El gobierno boliviano y la Central Obrera Boliviana lograron ayer acuerdos preliminares en varios temas, como el de la salud y el de respeto al fuero sindical. También se anunció un pacto preliminar sobre la reactivación económica y con relación al destino que tendrán los 1200 millones de dólares de las reservas internacionales.

El acuerdo abre el paso para la consolidación de un convenio final. Según señaló a la Agencia Boliviana de Información (ABI) el principal líder sindical, Juan Carlos Trujillo, ambas partes quedaron en elaborar un decreto que deroga una disposición que repuso la jornada laboral de ocho horas en centros hospitalarios, medida que había originado el rechazo sindical. Se concertó además el respeto al fuero laboral y al tema de la penalización a la protesta laboral, al asegurar que la Central Obrera no aceptará ninguna imposición de los empresarios privados. En relación con lo discutido, Trujillo manifestó que se debe favorecer al sector productivo y minero para fortalecer la economía del país. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, consideró que la reunión con la central sindical fue importante y sustancial. Además ratificó el acuerdo para promulgar un decreto de no aplicación de la jornada laboral de ocho horas para trabajadores de la salud; también hizo mención a la convocatoria de una cumbre nacional que debatirá la nueva política de salud pública y gratuita.

El titular de la Presidencia señaló que se consensuaron las demandas de modificación al Código Penal, en el tema de la llamada criminalización de la protesta laboral, de lo cual aseveró que el Ministerio de Justicia tiene un proyecto que será presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El funcionario consideró importante el inicio de un acuerdo sobre los descuentos por los días no trabajados, tema en el que reveló que el Ejecutivo planteó una fórmula mixta, lo cual será analizado en una reunión ampliada de la Central Obrera. Por su parte, el presidente del colegio médico de La Paz, Luis Larrea, denunció que el gobierno busca dividir a los sectores movilizados, pues firmó diferentes acuerdos con cada uno, de manera indistinta, para dejar en suspenso el decreto impugnado y en otros declarar su inaplicabilidad.

Las protestas alcanzaron la semana pasada su punto más alto con un paro nacional de tres días, en los que hubo marchas masivas en las principales ciudades bolivianas que dejaron varias personas heridas. Según el informe oficial, los sindicatos y los universitarios se comprometieron a llevar adelante una cumbre social para una solución integral al tema de la salud. Los trabajadores exigían un decreto que anulara el que dictó el presidente Evo Morales en febrero, aumentando la carga laboral a los médicos.