“Queremos demostrar que el derecho está vivo y puede dar batalla frente a la fuerza de las armas”, afirmó ante Página/12 el fiscal federal Eduardo Freiler poco antes de estampar su firma en un dictamen para que sean juzgados en Argentina los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos en Irak. Así quedará impulsada en los tribunales locales la denuncia presentada ante la Procuración General de la Nación por la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) para que los ataques generalizados o sistemáticos contra las poblaciones, los ametrallamientos de personas en las rutas, la destrucción de instalaciones de comunicación telefónica y televisiva, y la creación de obstáculos deliberados e insuperables para la provisión de agua y medicamentos a los civiles cometidos en aquel país sean juzgados bajo las normas del derecho universal. Además, Freiler pedirá que se investigue la actitud del gobierno argentino ante una solicitud de la ONU para que Aerolíneas Argentinas transporte tropas, a la que Eduardo Duhalde no se habría opuesto. “No es mensaje en un botella arrojado al mar, es una posición activa frente a una guerra ilegal, una respuesta desde el derecho”, completó el fiscal.
La AABA había iniciado la demanda por conspiración contra la paz y asociación ilícita para cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad antes del inicio de la invasión. Un grupo de abogados de la institución, encabezada por José María Pizzorno y Ernesto Moreau, acusó a altos funcionarios públicos de Estados Unidos, Gran Bretaña, España e Italia, que no estén amparados por la inmunidad de jefes de Estado. En su escrito inicial sugirieron que no lo están el secretario de Defensa Donald Rumsfeld o el secretario de Estado Colin Powell. “No es una apuesta utópica, se trata de hacer avanzar el derecho”, expresó Alberto Pedroncini, uno de los nueve abogados que acompañaron la iniciativa. La presentación realizada en febrero ante la Procuración fue ampliada en varias oportunidades. En la última mencionaron el ataque al hotel donde se alojaban los periodistas acreditados en Bagdad como la “esencia del crimen de guerra”. Pero enfatizaron que los centenares de niños y mujeres mutilados y asesinados “deben tener la misma tutela en el derecho de gentes”. Freiler dedicó varias líneas al asesinato del periodista español Julio Anguita Parrado, y a la posibilidad de que la Justicia española se sume a la iniciativa argentina.
Con el impulso del fiscal, la denuncia será sorteada entre los jueces federales de la Capital, y un colega de Freiler deberá expedirse sobre su viabilidad. En caso de que determinen que lo denunciado no es delito, o que no es jurisdicción de la Justicia local existe una tercera posibilidad: que Argentina tome la iniciativa y formule la acusación ante la flamante Corte Penal Internacional. En coincidencia con el planteo de la AABA, Freiler dirá que la Justicia argentina sí es competente para entender en esta denuncia porque el bien jurídico lesionado es la paz, entendida como valor universal. Los denunciantes habían argumentado que existe reciente jurisprudencia de tribunales argentinos que sostuvieron el carácter de fuente de derecho internacional de la Carta y el Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg. Esto ocurrió en las causas por apropiación sistemática de menores durante la dictadura y por la Operación Cóndor. Si bien en Argentina rige el principio de territorialidad, Freiler explicó a Página/12 que no es incompatible con el de jurisdicción universal, según el cual “cualquier juez de cualquier país puede intervenir cuando se haya cometido un delito contra el derecho de gentes, independientemente de la nacionalidad de la víctima y del victimario, y del lugar donde se haya cometido”.