Desde Roma

Presionado por la gente, que en estos días está pagando con una mueca de dolor el nuevo impuesto sobre los inmuebles (IMU), y por los partidos políticos, los industriales y los sindicatos que piden urgentes medidas para reactivar la economía, el Consejo de Ministros de Italia se apuró a aprobar ayer el llamado “decreto desarrollo”, 61 artículos que en 70 páginas apuntan al “crecimiento económico y a la reducción del peso del Estado”, según explicó el primer ministro Mario Monti en rueda de prensa.

Serán utilizados recursos por valor de 80.000 millones de euros, parte de los cuales provendrá de los recortes aplicados a los ministerios y a la administración pública en general, calculados en 25.000 millones de euros. El ministro de Desarrollo Económico, Corrado Passera, explicó que otros recursos provendrán de una nueva figura financiera –al menos para Italia– llamada “project bond”, que prevé la venta de bonos a los privados en el momento que se presenta un proyecto y que permite captar capitales para desarrollarlo.

Mucho se había hablado en Italia de las medidas para estimular el crecimiento económico que no llegaban nunca, sobre todo desde que los distintos planes de recortes impuestos por el gobierno de Silvio Berlusconi y luego de Mario Monti hundieron a la población en la desesperación, por el aumento de los precios, los impuestos, los servicios, incluso de la salud, y por el incremento de la desocupación y el cierre de las empresas. Los sindicatos y algunos partidos del centroizquierda, como el Partido Democrático e Italia de los Valores, así como expertos economistas, vienen insistiendo en que los recortes han reducido la demanda y en consecuencia estimulado la recesión. Por eso subrayaban la necesidad de un plan que estimulara el crecimiento económico que en Italia, en el 2012, se prevé igual o menor a cero.

Entre las disposiciones aprobadas ayer –que de todas maneras tendrán que pasar por el Parlamento– se destaca la supresión del IMU por un máximo de tres años, para los inmuebles en construcción destinados a empresas y una disminución impositiva para las industrias que estén readecuando su fuente energética, es decir que estén pasando a un sistema de “energía limpia”, como solar, eólica y otras. Un fondo especial, además, ha sido creado para las empresas que invierten en proyectos ecológicos. También algunas de ellas podrán gozar de beneficios impositivos si contratan personal calificado o jóvenes menores de 35 años.

Pero posiblemente como ninguna otra, una de las medidas en particular da una idea de la profundidad de la crisis, casi como en tiempos de posguerra: la creación de un fondo para la financiación de programas nacionales de distribución de los productos alimentarios de amplio consumo, como cereales, aceites, azúcar, a las personas indigentes.

Otra de las decisiones que darán que hablar es el recorte del 20 por ciento de los dirigentes y del 10 por ciento de los empleados de otros niveles, tanto de la presidencia del Consejo de Ministros como del Ministerio de Economía y que tendrán efecto inmediato. Se pide además que cada ministerio presente un programa de racionalización de gastos a corto y mediano plazo. Esta decisión, dado que quiere decir nuevos despidos, desencadenará seguramente nuevas batallas por parte de los sindicatos, aunque de alguna manera también responde a los que piden recortes en la burocracia y en los beneficios que tienen los altos dirigentes de los ministerios. La sede de la presidencia del Consejo de Ministros, por lo demás, es considerada a menudo como un antro de “recomendados” de los distintos gobiernos.

Simplificar la administración pública significará también simplificar el proceso judicial civil que en principio no deberá durar más de seis años. Un juez, por lo demás, evaluará si corresponde que sea admitida la instancia de apelación en esos procesos. “Esto no significa anular la apelación como parte de la Justicia, sino evaluar si realmente corresponde hacerla”, explicó la ministra de Justicia, Paola Severino.

El gobierno ha decidido vender una serie de empresas estatales para seguir reuniendo fondos. Por ahora se habla de Fintecna, Sace y Simest, que significarán 10.000 millones de euros, pero eso estará destinado a la reducción de la deuda pública, se explicó. Se habla de la venta, además, de numerosos inmuebles que el Estado posee por todo el país.