La rebeldía que mostró el presidente conservador de España ante la Comisión Europea duró poco. A diez días de haber anunciado en nombre de la soberanía española que relajaría el objetivo de déficit público en 5,8 por ciento en relación con el PBI, su ministro de Economía lo contradijo ayer. El déficit público del país ibérico será fijado en 5,3 por ciento, tal como se lo exigía Bruselas. El anuncio supone un ajuste adicional de 5000 millones de euros a los 30.000 millones ya previstos. En una actitud intempestiva, diciendo que no tenía que pedirle permiso a nadie, Rajoy había confirmado a principios de mes que el objetivo de déficit de 2012 se relajaría del 4,4% al 5,8 por ciento. “El 5,8 que quería el gobierno español está muerto”, fueron las elocuentes palabras del presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, quien sin embargo se hizo tiempo para lamentarse por el aumento de la pobreza y el desempleo en España. Juncker afirmó que la revisión del objetivo y la nueva meta exigida permitirán a España volver al crecimiento y supondrá un paso intermedio creíble para llegar al objetivo de 2013, un tres por ciento. Durante la reunión del Eurogrupo del lunes, los ministros de Economía pidieron al gobierno español que aplicase estrictamente los mecanismos previstos en la nueva ley de estabilidad presupuestaria con el fin de controlar la ejecución fiscal en todos los niveles de la administración.

“Estamos absolutamente comprometidos con el ajuste presupuestario, con las reformas estructurales y evidentemente, desde ese punto de vista, esa recomendación (reducir el déficit al 5,3 por ciento) va a ser aceptada por parte del gobierno español”, confirmó De Guindos, demostrando cuán soberana es España ante las exigencias de ajuste de la Eurozona. La Administración General del Estado asumirá casi en su totalidad el ajuste extra de 5000 millones de euros que Bruselas impuso al gobierno español, al obligarlo a reducir el déficit hasta el 5,3 por ciento. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, precisó en el Congreso de los Diputados que ese recorte adicional se hará a través de renuncias de proyectos de gastos e instrumentos fiscales equilibrados. “Se hará de manera que no afecten sobre todo a los más débiles.” El ministro hizo esas declaraciones en el pleno del Congreso de los Diputados, durante el debate sobre el nuevo objetivo de déficit y el techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado. El PP hará valer su mayoría absoluta para aprobar las medidas. Montoro descartó subas de impuestos inequitativas e injustas y aseguró que el hecho de que la administración central vaya a asumir la mayor parte de los 5000 millones adicionales de déficit no significa flexibilizar los objetivos de las autonomías.

Durante su alocución, Montoro hizo alusión casi permanente a la herencia recibida. Tras el turno de intervención de un diputado del PSOE, el ministro replicó inmediatamente al representante socialista, que ya había avanzado el no de los suyos al techo de gasto. Montoro acusó al PSOE de querer meter miedo a la sociedad española y reclamó una actitud positiva a la oposición. Apuntó que los mismos responsables que estuvieron en el gobierno hasta diciembre son los culpables de la desviación del déficit.

De Guindos dijo que no existía ningún tipo de contradicción entre el objetivo anunciado por Rajoy y la exigencia aceptada y volvió a recurrir a la soberanía. “Esta es una decisión soberana de España y es una decisión que se plantea en el conjunto de la Unión. La política fiscal de España es muy importante para España y también es muy importante para el conjunto de la Unión. Y España soberanamente acepta sus decisiones y también plantea sus presupuestos en el conjunto de la UE y, por tanto, yo no veo ningún tipo de contradicción al respecto”, afirmó. El Eurogrupo hizo suya la doctrina del ajuste que defienden la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE), el FMI (Fondo Monetario Internacional) y especialmente Alemania, que no veían con buenos ojos la decisión de España de relajar el objetivo de déficit a pesar del horizonte de contracción del PBI.

Tras asumir como presidente del gobierno, Rajoy anunció un plan de ajuste de 15.000 millones de euros, que comprende recortes de gastos y subas de impuestos, pero luego anunció que el ajuste sería del doble debido a la herencia del anterior gobierno socialista, que dejó un déficit dos puntos superior a lo previsto.

El tijeretazo se elevó entonces a 29.000 millones de euros y quedará reflejado en los presupuestos generales que el Ejecutivo presentará a fin de mes. El gobierno también aprobó una reforma financiera y laboral, que facilita y abarata el despido, que tuvo como repuesta la convocatoria a una huelga general para el próximo 29 de marzo.

Sin embargo, las medidas del gobierno siguen sin convencer a la UE, que exige un ajuste mayor pese a que la economía española continúa en recesión y la austeridad no logra poner freno al desempleo, que afecta a 5,2 millones de personas, el 23 por ciento de la población activa.