Desde Río de Janeiro

“Quien niega el pasado es cobarde.” La frase del general Pedro Aguerre, comandante del ejército uruguayo, cae como sombrero papal sobre la cabeza de los cardenales de las fuerzas armadas brasileñas en situación de retiro. Muchos de ellos tratan de negar el pasado y lo hacen ostensiblemente. Cobardes todos.

Pero, más que un súbito ataque de cobardía, hay algo que necesita ser entendido en esa actitud. Los militares, lo sabemos bien, tienen una especie de culto fervoroso a la jerarquía y a la disciplina. ¿Cómo explicar, entonces, esa desairada ola de insubordinación, de insolente irrespeto, dirigida a la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, como asegura la Constitución, la presidenta Dilma Rousseff?

No ha sido por mero azar ni por un brote de resentimiento que el Club Militar, que agrupa a los retirados de las tres armas, difundió una contundente nota exigiendo de Dilma Rou-sseff una reprimenda a dos de sus ministras, la de Derechos Humanos, Maria do Rosario Cunha, y la de la Mujer, Eleonora Menicucci, por los términos en que se refirieron a la dictadura que imperó en el país entre 1964 y 1985. Tampoco ha sido por distracción que aseguraron no reconocer autoridad en el ministro de la Defensa, embajador Celso Amorim. Dilma reaccionó y en un primer momento los militares retirados accedieron a retirar la nota de la página institucional del Club Militar en Internet, con sus 98 firmas. Pero cuando la presidenta determinó que los responsables fuesen castigados, empezó el alboroto.

Primero, los cabecillas de los uniformados retirados presionaron a los comandantes en activo. No aceptaban ser reprimidos. Segundo, aseguraban contar con respaldo legal para opinar. Y el texto volvió con 784 firmas (hasta la noche de ayer). Entre ellas, las de 64 oficiales-generales del ejército y de la fuerza aérea (ningún oficial-general de la Armada había adherido), 334 oficiales superiores (o sea, con rango de coronel), 192 oficiales y unos 200 civiles. Un número significativo, aunque el verdadero nudo sea otro: ¿por qué hacen silencio los comandantes de las tres armas? ¿Cuál el grado de impunidad con que cuentan los insolentes?

La ley brasileña es clara: a los oficiales retirados se les permite una serie de prerrogativas que son vedadas a los activos. Pueden postularse a elecciones, por ejemplo. Pueden emitir opiniones políticas y criticar a gobernantes. Pero en ninguna línea de ninguna ley está permitido que cometan actos de insubordinación, que desacaten a sus superiores, que desafíen a la presidenta. Y es lo que están haciendo.

Uno de los que niegan el pasado, el general retirado Luiz Eduardo Rocha Paiva, dice que el periodista Vladimir Herzog no ha sido asesinado bajo tortura, sino que murió “en una situación dudosa”. Dice que nunca supo de torturas en el ejército. Dice dudar de que la presidenta haya sido torturada a lo largo de sus más de dos años de cárcel. Y, para redondear, pregunta si Dilma Rousseff será convocada a dar testimonio frente a la Comisión de la Verdad, como supuesta cómplice de un atentado practicado por una organización armada que resultó en la muerte de un conscripto durante un ataque a un cuartel del ejército.

Es más que evidente que se trata de una clara reacción preventiva a la instalación de la Comisión de la Verdad, cuya tarea es precisamente sacudir a los cobardes, o sea, revisar el pasado. A dejar de negarlo.

Lo que llama la atención es, en primer lugar, que varios de los que ahora se manifiestan sean oficiales recién pasados a retiro, que hasta hace poco ocupaban puestos de relieve en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y de Lula da Silva.

En segundo lugar, lo que ocurre muestra que el tema de la memoria, de la verdad y de la justicia ha sido apenas tocado de roce en Brasil a lo largo de los últimos 27 años, cuando regresaron los civiles al poder. Siguen impunes los responsables por los crímenes de lesa humanidad. Y, más que impunes, siguen llenos de soberbia en su sacrosanta impunidad.

Es importante recordar que todo eso ocurre cuando un fiscal de la misma Justicia Militar, Otavio Bravo, decidió abrir investigación judicial sobre cuatro casos de desapariciones, o sea, de asesinatos durante la dictadura. Hay casi doscientos casos documentados, pero el fiscal decidió empezar por cuatro.

La tesis de Otavio Bravo asustó a los que niegan el pasado: el Supremo Tribunal Federal, corte máxima brasileña, declaró que la desaparición forzada es equiparable al crimen de secuestro, que no prescribe. Si hubo secuestro, y si el secuestro es un “crimen continuo”, no puede haber prescripción ni amnistía hasta que no aparezca el secuestrado o su cadáver. Y si aparece el cadáver, los responsables serán denunciados por el crimen de ocultación.

En realidad, el brasileño sigue la senda abierta por sus colegas chilenos. O sea: un fiscal de la Justicia Militar, otra excrecencia heredada de la dictadura, actúa a favor de la verdad. Ahí está el nudo de esa crisis: el miedo de los cobardes. La soberbia de los que se creen impunes.

¿Cómo Dilma Rousseff enfrentará ese problema, cómo logrará superar ese obstáculo? ¿Qué pasará a los insubordinados que temen al pasado?

De todas formas, una cosa ya está a la vista: las heridas de la confrontación entre los militares que violaron la Constitución y se apoderaron del país a lo largo de una noche de 21 años, y los que consagraron su juventud –y sus vidas– a la resistencia, están lejos de cicatrizarse.

Los que resistieron padecieron exilio, cárcel, torturas, persecución, muerte. Los golpistas padecen del peor de los males: el temor a la memoria, la verdad. El pavor al pasado. Padecen la enfermiza condición de cobardes sin otro remedio que la insolencia asegurada por la impunidad.