Francia implementó ayer el impuesto a las transacciones financieras, un gravamen del 0,2 por ciento que se pagará en los negocios con acciones de empresas que tengan su sede en ese país. Hasta el momento no había sido posible la aplicación de un impuesto de este tipo a nivel europeo debido al rechazo de países como el Reino Unido.

El gobierno francés busca que el impuesto se aplique también en el resto de Europa –donde al menos nueve países que defienden su implementación quieren ser precursores en la aplicación del impuesto en el marco de una cooperación reforzada– y tiene la intención de destinar el dinero recaudado a proyectos de desarrollo o de carácter social, en lugar de financiar el déficit, como se había previsto inicialmente. El impuesto, conocido como tasa Tobin, que se aplica sobre ciertas operaciones de compraventa de títulos de grandes capitalizaciones bursátiles, afectará a los títulos de 109 sociedades galas, como Air France, Michelin y L’Oréal, entre otras. Con él se espera que el Estado francés recaude hasta 400 millones de euros en la segunda mitad de este año. En un ejercicio completo, se prevé que esa tasa puede aportar a las arcas públicas unos 1600 millones de euros, según los cálculos del gobierno.

Sin embargo, el nuevo impuesto no afecta a todas las operaciones sobre las grandes empresas que cotizan en la Bolsa parisiense. En este sentido, no se grava la emisión de títulos de capital a cargo de una cámara de compensación ni las adquisiciones de acciones entre empresas de un mismo grupo para no perjudicar la competitividad de la plaza financiera francesa. Por el mismo motivo estarán excluidas también las compañías con sede fuera de Francia que quieran estar presentes en la Bolsa de París y las francesas que coticen en el extranjero, así como las emisiones de deuda soberana y las de obligaciones de empresa, con el fin de no perjudicar la financiación de la economía en un momento de fragilidad como el actual. Además, quedaron exentos los seguros de impago de deuda (Crédit Default Swaps, CDS) que no contienen ninguna obligación subyacente y las transacciones de muy alta frecuencia.

Todas esas excepciones han mermado el entusiasmo de quienes celebran la aplicación de la tasa Tobin francesa –aprobada por la mayoría conservadora del entonces presidente, Nicolas Sarkozy, y doblada después por su sucesor, el socialista François Hollande, pasando del 0,1 al 0,2 por ciento–, como la organización humanitaria Oxfam-Francia. “Simple gota del agua en el presupuesto del Estado, la impronta simbólica de esta medida es muy importante en esta época de problemas presupuestarios”, escribió ayer el presidente de Oxfam-Francia, Nicolas Hulot, en el periódico Le Monde. El referente de la organización también lamentó que la iniciativa no afecte a ninguna de las actividades más especulativas. Por su parte, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, abogó por que se introduzca en todos los países europeos para no mermar la competitividad de ningún socio comunitario. “Debería ser introducida en todos los países de la Unión Europea (UE), porque de lo contrario habrá un desplazamiento de sectores empresariales hacia otros países que no la implantan o incluso peor, hacia el sistema de la banca en la sombra”, señalaba en abril Draghi, durante una comparecencia ante el Parlamento Europeo (PE).

La medida implementada dista de la idea original que enunció el Premio Nobel de Economía James Tobin, en 1972, reconocida también con el nombre de “Tasa Robin Hood” y cuya concepción inicial proponía tasar las transacciones de divisas del 0,2 al 0,5 por ciento para hacer menos volátiles las tasas de cambio.