La segunda jornada del juicio contra Baltasar Garzón por investigar crímenes del franquismo comenzó ayer con una mala noticia para el juez suspendido de la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo de Madrid (TS) rechazó los pedidos de nulidad del proceso que habían presentado la semana pasada tanto la defensa como la fiscalía, por severas irregularidades en el procedimiento de la acusación. En este juicio Garzón está acusado por prevaricato al supuestamente arrogarse competencias que no le correspondían cuando investigó en 2008 los crímenes de lesa humanidad comprendidos entre la Guerra Civil española (’36-’39) y la dictadura de Francisco Franco (’39-’79) que dejaron más de 160.000 desapariciones forzosas. Garzón enfrenta la posibilidad de una pena de inhabilitación de sus funciones por 20 años, lo que significaría el fin de su carrera.

“La investigación de esos crímenes contra la humanidad está justificada. El propio Estatuto de Nuremberg despliega sus efectos más allá de los años ’30 y justifica esa investigación”, declaró Garzón ante su abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, tras negarse a contestar el pliego de la asociación de ultraderecha Manos Limpias, que presentó la acusación. Este supuesto instrumento del Partido Popular para querellar no fue reconocido por Garzón para acusarlo por prevaricato. En ese sentido, tanto la defensa como la fiscalía pidieron que se aplicara la llamada Doctrina Botín, que establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa si la fiscalía no acusa. El argumento contra el juez instructor de la causa, Luciano Varela, es que corrigió y orientó el escrito que presentó el colectivo Manos Limpias, situación que reviste un carácter de ilegalidad e imparcialidad. Esta agrupación había previamente intentado sin éxito sentar al magistrado en el banquillo al menos 19 veces.

A Garzón se lo acusa de haber violado la Ley de Amnistía de 1977, hecho que el magistrado negó por completo. “(Aquella ley) se refería a delitos de intencionalidad política y en ningún caso los crímenes contra la humanidad tienen este carácter político. Son un delito permanente, sus efectos permanecen en el tiempo y se siguen produciendo hasta que esos efectos cesan, por lo que no era necesario ni referirse a la ley de amnistía”, argumentó Garzón. En ese sentido el magistrado citó el criterio de instituciones judiciales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la imprescriptibilidad de estos delitos a partir del inicio de su investigación. “El juez tiene la obligación de investigar los delitos; no es una cuestión de ideología; me correspondió el caso por reparto y a partir de ahí hice lo que tenía que hacer”, afirmó Garzón.

El magistrado aseguró que durante el franquismo existió un plan sistemático de eliminación de personas, e insistió en que miles continúan desaparecidas. Su abogado le preguntó si existía en España un censo de desapariciones forzosas, a lo que respondió que sólo en el País Vasco, Andalucía y Barcelona se habían elaborado mapas de fosas comunes donde se enterraba a las víctimas del franquismo. “Desde diciembre de 2006 hasta octubre de 2008 no autoricé ni una sola exhumación solicitada. Expresamente se dijo que no se hicieran hasta que no quedara delimitada la competencia”, dijo Garzón. El magistrado explicó que una vez comprobado que los principales responsables de la represión franquista estaban muertos, se inhibió a favor de los juzgados territoriales para que investigaran de manera autónoma el destino de las más de 160.000 víctimas. Además, aseguró que ninguna administración colaboró para confeccionar los listados de víctimas, a excepción del ayuntamiento de Madrid.

“No hice nada distinto en el caso del franquismo que en el de Pinochet o Argentina”, reafirmó, haciendo referencia al juicio en España al represor argentino Adolfo Scilingo en 2005 y la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet en 1998.

Juristas internacionales y observadores como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) se hicieron presentes ayer junto a un gran número de manifestantes de derechos humanos que apoyaron a Garzón a las puertas del TS. En diálogo con Página/12, el consejero de HRW contó que en la sala de audiencias retumbaban los gritos de aliento a Garzón que llegaban desde la calle. “Resulta paradójico que esté siendo juzgado por intentar aplicar en su país los mismos principios que logró promover con éxito en el ámbito internacional”, dijo Reed Brody. El vocero de HRW dijo que, si bien Garzón le manifestó estar tranquilo, el magistrado se prepara para ser condenado. “Si no es en el caso del franquismo, pues en uno de los otros casos”, dijo haciendo alusión al caso Gürtel y el de los fondos del Banco Santander (ver aparte). En el primero Garzón también está acusado por prevaricato y en el segundo por cohecho.

El proceso del franquismo continuará hoy con la declaración de testigos de la defensa. Será la primera vez que familiares o víctimas de la última dictadura española comparezcan en España ante el Tribunal Supremo. “Es un juicio muy importante para los derechos humanos y también para la independencia judicial”, concluyó Brody desde Madrid.

Informe: Juan Nicenboim.