El cierre de la 42ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Cochabamba, Bolivia, mostró un escenario complejo para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en particular, en el que se mezclan críticas razonables y necesidades de reformas con posiciones de ciertos líderes de la región que están disconformes con un sistema de supervisión supranacional. La Asamblea dejó como saldo un riesgo cierto para el futuro de la herramienta de protección regional más valiosa con la que cuentan los habitantes del continente.

Si bien en esta oportunidad no se lograron los consensos necesarios para que sean los Estados los que directamente impongan cambios sobre algunas herramientas de trabajo de la CIDH –medidas cautelares, estructura y contenido de su informe anual, trabajo de sus relatorías, entre otros aspectos—, lo resuelto deja latente esta posibilidad.

La Asamblea decidió que sea el Consejo Permanente de la OEA el que formule propuestas —“en diálogo con todas las partes involucradas”— para implementar reformas que serán consideradas por una próxima Asamblea General Extraordinaria. Si, al momento de encarar esta tarea, los Estados no reconocen que debe ser la CIDH la que encabece este proceso y ceden ante la tentación de decidir cuestiones, avasallando su autonomía y/o limitando competencias de gran importancia para la protección de derechos fundamentales, estaremos en un escenario adverso para los derechos humanos de nuestros pueblos.

Más allá de las críticas que merece la OEA en el actual contexto político de la región, no cabe duda de que en medio siglo de funcionamiento los Estados y las sociedades de la región han construido un sistema de protección de los derechos humanos con importantes hitos para países de América latina y, sobre todo, para sus pueblos. Su actuación resultó fundamental tanto frente al terrorismo de Estado como durante las épocas de transición y, más recientemente, para la consolidación de las instituciones democráticas y la reparación de víctimas de procesos históricos o estructurales de discriminación.

En el caso argentino, es innegable que la visita de la Comisión Interamericana en el año 1979 y su posterior informe constituyeron un punto de inflexión frente a los crímenes de lesa humanidad que caracterizaron la época. Años más tarde, la CIDH determinó la incompatibilidad de las leyes de obediencia debida y punto final con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que constituyó un precedente esencial para la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2005 y la reapertura de los juicios por el terrorismo de Estado en la Argentina.

Más recientemente, la sanción de un nuevo Código de Justicia Militar y de una nueva Ley de Migraciones, ambos respetuosos de los estándares internacionales de derechos humanos, tienen indudable relación con la labor de la Comisión. Del mismo modo, la derogación del delito de desacato y la despenalización de las calumnias e injurias para expresiones de interés público han sido posibles a partir de casos presentados ante los órganos del SIDH.

No desatender esta historia implica que, en esta etapa que se inicia y a diferencia de lo que sucedió en la pasada Asamblea General, la Argentina retome el liderazgo que ha tenido en defensa del Sistema –y la Comisión en particular– desde el retorno a la democracia, rol que le ha valido presentarse como referente de derechos humanos en la región y en el mundo. Cuando nos sumamos a la postura de otros países, cuyos objetivos hoy no están necesariamente comprometidos con el fortalecimiento genuino de la Comisión Interamericana, no sólo perdemos aquel liderazgo, sino que no honramos la importancia de la CIDH en nuestra historia reciente. Por esta razón, la Argentina debe adoptar una postura inequívoca en el Consejo Permanente que apueste al fortalecimiento de las competencias de la CIDH y a la preservación de su autonomía, en tanto principal mecanismo de tutela de derechos de los habitantes de la región.

* Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).