Para la oposición y los medios hegemónicos de comunicación (que en Brasil son dos nombres para la misma cosa), se trata del juicio del siglo. Para el PT y muy especialmente para algunas de sus estrellas más luminosas, se trata de una especie de pesadilla. Para el Supremo Tribunal Federal, la Corte máxima brasileña, se trata de un desafío desbordado: son 50 mil páginas con los autos del juicio, que no tiene plazo para terminar, y seguramente se extenderá por lo menos hasta mediados de septiembre.

Los 38 acusados responderán a siete denuncias por evasión de divisas, lavado de dinero, corrupción activa, corrupción pasiva, gestión fraudulenta, peculado y formación de bando criminal. Entre los acusados está José Dirceu, figura clave del primer gobierno de Lula da Silva (fue jefe de Gabinete de ministros entre 2003 y 2005), además de un surtido puñado de ex dirigentes del PT y de partidos aliados.

Ha sido el mayor escándalo de la era Lula da Silva, y casi le costó el gobierno. En la época se habló de la posibilidad de un proceso de impeachment. Lo salvó la desbordada popularidad que hizo que, con escándalo y todo, aplastase a la oposición y fuera reelegido presidente en 2006. La acusación, llevada al Supremo por la Procuraduría General de la República en 2006, dice que un esquema armado bajo órdenes de José Dirceu e implantado por el entonces tesorero del PT, Delubio Soares, desvió fondos públicos para comprar los votos de parlamentarios y aprobar proyectos del Poder Ejecutivo en el Congreso. En total, dice la PGR, fueron desviados 141 millones de reales (unos 282 millones de pesos argentinos al cambio actual), de los cuales se pudieron detectar los destinatarios de 32 millones. El resto se esfumó en el aire.

En la época ha sido como un huracán barriendo al gobierno de Lula. Ministros poderosos cayeron uno tras otro, empezando por Dirceu, e importantes figuras del Congreso fueron juzgadas por sus pares. El estigma de “mayor acto de corrupción de la historia” quedó pegado a los acusados, aunque la corrupción existiese desde siempre y continúe en el cotidiano del país. La imagen de parlamentarios recibiendo “mesadas” –de ahí el nombre “mensalao”– de 30 mil reales para votar a favor del gobierno jamás fue confirmada por los hechos, pero terminó por imponerse.

Ahora el Supremo Tribunal Federal tendrá que decidir, en uno de los casos más complejos jamás elevados a esa Corte, lo que hay de cierto en la acusación. La Procuraduría General de la República asegura haber podido comprobar desvíos de recursos del Banco do Brasil (entre otras estatales e instituciones federales) para la compra de votos. Clasifica a José Dirceu como “el jefe de la pandilla” y acusa al empresario Marcos Valerio de Souza de desviar recursos públicos.

La defensa de los acusados centrará el fuego en derrumbar pieza por pieza la acusación. Marcos Valerio admitió haber pasado 56 millones de reales a partidos y a parlamentarios, cumpliendo órdenes de Delubio Soares. Sobre el origen de ese dineral, muestra comprobantes de préstamos obtenidos junto a dos bancos privados. El ex tesorero del PT, por su parte, admite la distribución de lo que eufemísticamente clasificó, en su momento, de “recursos financieros no contabilizados”. Dice Delubio Soares que los préstamos levantados por Marcos Valerio sirvieron para cubrir gastos y deudas de la campaña electoral de 2002, tanto del PT como de partidos que formaban la alianza de base del gobierno de Lula. Se trata de rutina en las elecciones brasileñas tener doble contabilidad, una llevada a la Justicia Electoral, y otra, real. Delubio asegura que jamás hubo compra de votos en el Congreso, entre otras razones porque los acusados de recibir recursos integraban la alianza y obedecían a sus respectivos partidos.

José Dirceu dirá, en su defensa, que por ocasión de la distribución de dinero no tenía ningún puesto de mando en el PT y que jamás participó de esquemas financieros para cubrir deudas de aliados. Sus abogados aseguran que la acusación es, más que floja, una obra de ficción mal redactada.

De hoy al final del juicio las atenciones de todos estarán centradas en el pleno del Supremo Tribunal Federal, en Brasilia. Alrededor de 500 periodistas de 65 medios se acreditaron para cubrir el gran espectáculo. El denunciante de todo, el ex diputado Roberto Jefferson, del derechista aliado de Lula PTB, jamás en su vida política gozó de una migaja de la credibilidad que mereció de la Procuraduría General de la República.

Para el PT y sus aliados, la ocasión es la menos propicia posible: dentro de dos semanas comienza la propaganda política en televisión, con vistas a las elecciones municipales de octubre, y seguramente el tema del “mensalao” y de su juicio será recurrente en los programas de los adversarios.

A los once integrantes del Supremo Tribunal Federal les toca un desafío más: comprobar a la opinión pública que son capaces de un juicio estrictamente técnico, inmune a las presiones de la prensa y de los sectores más conservadores de la sociedad (que, a propósito, jamás se interesaron tanto por la corrupción cuando eran sus pares que gobernaban). Y que no permitirán que el Juicio del Siglo se transforme en un gran circo.