EL MUNDO › EL GOBIERNO ESPAñOL QUIERE EXIGIR EL CONSENTIMIENTO PATERNO CUANDO LA MUJER ES MENOR DE EDAD
El ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo que la norma de interrupción voluntaria del embarazo se aprobó “sin consenso” en 2010, durante la gestión de Zapatero.
El gobierno de derecha de Mariano Rajoy reformará la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva. Así lo anunció el ministro de Justicia de España, Alberto Ruiz-Gallardón, en el marco de nuevos cambios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La modificación a la norma exigirá el consentimiento paterno en los casos de las menores de edad. El ministro aseguró que las reformas se llevarán a cabo para garantizar la separación de poderes en el CGPJ, ya que, según él, existen luchas partidarias que no lo permiten. En su primera comparecencia en el cargo ante la Comisión de Justicia, Gallardón dijo que la ley de marzo de 2010 para la interrupción voluntaria del embarazo se aprobó “sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos”, y que el cambio de la misma se inspirará en la defensa del derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional.
“Nos inspiraremos en la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional cuando tuvo ocasión y obligación de pronunciarse sobre la primera ley del aborto, y también les anuncio que algunos principios enumerados por nuestro partido, como la exigencia del consentimiento paterno en relación con los menores, estarán incluidos en este proyecto de ley”, subrayó. El titular de Justicia argumentó que esta reforma de la ley del aborto, recurrida por los propios conservadores ante el Tribunal Constitucional, era una promesa electoral del PP, por lo que el Ejecutivo se limitó a llevar a la práctica un compromiso adquirido ante los ciudadanos. La organización Derecho a Vivir expresó su rechazo a la medida, al considerarla tibia. Su portavoz le pidió al ministro que directamente la derogue.
De la vereda opuesta, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI) considera que esta medida no se justifica por la experiencia demostrada de que el número de mujeres que abortaron en ese rango de edad no aumentó desde la aprobación de la ley hace seis meses.
Por su parte, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, dijo que las jóvenes de 16 y 17 años ya pueden decidir cuestiones vitales como donar un órgano, someterse a una operación quirúrgica de riesgo o casarse; en este último caso incluso a edades inferiores. “No se les quiere dejar poner fin a un embarazo no deseado, algo que también puede afectar a estas jóvenes para el resto de su vida”, dijo.
El ministro también anunció un nuevo modelo de tasas para el poder judicial. Se trata de una tarifa obligatoria, o copago judicial, de los costos del procedimiento, a partir de la segunda instancia que interponga el ciudadano. Si la demanda prospera se devolvería el dinero. De este nuevo modelo de tasas para el poder judicial estarán exentos del copago judicial aquellos que acrediten falta de recursos, y se basará en el pago obligatorio de los costes del procedimiento a partir de la segunda instancia que interponga el ciudadano. Si la demanda fuera a prosperar se devolvería el dinero. “Los ingresos que se obtengan mediante esta medida se utilizarán para mejorar el sistema de justicia”, dijo Gallardón.
Pese a la medida, el ministro anunció que la asistencia jurídica se mantendrá gratuita, pero con correcciones, para reducir la entrada innecesaria de asuntos en los órganos judiciales.
Por otra parte, la prisión perpetua revisable fue uno de los principales reclamos de los conservadores en la tramitación de la reforma del Código Penal, que entró en vigor el año pasado, pero no fue incluida. El Grupo Parlamentario Popular se abstuvo en la votación de esta reforma y el asunto fue cajoneado hasta la convención que el PP celebró en Málaga a principios de octubre. Federico Trillo fue el responsable de Justicia del partido que volvió a poner el tema sobre la mesa. Según los datos de los populares, la cadena perpetua revisable es apoyada por el 82 por ciento de la opinión pública. Así, se amplía el plazo en el que un preso puede permanecer ingresado en prisión de forma indefinida. Sin embargo, será una medida de carácter excepcional y revisable.
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