Desde Río de Janeiro

Las escuelas cerraron, no hubo clases en las facultades, los tribunales decretaron que el trabajo era opcional, es decir, casi nadie apareció. Los bares y restaurantes estiman que sufrieron pérdidas del 30 por ciento en sus ingresos en los últimos seis días. Al menos 20 por ciento de los paquetes de Carnaval fueron cancelados, y el tiro de gracia vino de un comunicado emitido por el gobierno de los Estados Unidos, recomendando –con la delicadeza habitual– que los ciudadanos norteamericanos se abstengan de viajar a Bahía. No hay todavía un balance sobre lo que se perdió en saqueos y actos de vandalismo registrados principalmente en la región metropolitana de Salvador.

Hasta la noche de ayer, los muertos ya eran 96, es decir, por lo menos 13 más que en la noche anterior. Desde el martes 31, cuando empezó la huelga de los policías militares, Salvador –la capital de Bahía– parece una ciudad abandonada a la intemperie. En muchas ciudades del interior, el escenario es igual. Ayer, en la región metropolitana de Salvador hubo nuevos saqueos generalizados. El comercio abrió sus puertas por pocas horas. Los bancos funcionaron de manera precaria y cerraron antes del horario habitual.

La tensión es palpable en las calles, luego de un domingo de relativa calma, al menos en los puntos turísticos y en los barrios de clase media de Salvador. Ayer, todo volvió a lo de antes. Del total de 32 mil efectivos de la Policía Militar, al menos la tercera parte está amotinada. En Salvador, la participación es mayor: se calcula que casi la mitad del contingente de la capital está parada.

El centro de la crisis está en el predio de la Asamblea Legislativa del estado, donde están instalados los policías militares en huelga. Ayer, temprano en la mañana, hubo enfrentamientos entre huelguistas y tropas del ejército. Al menos mil hombres del ejército, de la Fuerza Nacional de Seguridad y de la tropa de elite de la misma Policía Militar armaron un cerco al edificio e impidieron el paso de los que llegaban para sumarse a los amotinados. También familiares de los huelguistas han sido reprimidos, aumentando aún más la tensión. Vehículos blindados del ejército fueron llevados al local y helicópteros hicieron vuelos rasantes sobre la gente que se manifiesta. La energía eléctrica de la Asamblea ha sido cortada.

En los enfrentamientos de ayer, las tropas utilizaron balas de goma y chorros de gas pimienta para contener a los manifestantes. Hay noticias de por lo menos nueve huelguistas heridos, ninguno de gravedad. Alrededor del mediodía hubo enfrentamientos abiertos entre policías amotinados y las fuerzas del ejército, pero sin que se registrasen disparos de armas de fuego. Las fuerzas militares aseguran que no pretenden invadir la Asamblea Legislativa para desalojar a los amotinados. Dicen que armaron un cerco al edificio para “asegurar el orden en la región”. Además pretenden detener a los líderes de la huelga, cuya prisión ha sido decretada por la Justicia. No hay plazo, dicen los responsables del operativo, para que las tropas sean retiradas del lugar.

Mientras tanto, analistas llaman la atención sobre un dato específico: la seguridad ha sido siempre el punto debilísimo del gobierno de Bahía. Jacques Wagner, el gobernador, mantuvo hasta ahora su popularidad, pese al descalabro provocado por la creciente ola de violencia desde su primer gobierno, que comenzó en 2007 (él fue reelegido en 2010). Las principales críticas a su gestión se refieren a la creciente violencia. Entre 2000 y 2010, el número de homicidios se multiplicó por tres en Bahía. En Salvador, el índice es todavía más alarmante: hay un aumento de 400 por ciento en el número de muertes violentas. Una de las grandes dificultades del gobierno es encontrar recursos no sólo para aumentar los sueldos de los policías sino, también, para contratar a más gente. Harían falta por lo menos 40 mil efectivos en todo el estado.

Hasta la noche de ayer, una única propuesta fue llevada a los amotinados: un aumento de 6,5 por ciento retroactivo a enero. Como los huelguistas exigen nada menos que el 100 por ciento, queda expuesta la distancia establecida en ese tímido principio de negociación.

Además de debilitar políticamente al gobernador, la rebelión de Bahía tiene otro efecto preocupante: empieza a ser un lastre para otros estados brasileños. Ayer mismo, la Policía Militar de Río de Janeiro anunció que a la cero hora del viernes decretará huelga, a menos que se apruebe hoy un aumento sustancial en sus sueldos. Sin poner fecha ni hora, asociaciones de policías y bomberos de Minas Gerais y Paraná también advierten que podrán suspender sus actividades si no hay aumentos.