Brasil dio un paso adelante en el tratamiento de delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. Ayer, cuatro procuradores públicos de ese país anunciaron la primera demanda penal por crímenes perpetrados por la dictadura militar, que se extendió entre 1964 y 1985. Según informó el fiscal y procurador de la república, Tiago Rabelo, en la presentación judicial elevada por el Ministerio Público fiscal vinculada con el secuestro de cinco guerrilleros brasileños, se acusa a Sebastiao Curió Rodrigues, coronel de la reserva del ejército de Brasil de Moura, conocido como Dr. Luchini, por el secuestro de cinco militantes que fueron capturados durante la represión a la guerrilla del Araguaia, en la década del ’70, y que se encuentran hasta hoy desaparecidos. La denuncia criminal será presentada hoy a la Justicia de la ciudad de Marabá, en el estado amazónico de Pará, en el que actuó esa guerrilla, adelantó Rabelo, que trabaja en esa jurisdicción, durante una rueda de prensa en la que participó junto a otros tres procuradores de San Pablo y Rio Grande do Sul, que acompañaron la denuncia contra el militar.

“Los secuestros son crímenes permanentes. No podíamos cerrar los ojos porque es necesario responsabilizar a los involucrados en un crimen que continúa y no puede ser abarcado por la Ley de Amnistía”, dijo el fiscal Rabelo. Después de tres años de investigación, los denunciantes sostienen que Célia Corrêa (Rosinha), Hélio Magalhaes (Edinho), Daniel Callado (Doca), Antônio de Pádua Costa (Piauí) y Telma Regina Corrêa (Lia), los cinco guerrilleros desaparecidos, “fueron secuestrados por tropas comandadas por el entonces mayor Curió, entre enero y septiembre de 1974 y, después de ser llevados a bases militares coordinadas por él y sometidos a grave sufrimiento físico y moral, nunca más fueron encontrados”.

“Las víctimas nunca fueron localizadas; el crimen de secuestro no termina. Por tanto, la Ley de Amnistía de 1979 no se aplica en este caso porque el delito sigue ocurriendo después”, señaló el fiscal Sergio Gardenghi Suiama, de San Pablo, argumentando los motivos de la demanda presentada contra Curió.

Los procuradores, que forman parte de un grupo que apoya la decisión de la Corte Interamericana, no descartaron la posibilidad de que puedan sumarse más denuncias civiles y penales. El presidente de la Orden de Abogados de Brasil, Ophir Cavalcante, expresó su simpatía por esta acción. Sin embargo, reconoció que sólo tendrá éxito en caso de que la Corte Suprema brasileña reconsidere su decisión de ratificar la validez de la Ley de Amnistía.

“La acción penal que estamos abriendo no enfrenta las decisiones de la Corte Suprema”, explicó Rabelo. Los procuradores basan su demanda en dos decisiones de la Corte Suprema, que aceptó extraditar a Argentina a dos ex militares por considerar que los delitos cometidos durante la dictadura, de los cuales el país los acusaba, no habían prescripto. Hasta el momento, el Estado brasileño ha reconocido a 400 muertos y desaparecidos durante la dictadura.

A diferencia del resto de los países del Cono Sur, no ha habido condenas penales en Brasil, ya que la Ley de Amnistía de 1979, cuya legitimidad fue ratificada recientemente por la Corte Suprema de ese país, protege a los represores y genocidas de ser castigados con cárcel o ser llevados a juicio. Más allá de la decisión de los Supremos, en varias ciudades del país familiares de víctimas y organismos de derechos humanos han presentado acciones civiles.

A fines de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió declarar a la Ley de Amnistía sin efectos jurídicos y ordenó a Brasil que determine las responsabilidades penales correspondientes y aplique sanciones por la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de cerca de 70 personas de la guerrilla del Araguaia.

La denuncia elevada por los fiscales enciende la polémica en Brasil, que aprobó recientemente la creación de una Comisión de la Verdad destinada a esclarecer los delitos de la dictadura, una iniciativa del gobierno que, sin embargo, no conlleva acciones penales, pero que recientemente provocó la reacción de las fuerzas armadas en Brasil. La presidenta Dilma Rousseff, ex presa política que sufrió tortura y cárcel durante la dictadura, sancionó en noviembre la creación de la Comisión de la Verdad. A pesar de su formación, sus miembros aún no han sido nombrados.

Los responsables de los clubes de las fuerzas armadas brasileñas, que representan a los militares en retiro, publicaron en febrero una carta con duras críticas al gobierno y a la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario, que dijo que en el futuro los militares podrían ser llevados ante la Justicia para responder por crímenes cometidos durante la dictadura.

Las dictaduras del Cono Sur latinoamericano comenzaron en Paraguay (1954-89) y siguieron en Brasil (1964-85), Uruguay (1973-85), Chile (1973-90) y Argentina (1966-73 y 1976-83), y se coordinaron en el denominado Plan Condor de persecución de opositores.