Desde Brasilia

Dilma lloró y rió. Es inusual que la presidenta suelte sus emociones en público como lo hizo ayer al anunciar, observada por los ex mandatarios Lula y Cardoso –ellos también inusualmente próximos–, la Comisión de la Verdad sobre el terrorismo de Estado. La guerrillera incipiente que enfrentó en los ’70, de cabeza erguida, a una corte marcial en la que fue condenada por alzarse contra la dictadura, ayer flaqueó al evocar a los desaparecidos.

“Brasil merece la verdad, las nuevas generaciones merecen la verdad y, sobre todo, merecen la verdad factual aquellos que perdieron amigos y parientes y que continúan sufriendo como si ellos muriesen siempre y cada día (un país no merece tener) hijos sin padres, padres sin tumbas, tumbas sin cuerpos”, sostuvo Dilma antes de lagrimear.

Ese trecho del discurso ofrece una pista de los objetivos del colegiado de siete miembros, ninguno de ellos perteneciente a organismos de derechos humanos: encontrar los cuerpos de los cientos de opositores al régimen que desaparecieron entre 1964 y 1985.

Dilma creó en apenas un año, cuatro meses y 16 días el primer organismo de Estado, respaldado por ley, dotado de facultades para citar testigos y sospechosos, solicitar archivos y esclarecer delitos. Puesto en otras palabras: ella hizo más que los cinco presidentes civiles que se sucedieron en el poder desde el fin del régimen de facto. Sonriente, descendió ayer la rampa que une su despacho con el salón de actos en el segundo piso del Planalto, secundada por su mentor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente honorario del Partido de los Trabajadores, y Fernando Henrique Cardoso, referente del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña.

Reunir a Lula, aún no repuesto por completo de su tratamiento contra el cáncer, y su eterno contrincante Cardoso en un acto de tamaña relevancia institucional es una proeza política. Y eso no es todo, también estuvieron en el palco del Palacio los ex mandatarios conservadores José Sarney y Fernando Collor de Mello. Así es Dilma, intransigente en los objetivos (construir la comisión a como sea) y conciliadora con los adversarios de centroderecha (léase Cardoso) abiertos a sumarse a una patriada cívica capaz de repechar el golpismo verbal de los militares retirados y algunos activos.

“Esta no es la comisión ideal, hay gente que la hubiera querido más aguerrida, pero es lo que se podía hacer. Dilma tuvo que resistir una presión muy fuerte de los militares y prácticamente todos los medios, con su campaña de desprestigio. Confío en la presidenta y espero que esta comisión nos dé respuestas a nuestra búsqueda de hace décadas”, plantea Vera Paiva.

Es hija del diputado desaparecido desde 1971 Rubens Paiva, un militante progresista secuestrado en Río de Janeiro por facilitar cobertura a la resistencia armada. La desaparición de Paiva y de unos 60 guerrilleros del Partido Comunista en Araguaia, región amazónica, suenan como dos casos a ser indagados por la comisión, que también puede abordar la muerte del ex presidente Joao Goulart, fallecido durante su exilio argentino en diciembre de 1976, cuando estaba en la mira de los servicios de inteligencia del Plan Cóndor.

Será difícil que el organismo pueda dar cuenta de todas las denuncias de asesinatos y desapariciones hasta fines de 2014, plazo establecido para que presente su informe final. Aún así un grupo de locuaces marinos retirados, con el aval del presidente del Club Naval, crearon una Comisión de la Verdad Paralela con el fin de presionar para que se abran procesos sobre las acciones de la resistencia armada.

“Después de la Segunda Guerra nadie hubiera puesto en un pie de igualdad al general Charles De Gaulle con los nazis que ocuparon París. No había dos lados. En la dictadura no había dos lados, a los únicos que se les ocurre hablar de dos lados es a los militares y a los medios”, apunta Vera Paiva.

La puesta en funciones del grupo de trabajo ocurrida ayer en Brasilia es la apertura de un relato abierto, que puede derrapar en un fracaso o abrir paso a la Justicia. La ley que creó la comisión, en octubre del año pasado y luego de enhebrar acuerdos con parlamentarios conservadores, prohíbe expresamente presentar las investigaciones ante los magistrados, pues reconoce la vigencia de la amnistía decretada por el dictador Joao Baptista Figueireido en 1979.

En su discurso, la presidenta fue muy mesurada y defendió expresamente que la comisión se ajuste a su misión, la de esclarecer los hechos sin procesar a sus responsables. “Al instalar la Comisión de la Verdad no nos mueve el revanchismo o el odio o el deseo de escribir una historia diferente de lo que aconteció, nos mueve la necesidad imperiosa de conocerla.”

“La fuerza puede esconder la verdad, la tiranía puede impedir que circule libremente, el miedo puede postergarla, pero el tiempo acaba por traerla a la luz. Hoy ese tiempo llegó”, sentenció la presidenta desde el atril.

Pero a pesar del discurso de la presidenta el gobierno no renuncia por completo a que los casos lleguen a la Justicia, como lo ha dicho en varias entrevistas la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes.

El camino para que los acusados sean juzgados es hacer respetar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual los delitos de lesa humanidad no pueden ser alcanzados por ninguna amnistía.