme personalmente, ni a las agrupaciones de derechos humanos”, respondió. Consultado por la relación que mantendrá con el gobierno, Ballesteros le sacó el bulto a la pregunta y sostuvo que “ya tendremos un período de dos años para conversar de esos temas y otros”. En los últimos meses, La Moneda y la Corte Suprema han tenido una serie de desencuentros públicos en relación con las funciones que cada organismo tiene en el denominado “combate a la delincuencia”.

En una reciente entrevista, citada ayer por El Mostrador, el actual presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, manifestó que la presión que hoy experimenta el Poder Judicial de parte del gobierno es “mayor que en la época de la vuelta a la democracia”.

En el mismo medio, el abogado y cientista político Santiago Escobar describe a Ballesteros como una persona amable para quienes lo conocen, con un perfil de “negociador, capaz de escuchar, sensible a los equilibrios internos de su institución, y también con los temas sociales”, según un abogado de derechos humanos. “Lamentablemente también es un fanático anticomunista con una mala causa: la inocencia de Augusto Pinochet y la aplicación de la Ley de Amnistía para los militares involucrados en delitos de lesa humanidad”, agrega.

Aparte de votar a favor en el caso Caravana de la Muerte, en junio de 2000, lo hizo también en el caso Prats-Cuthbert-1, solicitud hecha por la jueza argentina María Servini de Cubría, en octubre de 2002; el caso Calle Conferencia, en septiembre de 2003; el caso Operación Cóndor, en julio de 2004; el Caso Prats-Cuthbert-2 y el caso Riggs-SII, de agosto de 2005, que tenía que ver con os dineros ilícitos de Pinochet.

Para terminar con este currículum, se debe mencionar que se opuso a que Augusto Pinochet fuera investigado por los delitos de perjurio o falso testimonio en su Declaración Jurada de Bienes de 1989; falsificación, uso malicioso y sustracción de documentos públicos; falsificación de certificados del Ministerio de Defensa; obstrucción a la Justicia y defraudación por alzamiento de bienes y lavado de activos, teniendo en todos los casos como argumento central las “razones de salud” para evitar la investigación al dictador chileno.

Según Santiago Escobar, en los archivos de la ex Vicaría de la Solidaridad hay datos de cinco expedientes de procesos que finalizaron con la rúbrica de Ballesteros en calidad de presidente del tribunal, entre 1973 y 1976. Uno de ellos condenó a ocho personas por el delito de “traición a la patria por conspiración, en grado frustrado”, se impuso al principal imputado la pena de quince años de presidio y a otros cuatro, como cómplices, siete años. Todos estaban acusados de intentar organizar grupos guerrilleros para asaltar retenes y cuarteles militares y permitir la invasión de fuerzas desde Argentina, en la región de Los Lagos. Y la lista continúa.

Mientras tanto, Ballesteros aseguró que “toda la gente usuaria del Poder Judicial, todas las personas que tienen inquietudes por algún tipo de organizaciones, tengan la plena seguridad de que la presidencia no será para mí nunca un instrumento de denegación ni nada por el estilo en materia de derechos de todos los ciudadanos del país, incluidas organizaciones de mucho mérito nacional e internacional en materia de derechos humanos”.