Una huelga de la Policía Militar del estado brasileño de Bahía facilitó 59 asesinatos en la ciudad balnearia de Salvador. Las ola de muertes, de las cuales 30 se registraron entre el viernes y ayer, ocurrieron en el marco de un paro en demanda de un aumento salarial, al que adhirieron cerca de un tercio de los 31.000 efectivos del cuerpo de policía militarizada de Bahía. El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff envió 3000 soldados federales para patrullar las calles de Bahía, y ayer arribó a Salvador el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo. El alto funcionario aseguró que los cabecillas que hayan instigado la huelga serán puestos en prisiones federales. Por herencia de la dictadura militar, la estructura de la policía en Brasil está legislada con privilegios como los que gozan los militares.

El paro fue impulsado por la Asociación de Policías y Bomberos del Estado de Bahía (Aspra), entidad que no es reconocida por las autoridades estatales como representante de los agentes. Desde el comienzo de la huelga hasta hoy, la capital provincial en la que viven más de dos millones y medio de habitantes está sumida en una creciente ola de criminalidad, que además de las muertes provocó gran cantidad de saqueos a comercios, y asaltos. En el interior del estado fueron registrados varios ataques a tiros contra comercios, entre ellos a dos agencias bancarias, una tienda de ropa, una clínica médica y una filial de la TV Globo. La mayoría de los destrozos ocurrieron en los barrios satelitales de Salvador de Bahía. Un policía fue ajusticiado de 15 balazos cuando estaba en su automóvil. Su arma fue robada. Aún se desconoce cuántas personas participaron en el homicidio y tampoco hay sospechosos hasta el momento.

La huelga fue declarada ilegal por el juez Ruy Almeida Brito, pero los agentes desobedecieron el mandato judicial que ordena la reanudación inmediata de las actividades. El juez despachó doce órdenes de arresto para líderes sindicales, pero la policía lo desafió amotinándose en la legislatura bahiana. Para contener la violencia y restablecer el orden, el gobierno federal envió este viernes cientos de efectivos del Ejército y de la Fuerza Nacional de Seguridad. Cardozo informó que se trata del mayor contingente de fuerzas federales utilizado en operaciones similares en el país. El ministro dijo que los delitos perpetrados durante la paralización configurarán delito federal, en virtud al decreto de situación de Garantía de la Ley y del Orden, ordenado por Rousseff.

“La Policía Federal está instruida para hacer con que las transgresiones a la ley sean investigadas y castigadas con el máximo rigor”, dijo Cardozo. El ministro, que llegó a Salvador acompañado por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general José Carlos De Nardi y la secretaria nacional de Seguridad Pública (Senasp), Regina Miki, informó que ya fueron creados cupos en las cárceles nacionales de máxima seguridad para recibir a los líderes de la huelga, contra quienes se ha expedido la orden de prisión.

Por su parte, el gobernador de Bahía, Jaques Wagner, del Partido de los Trabajadores (PT, de gobierno), dijo que cree que hay policías huelguistas involucrados en los actos delictivos, y que el objetivo de los mismos es hacer caer el gobierno provincial. “Parte de los delitos puede ser parte de la operación montada (por los huelguistas) que intentan crear un clima de desesperación en la población para hacer sucumbir al gobierno, en un intento de guerra psicológica como ocurrió recientemente en otros estados, como Maranhao y Ceará”, dijo ayer Wagner, en alusión a las huelgas policiales acompañadas de actos delictivos ocurridas en esos estados semanas atrás. En los paros de Ceará y Río de Janeiro, los grupos de choque reivindicaron el golpe de estado militar de 1974. En aquella oportunidad, se registraron en Fortaleza, capital de Ceará, saqueos y destrozos durante el tiempo que duró la huelga policial. “No tengo dudas de que parte de todo esto está siendo cometido por orden de los delincuentes que se autoproclaman líderes del movimiento (sindical)”, añadió.

La ciudad se prepara para recibir a millones de turistas para el Carnaval. Sin embargo, el clima de violencia generado por la huelga provocó cancelaciones del 10 por ciento en reservas de hoteles, dijo el presidente de la Asociación de Agencias de Turismo de Bahía, Pedro Galvao. Funcionarios del estado dijeron que los policías demandan un aumento del 50 por ciento en sueldos y mejores aguinaldos.

Una de las víctimas de la ola de crímenes fue el percusionista de la banda Olodum. Delton Souza Cerqueira fue ultimado en la cabeza durante un asalto. El grupo informó la cancelación del ensayo de Carnaval del domingo. Al cierre de esta edición no había detenidos ni se sabía quiénes fueron los responsables de los asesinatos y los saqueos, aunque algunos medios locales hablaban de lúmpenes delincuentes.