Por Pilar Lozano *
Desde Medellín

¿Mano dura?, o ¿flexibilizar las condiciones para lograr un intercambio de secuestrados en manos de las FARC, por hombres de esta organización guerrillera hoy en prisión? Este es el debate que divide hoy a Colombia. En un viejo debate agudizado desde el pasado lunes, cuando en un fallido operativo de rescate de secuestrados, las FARC asesinaron al gobernador de Antioquia, a su asesor de paz y a ocho militares. En la marcha silenciosa que acompañó el jueves pasado en esta ciudad el cortejo fúnebre del gobernador Guillermo Gaviria, un hombre que portaba una pancarta donde se leía “Uribe, militares: firmes” justificó a este periódico su dura posición: “Es la única manera para que la guerrilla entienda que no van a conquistar el poder”.
A su lado, alcaldes y habitantes de los municipios de Oriente, los más azotados por la violencia en este departamento, pregonaban que seguirán adelante con su “laboratorio de paz”, una política de diálogo con la cual han logrado bajar los índices de muerte. Y apoyan a los familiares de los más de 3000 secuestrados –políticos y de carácter económico– que hay hoy en Colombia, que piden al gobierno avanzar en el camino de un intercambio humanitario flexibilizando sus duras condiciones. “¡Ni un rescate más!” , han exigido estas familias a un gobierno que anunció ya que seguirá intentando la libertad de los cautivos mediante operativos militares. La Iglesia tiene claro que primero está la vida. Dice que sólo se debe intentar un rescate en caso de existir una alta posibilidad de éxito. “El gobierno debe utilizar más la inteligencia que las armas”, dijo el obispo de Popayán.
Al alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, uno de los personajes que estuvo en Medellín dándoles el adiós a los políticos asesinados, le preocupan las consecuencias del “no hacer nada y convivir con el chantaje, con la presión a lo largo de meses y años”. Ve como legítimos los rescates y opina que “los costos que paga el Estado por impedir ciertas situaciones pueden ser menores que los costos de permitirlas”. Pero este filósofo y matemático es partidario del “tercer camino”, el de la no violencia, a través de la resistencia civil. “Por la vía del fortalecimiento del ejército y de la policía –aseguró Mockus– el camino va a ser muy largo y muy costoso; puede ser más corto si los ciudadanos nos expresamos con métodos no violentos”. Y cita como ejemplo el caso de los indígenas del departamento de Cauca, al sur del país, que recientemente, la misma noche del secuestro del alcalde de Silvia, armados con sus bastones, y poniendo en riesgo sus vidas, fueron a rescatarlo: lo lograron.
Muchos tildan hoy al gobernador asesinado, y a muchos de los seguidores de su política de no violencia, de haber pecado de ingenuos. Creían que estar a favor de la paz los hacía inmunes a las balas de las FARC. Pero les dispararon a sangre fría. Y esta realidad genera otra polémica: el gobierno dice que no hubo error en el operativo de rescate, que el país no sabe que está tratando con unos “bandidos sin sentimientos”. Pero esta afirmación pude tener una lectura al revés: ¿No es error del gobierno desconocer la irracionalidad del enemigo? León Valencia, ex guerrillero y hoy analista político, asegura que las FARC cumplieron con lo que siempre habían afirmado: no permitir el rescate de ningún secuestrado y no dar combate: por esto huyeron sin llevarse a sus rehenes.
Lo único cierto es que el país perdió a dos hombres No violentos. El gobernador escribió en una carta a su padre, leída en su sepelio: “La guerrilla decidió desoír el clamor por la No violencia... prefirieron arrebatarnos, junto con la libertad, la posibilidad de continuar trabajando por la construcción de un gobierno honesto y comprometido con los más necesitados. Gilberto Echeverry, el consejero de paz ejecutado, escribió, una y otra vez durante los 379 días que vivió como rehén, que él y su amigo el gobernador intentaban que Colombia entera entendiera que el modelo económico y social tiene que cambiar. Y murieron también ocho militares, la mayoría de bajo rango, humildes, a los que las FARC mantuvo en cautiverio, en promedio por tres años, con el absurdo argumento de que eran “servidores de la oligarquía”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.