El ex presidente de la región española de Valencia por el Partido Popular (PP), Francisco Camps, fue declarado ayer inocente en la causa por corrupción conocida como Gürtel, ante la falta de pruebas. Camps, que presionado por este caso se vio obligado a dimitir de su cargo el pasado julio, era sospechoso de haber recibido como regalo entre 2005 y 2008 trajes por un valor de 14.000 euros, por parte de una empresa a la que la administración regional otorgó contratos.

El proceso se abrió en el mes de diciembre y fue un caso que salpicó a la derecha valenciana. Tras su deliberación, el jurado popular consideró, por cinco votos contra cuatro, que Francisco Camps era inocente. Según el jurado, no quedaron demostrados los supuestos regalos hechos al ex presidente de la Comunidad Valenciana ni a Ricardo Costa, ex secretario general del PP en la región, igualmente procesado. “No hay acreditación de que Camps no pagara las prendas”, consideró el jurado popular.

Francisco Camps, quien fuera reelecto presidente de la Comunidad Valenciana en las elecciones autonómicas del 22 de mayo pasado pese a su imputación, era uno de los blancos favoritos del movimiento de los indignados, que durante la primavera denunciaron con énfasis la corrupción del mundo político. El veredicto puso punto final a un proceso emblemático de las sospechas de corrupción que pesan sobre numerosos cargos locales en España, acusados de haberse enriquecido al calor de la burbuja inmobiliaria previa a la crisis.

La investigación sobre la trama Gürtel sacudió en 2009 al ahora gobernante PP, y dejó al descubierto una red de corrupción dirigida por el directivo de una empresa de comunicación cercana al partido, Francisco Correa (Gürtel significa correa en alemán). Este organizó mítines del PP y, según la investigación, ejercía de intermediario entre empresas inmobiliarias y cargos locales de derecha para la atribución de contratos públicos, mediando comisiones y regalos como viajes de novios a la Polinesia, coches de lujo o iPhones. Varios altos cargos de la derecha regional eran sospechosos de haber recibido regalos, como por ejemplo trajes, de parte de Orange Market, una de las empresas de esa trama. Paradójicamente, el caso dejó dos culpables: los funcionarios Betoret y Campos, ambos condenados al pago de 9500 euros.