El general retirado y ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt cumplió ayer su primer día de arresto domiciliario con doble cerrojo por orden judicial en Guatemala. Ríos Montt está acusado de la matanza de 201 campesinos en 1982 y anteriormente de genocidio, y a la espera de que la Justicia resuelva, en tres meses, si es llevado a juicio. Este es el segundo proceso al que quedó ligado Ríos Montt, quien en enero, días después de perder su inmunidad como parlamentario (no fue reelecto en los comicios de septiembre de 2011), fue ligado a un proceso por el delito de genocidio, junto a otros ex jefes militares.

En este primer juicio por genocidio, el tribunal a cargo le otorgó, como medida sustitutiva de prisión, el arresto domiciliario. Un vehículo con insignias policiales permanece a partir de ayer frente al domicilio del ex dictador, en un inmueble ubicado en un sector residencial de alto poder adquisitivo de Guatemala, a pocos minutos del centro de la capital.

Mientras, los abogados del militar retirado, de 86 años, iniciaron ayer la preparación de la defensa y adelantaron que basarán su estrategia en demostrar que en Guatemala “no hubo genocidio”.

La jueza Carol Flores, titular del Juzgado Primero de Mayor Riesgo, resolvió tipificar el delito como “genocidio y deberes contra la humanidad”, y no como asesinato, como pretendía el Ministerio Público (MP), lo que le permitió otorgar el arresto domiciliario. Flores rechazó la solicitud del MP de dictar prisión preventiva contra el acusado pues estimó que “no existe peligro de fuga”.

El primer caso es el de la masacre en la comunidad Dos Erres, ocurrido en el norteño departamento de Petén, a unos 450 kilómetros al norte de la capital, el 7 de diciembre de 1982, durante su mandato de facto (1982-83). Durante la audiencia del lunes, Ríos Montt alegó inocencia, después de que la fiscalía le formulara cargos por la matanza de 201 campesinos, en su mayoría mujeres y niños. Durante la audiencia, el fiscal Julio Leal dijo que Ríos Montt tuvo conocimiento de esta matanza.

Según Leal, Ríos Montt autorizó que patrullas militares ingresaran a la comunidad para recuperar 23 fusiles que el ejército había perdido durante un combate con la guerrilla dos meses antes de la masacre. “El ejército y las Patrullas de Autodefensa Civil (paramilitares) atacaron a población civil no combatiente, a quienes consideraron enemigos internos”, expuso el fiscal. Ríos Montt “estaba enterado de las acciones de la patrulla kaibil (fuerza de elite) en esa comunidad”, dijo por su lado el querellante, Edgar Pérez. El fiscal acusó a Ríos Montt de asesinato y delitos contra los deberes de la humanidad.

Ríos Montt, aparte, enfrenta otro proceso por el delito de genocidio, por el cual, en enero, un tribunal le dictó arresto domiciliario. El militar retirado no fue reelecto diputado al Congreso Nacional en los comicios generales de septiembre de 2011, por lo que el pasado 14 de enero dejó su escaño y automáticamente perdió su inmunidad ante la ley.

Recientemente, el tribunal que conoce el primero de los procesos en su contra denegó una solicitud del militar para ampliar la medida sustitutiva del arresto domiciliario y que consistía en la autorización a salir de su casa, pero sin abandonar el país.

El año pasado, cinco ex militares que integran la patrulla que dio muerte a los pobladores fueron condenados a purgar 6060 años de prisión por este hecho. Posteriormente, el pasado 13 de marzo, por este mismo caso, el Tribunal de Mayor Riesgo condenó a un ex oficial de una fuerza de elite del ejército guatemalteco, Pedro Pimentel Ríos, a la misma pena (30 años de prisión por cada asesinato y 30 más por delitos contra los deberes de la humanidad). La sentencia es simbólica, porque la legislación penal guatemalteca establece como pena máxima 50 años. En esa oportunidad, el tribunal ordenó investigar la cadena de mando del ejército.

El tribunal les dio valor probatorio a los testimonios de familiares de las víctimas, quienes expusieron que miembros del ejército incursionaron en el lugar vestidos de guerrilleros. La prueba contundente dentro del juicio fue la declaración de dos ex kaibiles que participaron en la masacre y ahora son testigos protegidos del MP. La misma pena impuesta a los ex militares sería, eventualmente, impuesta a Ríos Montt, de acuerdo con la acusación del MP.