Por primera vez en la historia de España, las víctimas de los crímenes franquistas declararon ayer ante la máxima instancia judicial. En la tercera jornada del proceso contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes de lesa humanidad en España, dos familiares de desaparecidos y un historiador comparecieron en la Sala de Audiencias del Tribunal Supremo (TS) de Madrid. María Martín López, María del Pino Sosa Sosa y Angel Rodríguez Gallardo oficiaron de testigos convocados por la defensa de Garzón, en el proceso que la agrupación de ultraderecha Manos Limpias le abrió por supuestamente arrogarse facultades que no le competían para investigar las más de 130.000 desapariciones forzosas de la Guerra Civil española (’36-’39) y la dictadura de Francisco Franco (’39-’79).

Los tres llegaron al TS mediante un largo camino en común. Tras décadas de investigaciones para rastrear el paradero de las víctimas del franquismo de sus regiones respectivas, presentaron ante la Audiencia Nacional en 2006 una denuncia con un listado de desaparecidos. “Lo llevé ahí porque en mi ciudad no lo aceptaron”, dijo Del Pino en diálogo con Página/12. Oriunda de Arucas (Canarias), la mujer de 75 años declaró ayer que a su padre lo detuvieron en 1936 durante la Guerra Civil y lo desaparecieron en marzo del año siguiente. “Era hojalatero y trabajaba en su casa. Pertenecía al Partido Socialista y tenía inquietudes como cualquier persona”, relató. A su padre lo llevaron y lo tuvieron detenido hasta el 9 de marzo del ’37. El 19 de ese mes lo buscaron en su casa, donde Del Pino estaba con su madre y su abuela. A estos operativos de la muerte se los conoce como “sacas”.

“Desde esa fecha se los buscaban a todos en Arucas. Tenemos contabilizados en la ciudad a 72 desaparecidos. La mayoría eran solteros, por eso nadie los denunció; además del miedo que existía”, rememoró. Del Pino dijo que las mujeres iban a buscar a sus familiares después de las sacas, y que la policía les decía que se habían ido en un barco por haber sido malos padres. “Los estamos buscando en cuatro pozos en Aruca, mi padre está en uno”, dijo Del Pino. Según ella, un tío que fue torturado y apaleado vio cómo los arrojaban vivos. “Todo esto no es de ahora, hemos ido recopilando información. Estoy trabajando desde que murió el dictador (Franco) y el caso salió a la luz en 1984, cuando fui concejal en mi ciudad”, dijo Del Pino. Sin embargo, nunca pudieron lograr la apertura de los pozos. Pero en 2010 exhumaron 24 cadáveres de una fosa conocida como el Llano de la Cruja, ubicada en una montaña. Las identidades de las víctimas no pudieron ser determinadas ya que los familiares habían muerto y los sobrevivientes tenían miedo de decir que eran parientes de los desaparecidos. “Hay otros demócratas que están en los pozos y que tienen que salir”, agregó.

El testimonio de María López, de 81 años, hizo emocionar a los presentes en la Sala de Audiencia. Con un hilo de voz narró que a su madre se la arrebataron de las manos cuando tenía seis años, y que nadie jamás le dio una respuesta. El historiador Rodríguez Gallardo, quien investigaba los desaparecidos de Galicia, acudió al TS en lugar de Concepción González Trigo, de 83 años, a quien los falangistas le mataron a su padre en Vigo. La mujer vio a su verdugo numerosas veces con el reloj de su padre puesto. En diálogo con este diario, el presidente de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Puente Arenas, dijo que con este proceso se abre una nueva etapa. “Al investigar el enorme volumen de muertos y desaparecidos en nuestra zona, no éramos capaces, desde el punto de vista técnico, para localizar la significativa cantidad de fosas y exhumarlas. Llevamos 35 años sin tener acceso a los archivos de la Guardia Civil y la policía”, dijo Rodríguez Gallardo. Junto a un colectivo de agrupaciones presentaron ante la Audiencia Nacional en 2006 una denuncia con un mapa de fosas y un listado de desaparecidos, elaborado con la información recopilada de familiares de víctimas y sobrevivientes. A partir de un auto emitido por el Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, los juzgados locales se declararon incompetentes para exhumar las fosas y archivaron la causa. “Nosotros apelamos la decisión de esos juzgados, que dicen que no pueden hacer nada ya que los delitos están prescriptos”, dijo el abogado. Ante la sistemática falta de respuestas por parte de la Justicia, en 2009 acudieron al tribunal de derechos humanos de Estrasburgo. Según el historiador, con los 21 testigos de la defensa de Garzón que declararán en el TS se podrá reconstruir el mapa genético de los crímenes del franquismo.

Durante la audiencia de ayer, el abogado de Manos Limpias desestimó los testimonios de Del Pino y Rodríguez Gallardo, aduciendo que no se relacionaban con la causa por prevaricato que se le sigue a Garzón. La querella también acusó a las asociaciones de derechos humanos de haber recibido subvenciones del Estado en función de la ARMH, y denunció una confabulación del Juzgado de Instrucción Nº 5. “Es una tesis que no se sustenta. Los historiadores y asociaciones civiles poco a poco fuimos juntando datos en un puzzle interminable para determinar con precisión los crímenes de lesa humanidad”, dijo Rodríguez Gallardo.

Informe: Juan Nicenboim.