Por estos días empezó a trabajar, en Brasil, la Comisión de la Verdad, nombrada por la presidenta Dilma Rousseff en una ceremonia cercada de formalismos y solemnidad. Para empezar, ella invitó al acto a los cuatro ex presidentes de la redemocratización del país, para dejar claro que su intención ha sido la de instaurar una política de Estado, y no apenas de gobierno. Estaban José Sarney –actual presidente del Senado y quien, a lo largo de la dictadura militar que sofocó a mi país entre 1964 y 1985 integró el partido de respaldo político al régimen–, Fernando Collor de Mello, catapultado del poder en 1992 luego de un juicio por corrupción en el Congreso.

Pero estaban también Fernando Henrique Cardoso, que en 1995 pidió perdón, en nombre del Estado, a los torturados, exiliados, presos, asesinados y desaparecidos por la dictadura, además de haber determinado el pago de indemnizaciones a las víctimas y a los familiares, y Lula da Silva, del PT, el primer partido declaradamente de izquierdas a llegar al poder. La Comisión tendrá dos cortos años para investigar un sinfín de crímenes cometidos por agentes públicos durante la larga noche del terrorismo de Estado implantado luego del golpe cívico-militar de 1964. No habrá punición a los culpables. La Suprema Corte brasileña ratificó, en 2010, la validad de una esdrújula Ley de Amnistía decretada en 1979, y que dispuso –en plena dictadura– la autoamnistía a militares y agentes policiales.

Si comparado a lo ocurrido en Chile, Uruguay y, principalmente, Argentina, queda claro que el proceso brasileño viene siendo mucho más lento, débil y frustrante, principalmente para los que creen que mientras haya impunidad no habrá justicia, y que, sin justicia, no habrá plena democracia.

De todas formas, también es justo recordar que aquí mismo, en Argentina, hubo vueltas y pausas, hasta que el país pudiese asumir, en 2003, la vanguardia en ese proceso de rescate y recuperación de su pasado.

Además, y pese a toda la demora y al poco espacio que se vislumbra para la plena aplicación de la Justicia, el proceso brasileño sirvió para empezar a agitar, aunque todavía de manera muy puntual, áreas de silencio y de sombra en la sociedad.

Le costó a Dilma, en primer lugar, aguantar la insolente prepotencia de la insubordinación de los militares retirados. Ese movimiento amainó, pero está lejos de terminar. Ahora mismo, un general retirado, Leonidas Pires Gonçalves, que ocupó el Ministerio del Ejército en el primer gobierno civil luego de la dictadura –la presidencia de Sarney– dijo, al criticar duramente la Comisión de la Verdad, que si se da el caso, las fuerzas armadas podrán reasumir sus responsabilidades.

No hay, que se sepa, ningún diagnóstico clínico atestando que el veterano militar sufre, a sus 91 años, de los males de la demencia senil. Por lo tanto, hay que creer que está lúcido al hacer semejante amenaza.

Habrá, por supuesto, más amenazas de ese calibre. Los militares retirados, al amparo sorprendente del silencio omiso de los en actividad, no pierden oportunidad para manifestar su plena insatisfacción frente a lo que califican de “revanchismo”.

Una de las reacciones, que por cierto cuenta con amplio respaldo de sectores reaccionarios que hasta ahora vivían más bien en silencio –el silencio cómodo y seguramente interesado de la complicidad con la impunidad–, es el anuncio, por parte de integrantes del Club Naval, de la instalación de una comisión de la verdad paralela. O sea, militares retirados harán su propia investigación sobre lo que dicen ser los crímenes practicados por los subversivos, que es como todavía clasifican a los que se levantaron contra la dictadura.

Lo realmente curioso es lo que ocurre al otro lado, es decir, entre los que defienden no sólo la labor de la Comisión de la Verdad, como la necesidad de buscar medios y espacios que se haga justicia.

En los más diversos puntos del mapa brasileño, el Ministerio Público, a través principalmente de fiscales jóvenes, que en su inmensa mayoría siquiera habían nacido durante los años más negros del terrorismo de Estado, piden apertura de juicios contra notorios asesinos y torturadores, ignorando la Ley de Amnistía. Hasta ahora, todas esas iniciativas fueron derrotadas por los tribunales, que argumentan que, con la validad de esa ley anacrónica está asegurada la impunidad de los denunciados.

La secuencia de causas abiertas por las diferentes delegaciones regionales del Ministerio Público, en todo caso, insinúan que el proceso no cesará.

Otro fenómeno jamás experimentado antes –y que los argentinos conocen bien– es el del “escrache”, como se dice aquí, o el “esculacho”, como se dice en Brasil.

En los últimos dos meses, se repiten movilizaciones de jóvenes –siempre los jóvenes que no han padecido la dictadura, lo que quita a sus acusadores el argumento de “revanchismo”– frente a domicilios de torturadores, violadores, secuestradores y asesinos. Distribuyen folletos y fotos, advirtiendo a atónitos vecinos que en su mismo edificio vive un tipo que fue criminal y que se ampara en la impunidad asegurada por una legislación vergonzosa.

Algo es algo. Todavía es una movilización limitada, casi quijotesca, casi sin espacio en los medios de comunicación. Exactamente como empezaron, hace unos treinta y pocos años, las movilizaciones pidiendo el fin de la dictadura, el regreso de los exiliados y la recuperación de la democracia.