A los condenados a muerte del régimen franquista se los ejecutaba y desaparecía simultáneamente, fusilándolos primero y arrojándolos después a zanjas comunes, echándoles cal viva para desintegrar los cuerpos.

En la sexta jornada del juicio contra Baltasar Garzón por investigar los crímenes de la dictadura y la Guerra Civil en España, se escuchó este testimonio en el Tribunal Supremo de Madrid (TS). La sentencia al magistrado acusado por prevaricato por la agrupación franquista Manos Limpias podría darse a conocer hoy. Garzón enfrenta una pena de 20 años de inhabilitación de sus funciones por violar la Ley de Amnistía de 1977 y arrogarse funciones que no eran de su competencia, lo que significaría el fin de su carrera. El investigador Antonio Ontañón describió en la Sala de Audiencias el método de los consejos sumarísimos de guerra, que funcionaban durante el período de 1937-1948 como instrumento de Francisco Franco para darles un barniz de legalidad a las desapariciones en Cantabria, de donde es oriundo. Según Ontañón, en esa región se contabilizan alrededor de 2500 desaparecidos. Las fosas comunes aún no pudieron ser exhumadas. “A los condenados a muerte se los recluía en distintas prisiones de la provincia”, relata el autor de Rescatados del Olvido a Página/12. “Como no daban abasto, a veces se ejecutaban 42 prisioneros en un día. La media de fusilamientos era de 13 a 15 personas, que eran la cantidad de cadáveres que entraban en el camión”, dice Ontañón. El testigo comenzó a investigar los crímenes del franquismo en 1975 para honrar la memoria de los desaparecidos, junto con ocho compañeros provenientes del ámbito sindical. Su libro sirvió como documentación para Garzón en 2008, cuando recayó sobre él la denuncia ante la Audiencia Nacional por las más de 100.000 desapariciones forzosas que dejaron la dictadura y la Guerra Civil. Por ello Ontañón fue otro de los testigos citados ayer por Gonzalo Martínez-Fresneda, el defensor del juez suspendido de la Audiencia Nacional. El investigador tuvo acceso al registro nacional del cementerio de Ciriego, en donde accedió a los archivos que contenían el número de ejecutados por la fuerza común. “Del ’37 al ’48, que es cuando se desarrolla la represión, se anotaban el número de ejecutados que eran arrojados a las fosas comunes, pero no los nombres. Son documentos muy impactantes, y sirvieron para que el abogado de Garzón los valore y me citen a declarar en el último día de las audiencias”, dice Ontañón. A partir de allí el investigador cruzó los datos de los desconocidos cotejando con el registro de la prisión provincial, y allí dio con la relación nominal que permitió la identificación. “Cuando se procesa a Garzón por haber intentado investigar los crímenes del franquismo, su abogado acudió a nosotros para testificar que en su momento el juez estaba totalmente basado y documentado con pruebas determinantes”, asegura Ontañón.

Para el investigador, el juicio se le fue de las manos al TS y a Manos Limpias. En el juicio contra Garzón testificaron ante la Justicia las víctimas del franquismo por primera vez, por lo que a la asociación de ultraderecha que presentó el escrito acusador le salió el tiro por la culata. Según él, esto destapó una olla que sectores adeptos al dictador no hubieran querido. “La causa está teniendo una trascendencia internacional y existe un descrédito para con el TS, que nunca movió un dedo para esclarecer la denuncia ante la Audiencia Nacional”, dice Ontañón.

En una decisión inesperada, el TS acortó las fechas de pruebas testificales y el juicio terminará hoy con las conclusiones de las partes. “El TS está dividido, ya que de los siete magistrados, cuatro quieren continuar y tres emitir votos particulares”, dice el testigo, quien atribuye la indecisión al escándalo que generó el proceso.

A Franco y otros 34 jefes que dirigieron la rebelión contra el gobierno de la República se les atribuyó un plan de exterminio sistemático de sus oponentes, y de represión que terminó con 114.260 desaparecidos, enmarcados en crímenes de lesa humanidad. Estas desapariciones se produjeron sin vinculación con la confrontación de una Guerra Civil (’36-’39). Al estar muertos los implicados no existía responsabilidad penal según Garzón, que se inhibió en favor de los juzgados territoriales para seguir con el caso. El juez suspendido de la Audiencia Nacional aguarda sentencia por investigar el caso de corrupción que salpicó al gobernante Partido Popular en 2009 conocido como Gürtel. Además aguarda fecha para el inicio de otro juicio en su contra por patrocinios de empresas privadas en cursos que dictó en la Universidad de Nueva York en 2006.

“Es inconcebible que a un juez de la categoría de este calibre se le acumulen tres juicios instrumentados por entidades como Manos Limpias”, se queja Ontañón.

Informe: Juan Nicenboim.