“Desde el punto de vista jurídico, Baltasar Garzón está siendo sometido a tres juicios, pero en realidad es uno solo, eminentemente político, y originado en su intento de juzgar los crímenes del franquismo en función del derecho internacional, que no reconoce amnistías para los crímenes de lesa humanidad”, advierte Leandro Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación y ex relator especial de Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados. “Es un juicio ilegal –agrega–, porque es un principio internacional que no se puede juzgar a los jueces por el contenido de sus resoluciones.” En diálogo con Página/12 anuncia también que junto con un grupo de prestigiosos juristas y organizaciones internacionales ya se presentaron preventivamente ante el Tribunal Europeo para poder actuar “como testigos” y pelear para que, si fuera condenado, “la sentencia quede sin efecto”.

– ¿Qué le hace pensar que a Garzón le inventaron las tres causas?

–Durante muchos años, la derecha española vio con preocupación la forma en que España exportaba a través de Garzón la doctrina de la jurisdicción universal, que logró que avanzaran juicios de lesa humanidad. Toleraron que se exportara esa doctrina tan importante para América latina y para el mundo, porque no esperaban que pudiera algún día atreverse a aplicar a nivel interno el mismo criterio de juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en el franquismo, más allá de las amnistías existentes. Cuando lo intentó, la reacción se expresó políticamente a través de la organización neofascista Manos Limpias, que lo acusa de prevaricar por pretender investigar hechos cubiertos por una amnistía. Ese fue el comienzo de la ofensiva. Como la reacción internacional inicial fue tan fuerte, se le fabricaron otras dos causas.

–¿Cómo cree que pueden terminar estos procesos contra Garzón?

–Por las acusaciones y la forma en que la Justicia española ha actuado hasta ahora me preocupa que puedan desembocar en una condena y una destitución. Por el sistema español, el tribunal que lo juzga puede ordenar su destitución. Si quieren, hasta pueden meterlo preso. Por lo pronto, con la sola suspensión en el cargo de Garzón, ya han logrado neutralizar su búsqueda de la verdad.

–¿Quiénes lo defienden en España?

–Mucha gente, pero la coyuntura interna es favorable a la derecha, que intenta recuperar ese espacio que Garzón había consolidado. El PSOE lo defiende, también los medios de centroizquierda, que han cuestionado el comportamiento del Tribunal Superior y el Constitucional, ya que esos tribunales habían planteado la necesidad de investigar crímenes contra la humanidad en otros países, como Guatemala. España ha sido muy importante en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad, con hitos que van desde el pedido de extradición de Augusto Pinochet, a los juicios contra represores argentinos (cuando regían las leyes de impunidad). De hecho suscribe la obligación de los estados de investigar estos delitos, pero ahora se niega a aplicarla.

–¿Qué consecuencias cree que puede traer este caso?

–De por sí, implica un gran retroceso. El juzgamiento a Garzón tiene consecuencias nefastas, especialmente para países en transición tendientes a evitar que se juzgue a las dictaduras: alienta a no investigar, no aplicar la jurisdicción universal, es el primer caso en el sistema europeo en que se juzga a un juez por prevaricato.

–¿No hay manera de parar los juicios en marcha contra el juez?

–Ahora es difícil. Pero junto con un grupo de juristas internacionales nos hemos presentado para ser testigos en el Tribunal Europeo (allí se presentó el propio Garzón) para el caso de que progrese una condena y pedir que se deje sin efecto. Vamos a llevar el caso y lo haremos con el propio Garzón. Somos varios, entre ellos el venezolano Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana, y Carlos Ayala Corao, ex titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ahora es una denuncia preventiva. También hay organizaciones, como Interights.

–¿Es ilegal el juzgamiento a Garzón?

–Es ilegal porque es contrario a las normas que regulan la independencia de la Justicia. No se puede juzgar a los jueces por el contenido de sus decisiones. Es un principio de derecho internacional, que vincula a todos los países.

–Si Garzón no puede investigar los crímenes del franquismo, ¿qué se puede decir de las causas que tramitan en nuestro país?

–Argentina puede tranquilamente aplicar la jurisdicción universal.