El gobierno de Mariano Rajoy consiguió la convalidación de su drástica reforma laboral y de paso obtuvo su primera victoria en el Congreso de los Diputados. A partir de esta conquista, se abarata y facilita el despido, con más apoyos políticos que su propia mayoría absoluta. El decreto-ley por el que se aprobó la reforma, que cuenta con el rechazo de los dos grandes sindicatos españoles, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), recibió 197 votos a favor y 142 en contra, anunció el presidente de la Cámara baja, Jesús Posada Moreno, tras la votación con la que se inicia el trámite parlamentario. El gobernante Partido Popular (PP), que cuenta con mayoría absoluta, logró sumar el apoyo de los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió (CiU), de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias, todos grupos conservadores. El Partido Socialista (PSOE), principal fuerza de oposición, y el resto de grupos de la llamada izquierda parlamentaria expresaron un rechazo contundente a la reforma con su voto en contra.

La reforma rebaja la indemnización por despido improcedente para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades en lugar de 42 como hasta ahora, si bien se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores que ya son fijos. Para los contratos antiguos, la nueva indemnización de 33 días sólo será de aplicación para el período de trabajo que se realice una vez que la norma se apruebe. Entre las medidas propuestas por los sindicatos figura eliminar el contrato de prueba de un año sin indemnización para las Pymes por otro con una indemnización que crecería trimestre a trimestre durante el primer año.

La aprobación del decreto se daba por descontada debido a la hegemonía del PP en el Congreso, por lo que el dato más relevante que deja la votación es que la reforma se tramitará como proyecto de ley para que todos los grupos puedan presentar enmiendas. La ministra de Empleo española, Fátima Báñez, defendió la reforma calificándola como “completa, integral y equilibrada”, como la vía para frenar la “sangría del paro (desempleo)”, que afecta a casi cinco millones de personas en España, el 23,3 por ciento de la población activa, la tasa más alta de la Unión Europea y el doble de la media. Báñez destacó que la medida cuenta con “apoyo internacional”, por el respaldo obtenido desde la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y aseguró que el gobierno tuvo en cuenta el “diálogo social” tejido con los sindicatos y empresarios.

Tras la votación de ayer, el propio Rajoy lamentó, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, que los sindicatos no apoyen la reforma, ya que es lo que “necesita España y los españoles para que haya crecimiento económico y creación de empleo”. Por el contrario, la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, sostuvo en su intervención que la reforma del PP es “inútil” y “sólo supone abaratar el despido”, puesto que “escapa a cualquier control sindical, judicial y administrativo”. “En un momento de recesión y grandes ajustes presupuestarios, plantear cualquier reforma que destruya empleo es una barbaridad económica”, aseguró Rodríguez.

La diputada socialista reiteró que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el contrato de prueba de un año y sin indemnización que crea la reforma. “Nadie puede ser despedido sin causa”, subrayó la diputada socialista. Entre los diputados opositores, Joan Tardá, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), fue el más duro con la reforma del PP, a la que calificó de “atentado laboral” y “terrorismo empresarial”. “Con esta reforma se crea el esclavo laboral de las sociedades posindustriales del siglo XXI”, dijo Tardá. Los sindicatos, que protagonizaron una masiva protesta contra la reforma laboral el pasado 29 de febrero, tienen preparada una nueva movilización para el próximo domingo en toda España.