Cualquiera que haya llegado ayer a Lisboa y visto los diarios en los kioscos podría sentirse transportado a la Argentina de 1990 o sentir que no salió de Roma, donde las noticias son parecidas, pero están escritas en otro idioma. Portugal puso en vigencia un nuevo Código del Trabajo que consagra el sacrosanto principio de la flexibilización y entierra conquistas del movimiento obrero con la fervorosa convicción de que haciéndolo ahuyenta los malos espíritus de la crisis económica. Y eso, a pesar de la oposición determinada de las organizaciones sindicales, hecho que tiene en común con medidas recientes del gobierno italiano. Es difícil comprender las acciones del gobierno conservador del primer ministro Pedro Passos Coelho (foto) sin atribuirlas a una convicción religiosa. Es decir, ¿cómo es posible establecer una relación de causa y efecto entre la crisis de la economía portuguesa, que se origina en la insostenibilidad de los niveles de endeudamiento del Estado, y el nivel de protección de los derechos de los trabajadores? ¿Dónde está la evidencia de que medidas de este tipo hayan sido la salida para una crisis de estas características en algún otro lugar del orbe?

Sería sencillo limitarse a adjetivar las medidas por los efectos imposibles que se esperan de ellas, pero eso sería omitir todo lo que las mismas implican en tanto renuncia a la imaginación política y al debate democrático de la ciudadanía. Porque la receta administrada al pueblo portugués ha sido definida por la troika conformada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, es decir, por una tecnoburocracia que se concibe a sí misma como portadora de un conocimiento científico de la realidad económica que se sustrae al juicio de la ciudadanía. Sus dictados se adoptan sin mayor reflexión y bajo la legitimación de un discurso político de la emergencia bajo gobiernos del signo que sean, como lo vemos justamente en el caso de Portugal.

La nueva norma fue puesta en vigencia dos semanas después de que la mencionada troika diera el visto bueno al desbloqueo de cuatro mil millones de euros de préstamo para evitarle a Portugal tener que financiarse en los mercados pagando tasas tan exorbitantes como el riesgo país que le asignan las calificadoras privadas. Es el quinto tramo de un paquete de 78.000 millones de euros que acordara en mayo de 2011 el entonces gobierno socialista de José Sócrates. El pesimismo que sucedió a la adopción de ese acuerdo incidió en partes iguales con el dolor concreto que ya causaba la crisis en aquel momento para hacerle perder las elecciones al Partido Socialista. En tanto la elección consagró formalmente la alternancia y dio paso a una administración conservadora, la política económica no sufrió ningún cambio, sino que siguió siendo la definida por la troika. Allí se cifra todo el sinsentido de la situación que viven los países del arco mediterráneo europeo, condenados por Bruselas y Francfort, bajo la atenta mirada de Berlín, a tomar la misma medicina, independientemente del gobierno que elijan.

El secretario general de la Confederación General de los Trabajadores Portugueses, Arménio Carlos, anunció medidas de lucha para evitar que políticas equivocadas terminen incrementando aún más la tasa de desempleo, que ha alcanzado, con el 15,4 por ciento, su máximo histórico y definió el nuevo Código de Trabajo como “criminal”. El asesinato tal vez no sea sólo el de los fundamentales derechos de quienes tienen un trabajo, sino el de la democracia en tanto sistema que permite deliberar libremente y darse políticas distintas según lo decida la mayoría. Girando alrededor del punto fijo de una verdad tecnocrática no probada en este mundo, el gobierno portugués prepara las condiciones para que los verdaderos autores de la crisis hagan de la sociedad una tabula rasa sobre la cual edificar futuros esquemas de enriquecimiento de una minoría, seguramente bajo la forma de alguna nueva burbuja.

* Coordinador de Programa de Política Internacional, Laboratorio de Políticas Públicas (http://www.lpp-buenosaires.net)